Treinta procuradores de las Cortes ocultan sus bienes tras casi dos años de legislatura

La transparencia en las Cortes de Castilla y León ha pasado de ser una asignatura pendiente a quedar suspensa y abocada a una segunda convocatoria. Cada vez son más las cuestiones en las que el Parlamento autonómico adolece de una evidente falta de información hacia el ciudadano, y la última tiene que ver con las declaraciones de bienes de los procuradores, algunos de los cuales han optado por no compartir los datos de qué actividades retribuidas realizan, cuántas viviendas y vehículos poseen y en qué régimen o si disponen de algún otro activo cuando ya casi han pasado dos años desde que tomaran posesión de su cargo. A día de hoy son treinta los que se encuentran en esta situación , después de que no hayan autorizado a que estos datos estén disponibles en la web del Parlamento autonómico.

Las cuentas aquí son sencillas. Las Cortes de Castilla y León tienen en la presente legislatura 81 procuradores, de los que solo 51 publican sus bienes en la web. Según explican fuentes del parlamento, todos ellos están obligados a presentar la declaración de bienes , y así se recoge en el artículo 15 del reglamento de la cámara. Sin embargo, para que esa información aparezca con transparencia en internet, deben aportar también una autorización . En el caso de no cumplimentar este último documento, la información solo queda en manos de las Cortes, y en el caso de que algún ciudadano solicite acceder a ella, lo que se le facilitarán serán sus actividades, nunca los bienes patrimoniales.

El artículo 15 del reglamento de las Cortes de Castilla y León recoge que «los procuradores estarán obligados a efectuar declaración notarial de sus bienes patrimoniales y de aquellas actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos» .

En el punto segundo de este mismo apartado también se establece que «la mencionada declaración deberá formularse en el plazo de los dos meses siguientes a la fecha en que cada uno haya asumido plenamente la condición de procurador». 

No obstante, es el punto tres el que ampara a aquellos parlamentarios cuya información no aparece en la página web. «Formulada la declaración, copia autorizada de la misma será presentada en el plazo de 15 días en el Registro General de las Cortes de Castilla y León, para su inscripción en el Registro de Intereses de los Procuradores, que se constituye en la cámara bajo la dependencia directa del presidente y custodia del secretario general, y cuyo contenido tendrá carácter público, a excepción de lo que se refiere a bienes patrimoniales» .

Queda claro, por tanto, que presentar la declaración de bienes es una obligación irrenunciable de las 81 personas que representan a todos los ciudadanos de la Comunidad. Por el contrario, no lo es ponerlo a disposición del ciudadano en la página web y, en el caso de que se solicite esa información, seguirán teniendo carácter privado bienes como viviendas o vehículos.

A la vista de este contexto, no es posible atribuir a ninguno de los procuradores un incumplimiento del reglamento, pero sí se puede cuestionar su compromiso con la transparencia frente a aquellos que permiten que su información sea accesible para el ciudadano.

Por otra parte, esta falta de transparencia parece haberse extendido a todos los grupos parlamentarios a excepción del socialista , ya que este es el único que ofrece las declaraciones de bienes completas de sus 28 procuradores sin excepción.

En el lado opuesto, el Grupo Parlamentario Popular es el que acumula más parlamentarios ‘en blanco’ , sin que aparezca nada de información en la web de las Cortes, ya que 19 de sus 31 integrantes se encuentran en esta situación. De hecho, este grupo es el único en el que su portavoz, Raúl de la Hoz, ‘falla’ en esta cuestión, puesto que en otros estas figuras llegan a ser las únicas que ofrecen la información.

Dentro de esta formación, la lista de nombres de procuradores que no publican sus bienes es extensa , y al contrario de lo que ocurre con las indemnizaciones tras una decisión unánime de la Mesa de las Cortes, aquí se recogen completos y no solo mediante las iniciales. Así, aquellos de filas populares que no abogan por una transparencia total son, además de De la Hoz, David Beltrán, Francisco Javier Carpio, José Alberto Castro, Beatriz Coelho, Mercedes Cófreces, Rosa Esteban, Lorena de la Fuente, Miguel Ángel García, Ricardo Gavilanes, Pedro Antonio Heras, María Ángeles Prieto, Inmaculada Ranedo, Óscar Reguera, Elena Rincón, Noemí Rojo, María del Carmen Sánchez, Paloma Vallejo y Francisco Vázquez.

Por parte del Grupo Parlamentario VOX, las declaraciones de bienes imposibles de consultar en la página web de las Cortes son las de María Luisa Calvo, Francisco Javier Carrera, Ana Rosa Hernando, José Antonio Palomo, Fátima Pinacho, Ignacio Sicilia, Susana Suárez y Bernardo Teira. 

Conviene destacar, además, que el documento de Juan García-Gallardo tampoco aparece, pero sí lo hace en el portal de altos cargos de la Junta de Castilla y León como vicepresidente, al igual que ocurre con el consejero de Sanidad, el ‘popular’ Alejandro Vázquez. Por ello, ninguno de los dos ha sido incluido en la lista, a pesar de que otras personas que compaginan el cargo de consejeros con el de procuradores aportan la información en las dos plataformas. No obstante, más allá de si es la actuación más adecuada, García-Gallardo y Vázquez sí ofrecen la información y por lo tanto se puede considerar que cumplen con la transparencia.

En lo que respecta al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya, se da también una circunstancia curiosa. Mientras que los tres parlamentarios leonesistas hacen pública su declaración de bienes, entre las filas de los sorianos solo lo hace su portavoz, Ángel Ceña, y quedando esta cuestión pendiente para Leila Vanessa García y Juan Antonio Palomar.

Finalmente, el Grupo Mixto tampoco logra un cien por cien de cumplimiento . Mientras que los procuradores Pedro Pascual y Francisco Igea ofrecen el acceso a esta información es Pablo Fernández el que ‘pincha’ en esta cuestión.

Así las cosas, resulta evidente que las Cortes de Castilla y León, el epicentro del debate político de la Comunidad, sigue teniendo mucho camino que recorrer en lo que a transparencia se refiere . No es la primera vez que el Legislativo autonómico falla en esta cuestión o lleva a cabo alguna actuación que pone en entredicho que el ciudadano pueda acceder libremente a la información, pero quizá cobra más peso cuando se trata de una publicidad que se realiza bajo autorización expresa de los procuradores, algunos de los cuáles no parecen interesados en facilitar el acceso a los datos.

Por otro lado, este mismo reglamento recoge en el artículo 15 que «anualmente, y antes del 30 de septiembre de cada ejercicio, los procuradores presentarán asimismo en el Registro de Intereses copias de sus últimas declaraciones tributarias relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Patrimonio». En este caso, no obstante, no se hace ninguna mención a que esta información sea de carácter público, lo que hace pensar en que se trata de un trámite para uso interno de las propias Cortes.

La publicación de los bienes de aquellas personas que ostentan un alto cargo en alguna institución pública no es un mero capricho, sino más bien una herramienta para que la ciudadanía pueda conocer al detalle la situación económica de aquellos que perciben un sueldo que sale del bolsillo de todos. Es una práctica que se lleva a cabo en instituciones de todo tipo , desde el Congreso de los Diputados hasta los ayuntamientos, especialmente si este último corresponde a una capital de provincia o a una ciudad grande. 

Y si bien es cierto que son datos que de una u otra forma se pueden maquillar u ornamentar, no lo es menos que cuando un cargo público, especialmente si es un político, adopta un actitud proactiva en lo que a transparencia se refiere transmite una mayor confianza a los ciudadanos.

Sin ir más lejos, y con otra polémica reciente que ha tenido lugar en las Cortes después de que se hayan camuflado con las iniciales los procuradores que reciben indemnizaciones por acudir a plenos y comisiones y por kilometraje , algunos grupos parlamentarios ya señalaron que cuando se lleva a cabo una actitud de ocultación suele ser por algún motivo poco loable, lo cual genera dudas que se desvelarían con una actitud tan simple como el autorizar a la publicación de la información.