"Las medidas de la Junta no se ajustan a una serie de disposiciones de la UE relativas a la tuberculosis bovina"

“El objetivo es que la PAC sea más justa y aporte un mayor valor añadido a los ciudadanos de la UE”. Lo asegura el portavoz de agricultura de la Comisión Europea, el sueco Olof Gill, que recibe a Ical en los días previos a la Navidad. Recuerda, no obstante, que dentro de la obligación más amplia, los Estados miembros tienen la “facultad discrecional de decidir cómo debe asignarse la ayuda a la renta a los distintos sectores y sistemas agronómicos”. Aprovecha la oportunidad para sostener que las medidas que adoptó la Junta de Castilla y León “no se ajustan a una serie de disposiciones de la UE relativas a la tuberculosis bovina” y cierra con el lobo y su afección sobre la ganadería, con el fin de introducir, “cuando sea necesario, una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie”.

P: En esta PAC, el 40% de los fondos estarán vinculados a la lucha contra el cambio climático y objetivos medioambientales, ¿coincide con esta percepción?

R : El reto actual para la Unión Europea, así como para nuestro planeta, es garantizar que la agricultura de la UE se convierta en un modelo de sostenibilidad, no solo desde el punto de vista medioambiental y climático, sino también desde una perspectiva social y económica. En este sentido, mediante los pagos directos, la PAC garantiza que los agricultores puedan contar con unos ingresos más estables, capeando el impacto de la fluctuación de los precios y la demanda, y salvaguardando así la seguridad alimentaria de la UE. Del mismo modo, al destinar los fondos de la PAC a planes ecológicos, el dinero de los contribuyentes ayuda a los agricultores en la transición hacia prácticas que reduzcan el impacto medioambiental y climático de las actividades agrarias. En última instancia, esto beneficia no sólo a los agricultores, sino a la sociedad en su conjunto. Cada año vemos cómo aumentan las repercusiones de los fenómenos climáticos en los agricultores y las comunidades rurales, como las terribles inundaciones e incendios forestales de este año. El cambio climático repercute así en la productividad del sector agrícola, por lo que tiene todo el sentido del mundo que uno de los objetivos de la PAC sea apoyar la sostenibilidad a largo plazo y la resiliencia de los agricultores. Nadie debe quedarse atrás, y conviene que los agricultores y las comunidades rurales vean recompensados sus esfuerzos.

P: Entre las mayores críticas del sector están el barbecho obligatorio del 4% y la rotación de cultivos, en un contexto de crisis alimentaria con la guerra de Ucrania, ¿existe la posibilidad de prorrogar su derogación?

R: Se ha cuestionado especialmente para 2024, pero no debemos olvidar que se introdujo a partir de 2023 como herramienta clave para mejorar la forma en que la PAC aborda la cuestión del declive de la biodiversidad, más concretamente garantizando la presencia en las zonas no productivas de las tierras de cultivo. La necesidad de actuar en este ámbito no ha cambiado. Al contrario, acaba de ser confirmada por el Parlamento Europeo y el Consejo al alcanzar un compromiso para la ley de restauración de la naturaleza, que destaca la importancia de crear y mantener elementos paisajísticos de gran diversidad.

P: Las cubiertas vegetales en cultivos leñosos también son criticadas, en una zona con menos de 400 milímetros de precipitaciones, y se exige la aplicación más ajustada de exigencias, conforme a cada territorio. ¿Está de acuerdo con el café para todos?

R : Garantizar una cubierta mínima del suelo, incluso en las zonas de cultivos permanentes, contribuye a proteger el suelo en los periodos más sensibles, por ejemplo limitando la erosión, aumentando el contenido de materia orgánica del suelo y reduciendo la lixiviación de nutrientes. En este sentido, existe un marco común en el cual se tiene que cumplir con estas obligaciones, ya que es importante para mantener la igualdad de condiciones en toda la UE, pero también hay flexibilidad para los Estados miembros, precisamente con el fin de garantizar que, cuando proceda, puedan tenerse en cuenta las características específicas de las distintas zonas. La última reforma de la PAC marcó un claro giro hacia la concesión a los Estados miembros de más flexibilidad para definir la aplicación de la PAC de forma que aumentara el rendimiento, abordando las especificidades nacionales o regionales de una manera mejor y más específica. En otras palabras, aunque debe haber objetivos comunes para la PAC, hemos ajustado la política para que funcione mejor, dando a los Estados miembros la flexibilidad adecuada para diseñar sus estrategias de intervención de acuerdo con las especificidades nacionales, cuando proceda. En lo que respecta a las cubiertas vegetales en los cultivos leñosos, España prevé una combinación pertinente de requisito mínimo dentro de la normativa europea y un apoyo complementario a través de los regímenes ecológicos (que van más allá de los requisitos básicos). Además, las comunidades autónomas pueden permitir a los agricultores eliminar la cubierta vegetal cuando compita por el agua con los árboles, precisamente para hacer frente a la situación de escasez de agua en España. Y las prácticas tradicionales de cobertura del suelo en determinadas zonas de viñedos también se tienen en cuenta en la definición de los requisitos.

P: En ese sentido, el reto de la convergencia de ayudas en las regiones agronómicas y la vinculación de las ayudas a la superficie puede perjudicar sobre todo a las pequeñas explotaciones ganaderas. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿A los estados parece importarles poco dónde vayan las ayudas mientras mantengan el sobre íntegro que venían percibiendo y lo único que han hecho en España es moderar su aplicación en el tiempo?

R : En efecto, los Estados miembros tienen la obligación legal de aplicar la convergencia interna para seguir alejándose progresivamente de los valores históricos, de conformidad con el artículo 24, apartado 4, del Reglamento 2021/2115. El objetivo es que la PAC sea más justa y aporte un mayor valor añadido a los ciudadanos de la UE. No obstante, dentro de esta obligación más amplia, los Estados miembros tienen la facultad discrecional de decidir cómo debe asignarse la ayuda a la renta a los distintos sectores y sistemas agronómicos. Por ejemplo, los Estados miembros pueden decidir aplicar la ayuda básica a la renta por grupos de territorios agronómicos que tengan en cuenta las especificidades de determinados sistemas. Este es el caso de España, que diferencia los pastizales, los cultivos permanentes y las tierras de labor, así como el tamaño de las explotaciones, para definir los grupos de territorios. Como resultado de tales decisiones, la convergencia interna pretende garantizar el mismo nivel de ayuda por hectárea entre las explotaciones pertenecientes al mismo grupo agronómico. Los sectores vulnerables específicos, como determinadas explotaciones ganaderas con poca o ninguna tierra, pueden recibir ayudas acopladas, un pago asociado a los niveles de producción (como el número de animales), que puede orientarse a las necesidades locales. En España, los pequeños ganaderos se benefician de este régimen.

P: La prohibición de utilizar purines entre abril y junio y el objetivo de reducción de fitosanitarios químicos, ¿también parece una media contradictoria?

R: La prohibición de las aplicaciones de purines entre abril y junio favorece la reducción de la volatilización del amoníaco, favoreciendo así la nutrición eficaz del suelo con nitrógeno y contribuyendo al mismo tiempo a la reducción de las emisiones de efecto invernadero. Por lo tanto, se limita aún más la concentración de nitrógeno en el suelo mediante el uso de fertilizantes químicos inorgánicos, lo que supone un ahorro de fertilizantes y otros beneficios medioambientales derivados de dicho ahorro, lo que se traduce en una reducción de costes para el agricultor.

P: La definición de agricultor a título principal es otra exigencia del sector. En España es aquel con 25% de renta o inscrito en régimen agrario o menos de 5.000 euros en ayudas. ¿Sigue siendo un reto que las ayudas vayan a los auténticos profesionales del sector?¿Es posible su armonización en toda la UE?

R : La definición de agricultor activo en el plan español se basa en varios criterios, como estar la Seguridad Social Agraria o superar la prueba de la renta, es decir, que al menos el 25 por ciento de los ingresos procedan de actividades agrarias. Además, España define al agricultor activo como el ‘titular’ de la explotación agraria, de la que asume el riesgo de gestión. En otras palabras, se trata de un profesional real del sector, en el sentido de que el agricultor es un ‘empresario’ y no un simple ‘trabajador’. La PAC actual establece a escala de la UE la definición marco de ‘agricultor activo’ que presenta los elementos esenciales (dedicarse al menos a una actividad agraria mínima). Sin embargo, debido a la heterogeneidad de las estructuras agrarias en la UE, corresponde a cada Estado miembro decidir, basándose en condiciones objetivas, qué agricultores se consideran agricultores activos. Por lo tanto, en este momento no se considera necesaria una mayor armonización.

P: ¿Son necesarios mecanismos de control de mercados ante la volatilidad de los precios?

R : La PAC actual se basa en gran medida en la orientación al mercado. Este enfoque, que ha reportado muchos beneficios a la agricultura europea en los últimos años, sigue siendo el más eficaz para garantizar la resistencia y competitividad de nuestras explotaciones a medio y largo plazo. En consecuencia, los antiguos mecanismos de control del mercado, como las cuotas de producción de leche y azúcar, se han ido eliminando progresivamente y hoy en día son muy pocos los mecanismos de control del mercado que siguen aplicándose. Esto no significa que la PAC carezca de herramientas para mitigar los efectos de una volatilidad excesiva. Abonamos pagos directos para estabilizar los ingresos, pagamos inversiones para diversificar y aumentar la resiliencia (por ejemplo, construyendo instalaciones para almacenar o procesar productos) y también ofrecemos herramientas de gestión de riesgos como seguros o fondos mutuos para que los agricultores compartan riesgos. Cabe destacar que, en este último punto, España aplica un plan nacional de gestión de riesgos.

P : En Castilla y León se ha debatido sobre la flexibilización de los controles de la tuberculosis bovina, ¿es una línea roja?¿se pueden suspender ayudas o plantear la devolución de las mismas?

R : La tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana crónica de los animales, que puede transmitirse a los seres humanos. Por lo tanto, la vigilancia estricta y las medidas para prevenir la propagación de la enfermedad son de gran importancia. La Comisión, en estrecha coordinación con los Estados miembros, está haciendo todo lo posible para erradicar esta enfermedad. Las medidas adoptadas por Castilla y León no se ajustan a una serie de disposiciones de la UE relativas a la tuberculosis bovina. La Comisión está en contacto a diversos niveles con las autoridades españolas para garantizar que se toman las medidas adecuadas con el fin de proteger la salud pública y la sanidad animal en la UE.

P: Los ataques del lobo al ganado cada vez son más frecuentes. ¿Considera que hay que reconsiderar el estatus de protección del cánido en todo el territorio de Castilla y León y volver a su protección exclusiva al norte del Duero, y a su control cinegético, como exige el sector?

R : La Comisión inició el 4 de septiembre una nueva fase de sus trabajos para abordar los retos relacionados con el regreso de los lobos. Invitó a las comunidades locales, los científicos y todas las partes interesadas a presentar datos actualizados antes del 22 de septiembre de 2023 sobre la población de lobos y sus repercusiones. Sobre la base de los datos recogidos, la Comisión decidirá una propuesta para modificar, en su caso, el estatuto de protección del lobo en la UE y actualizar el marco jurídico, para introducir, cuando sea necesario, una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie. El buzón habilitado para la recogida de datos recibió más de 17.000 mensajes. Ahora estamos estudiando las aportaciones recibidas con vistas a utilizar datos válidos para el análisis de la Comisión sobre la cuestión de los lobos en la UE. En este proceso se consultará a los Estados miembros y a las organizaciones interesadas.

[Después de esta entrevista, la Comisión Europea decidió cambiar el estatus de protección del lobo y pasó de clasificarlo de “estrictamente protegido” a “protegido”]