Diario de Castilla y León

Familia recela de las tarjetas monedero porque solo llegarán a 1.000 familias

Asegura que excluirán a las 47.000 personas que atienden los bancos de alimentos / La Junta destina 2,5 millones de euros para acciones formativas de 2.200 perceptores de la renta garantizada

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visita a los participantes de los itinerarios de inserción sociolaboral para personas en riesgo o exclusión social. ICAL

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visita a los participantes de los itinerarios de inserción sociolaboral para personas en riesgo o exclusión social. ICAL

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Valladolid

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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, recela de las tarjetas monedero, aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para que las familias vulnerables puedan canjearlas en determinados supermercados por alimentos u otros productos de primera necesidad y así deslegitimar las llamadas 'colas del hambre',  y calculó hoy en Valladolid que solo llegarán a unas mil familias con menores en Castilla y León frente a las 47.000 personas que atienden los bancos de alimentos de la Comunidad. Por otro lado, vio otro “inconveniente” al preguntar por los beneficiarios del mundo rural que no tienen acceso a supermercados ni grandes superficies para hacer uso de esas tarjetas.

Con motivo de su visita a los participantes de los itinerarios de inserción sociolaboral para personas en riesgo o exclusión social en la Fundación Red Íncola, Blanco recordó que el programa del Gobierno de España, financiado con el Fondo Social Europeo (FSE), tiene una población diana “muy concreta” como son los hogares con niños a cargo y que cobren menos del 40% de la renta media. De ahí, su temor a que el programa deje fuera a otras personas mayores que viven solas o donde no hay menores, informa Ical.

“Nos parece bien todo lo que sea luchar contra la exclusión social y ayudar a las familias pero parece que con ese nuevo mecanismo los bancos de alimentos dejarán de recibir las dos entregas anuales del Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos (FEAD)”, expuso. 

En este sentido, la consejera aseguró que, si fuera necesario, la Junta reforzará los fondos destinados a las ayudas de emergencias o incrementará las subvenciones a las entidades como Cruz Roja, Cáritas y bancos de alimentos que atienden a las personas en riesgo de exclusión social y con escasos recursos para, por ejemplo, repartir alimentos. 

Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha destinado 2,5 millones de euros, gracias a la cofinanciación de la Unión Europea, en la última convocatoria para financiar las 139 acciones formativas de los itinerarios integrados y personalizados de inserción laboral, que beneficiarán a 2.224 perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía . De esta manera, se busca que el colectivo de personas en riesgo de exclusión o con escasos recursos mejore sus condiciones de vida a través de la consecución de un empleo.

Desde 2018, la Junta convoca estas subvenciones para entidades del Tercer Sector que promuevan estas acciones por un importe total de 10,7 millones de euros , a través de las cuales se han impulsado 605 cursos para 8.470 personas. Entre ese dinero, están los 72.000 euros destinados a la Fundación Red Íncola, que presta dos itinerarios de empleo como la formación en el ámbito de la atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia y otro sobre operaciones de grabación y tratamiento de datos.

Hoy, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visitó esta entidad en Valladolid y conocer los resultados de los itinerarios que impartió el año pasado. No en vano, la mitad de los 73 asistentes a los cursos de Red Íncola en 2023 encontró un empleo y, hoy en día, continúan trabajando. Un porcentaje que asciende al 55% cuando se trata de la formación en atención sociosanitaria . En total, las instalaciones de la organización desarrollan ahora cuatro acciones de orientación laboral de las 139 aprobadas en la última convocatoria.

La consejera recordó que la renta garantizada de ciudadanía es una pieza esencial del sistema de protección autonómico, que busca la reintegración social. Se trata de la renta mínima otorgada por la Comunidad para aquellas personas sin empleo que cumplan una serie de requisitos, como el hecho de que los menores a su cargo cursen la enseñanza obligatoria, que estén inscritas como demandantes de empleo o que participen en las acciones formativas que se programen y no rechacen ofertas de trabajo . El pasado año fueron 3.700 los beneficiarios . “Los Servicios Sociales son la puerta de entrada pero también la puerta de salida para lograr la normalización”, aseveró. 

En este sentido, Isabel Blanco contrapuso lo que ocurre con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Estado, cuya concesión no está ligada a los requisitos de formarse, buscar empleo o luchar contra el absentismo escolar. Un IMV que, en la actualidad, solo perciben 7.000 castellanos y leoneses frente a los 21.000 solicitantes. Por lo tanto, precisó que esta ayuda del Ministerio solo la cobra un tercio de las personas que lo ha demandado . Además, reiteró la demanda del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que el Gobierno de España transfiera la competencia del Ingreso Mínimo Vital a Castilla y León para su gestión, al igual que ocurre en el País Vasco y Navarra. 

Los itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral que visitó la consejera se articulan en grupos de entre 12 y 16 personas, aunque también hay actividades individuales y se desarrollan durante, al menos, cinco meses. Un total de 200 horas en las que los usuarios reciben información, orientación laboral y asesoramiento mediante diagnósticos personalizados y planes para cada uno de los asistentes. Se les forma en competencias digitales, en el sector económico específico del curso y en formación complementaria ?sensibilización medioambiental e igualdad de oportunidades?; y, por último, se realiza el acompañamiento y seguimiento a la inserción, con acciones de entrenamiento y apoyo a la intermediación. Finalmente, se les otorga un certificado de profesionalidad y, en casos como el de Red Íncola, incluye un módulo de prácticas no laborales en empresas del sector con las que la entidad tiene convenio.

Red Íncola

La coordinadora de la Fundación Red Íncola, María Eugenia González, subrayó que el “punto fuerte” de su entidad es que presta una atención integral a las personas , ya que los que acuden a realizar los itinerarios encontrarán apoyo a las necesidades básicas, psicológico, jurídico, espacios donde tejer redes sociales y conocer gente. También, apoyo escolar a sus hijos y ocio joven.

González también declaró que no solo atienden a los beneficiarios de los itinerarios personalizados de empleo sino también en la formación de otros migrantes que están en proceso de regularización y en trámites para conseguir un permiso de residencia. Es el programa ‘Reanudar’ por que la entidad considera que ese colectivo tiene que “volver a formarse”, que pasa por cursos de español, manipulación de alimentos y atención al cliente, que les ayuden a encontrar un empleo.

Por último, valoró que Red Íncola se ha convertido tras 18 años de vida en una entidad de referencia para las personas migrantes, hasta el punto que el año pasado atendió a 4.000 personas en Valladolid, que supone casi un millar más que en 2022. “No llegamos a todos pero a los que llegamos, tratamos de darles una atención de calidad y con calidez humana”, añadió.

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