Cuentas se convertirá en el vigilante contra la corrupción en Castilla y León

El Consejo de Cuentas asumirá las riendas de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León , una institución en ciernes destinada a vigilar a los poderes públicos, a asesorar en materia de prevención y lucha contra el fraude, y a proteger a los ciudadanos que informen sobre irregularidades. Se trata de una nueva figura que la Junta incluye en el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para dar cumplimiento a la normativa aprobada en febrero de este año por el Gobierno central, donde pide a las autonomías que regulen la protección de quienes denuncien vulneraciones del ordenamiento jurídico.     

Con el objetivo de cumplir la legislación estatal –y según demanda también la Unión Europea– en la Comunidad se va a crear esta autoridad independiente «como canal externo de información» , teniendo en cuenta que «la corrupción está considerablemente ligada a actuaciones económicas y presupuestarias que pueden conllevar la defraudación de caudales de la Administración y de las entidades del sector público», razona la Junta en el citado anteproyecto para justificar su importancia. 

Este nuevo ente estará adscrito «orgánica y presupuestariamente» al Consejo de Cuentas que preside Mario Amilivia, al entender el Ejecutivo autonómico qu e es la institución «más adecuada» para los cometidos que quieren regular, bajo los principios de «eficacia y eficiencia» . Se trata de una fórmula, la de adscribirlo a una entidad ya existente, a la que también se recurrió cuando se creó el Comisionado de Transparencia que, en este supuesto, depende del Procurador del Común. 

En el caso de la Autoridad Independiente en materia de corrupción, se entiende que el Consejo de Cuentas debe ser quien se encargue, pues entre sus funciones ya figura la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad, así como del resto de entes públicos. Con carácter anual, el presidente del Consejo tendrá que informar a las Cortes de Castilla y León sobre la actividad realizada.

Pero, hasta que no se desarrolle y se apruebe la ley que contempla sus nuevas funciones, desde la presidencia del Consejo de Cuentas no han querido pronunciarse sobre sus futuros cometidos, puesto que la medida está todavía en fase de tramitación , pendiente de las enmiendas o modificaciones que se puedan plantear, aclararon al respecto.

A la espera de esa aprobación definitiva, lo que incluye el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas es una disposición adicional para la creación de la institución en materia de corrupción, «con plena autonomía e independencia» de los poderes públicos. «La Autoridad Independiente [...] ejercerá el cargo con objetividad en el ejercicio de sus funciones y actuará con sometimiento pleno a la ley y al derecho», recoge el texto, antes de aclarar que quien se alce como titular tendrá condición de autoridad pública y estará asimilado a alto cargo de la Administración regional con rango de director general. Es decir, su retribución (sin antigüedad o complementos, en caso de que los tuviere), será de 65.285,90 euros anuales .

La lupa de vigilancia la colocará sobre el sector autonómico y local de Castilla y León (Junta, diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades, etc.), así como sobre las Cortes, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y el propio Consejo de Cuentas. Todos ellos estarán obligados a facilitarle la información que solicite y a prestar «la colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones». 

Dentro de su ámbito de actuación, el primero de los cometidos hace referencia a que tendrá potestad sancionadora en cuanto a infracciones relacionadas con la limitación de derechos y garantías de denuncia de un caso, con la adopción de represalias a los informantes, con la vulneración de la confidencialidad y el anonimato, con la vulneración de secretos, con la comunicación de información falsa o con el incumplimiento de la obligación de no disponer de un sistema interno de información según exige la ley estatal. 

Además de estar facultado para establecer sanciones, la Autoridad en materia de corrupción también se encargará de adoptar medidas de apoyo a las personas que comuniquen o revelen el quebrantamiento de una ley y desarrollará funciones de «asesoramiento, formación y evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, en colaboración con los órganos de control existentes, así como la realización de propuestas y recomendaciones con el fin de promover, en su ámbito de actuación, los máximos niveles de integridad». 

Cualquier sanción emitida por el nuevo ente tendrá que ser recurrida por vía contencioso-administrativa. 

A la espera de perfilar el texto por el que se regirá su funcionamiento en la Comunidad y de definir los plazos para saber cuándo estará operativo, la Ley estatal 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción –sobre la que se asienta el impulso del nuevo ente en Castilla y León–, justifica que es un mecanismo necesario porque, gracias a la colaboración ciudadana sobre prácticas irregulares, se han podido investigar y condenar comportamientos corruptos . 

Sin embargo, y aunque hay algunas autonomías, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, Asturias o Andalucía que ya han abordado la protección de los denunciantes, la normativa estatal reconoce que se trata de regulaciones parciales, centradas fundamentalmente en la creación de oficinas o agencias con la función de prevenir e investigar casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos, aprovechamientos ilícitos derivados de actuaciones que comporten conflictos de intereses o uso de información privilegiada o, en general, conductas contrarias a la integridad. 

También en Castilla y León se anunció la apertura de una oficina de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno en  julio de 2021, pero no llegó a ponerse en marcha.