¿Dónde está el agua más barata en Castilla y León?

Cinco capitales de provincia de Castilla y León, Palencia, Soria, Ávila, Burgos y León, se sitúan entre las diez de España con el precio del agua más barato, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el coste de esta factura en 54 ciudades. Además, todas las capitales de la Comunidad se sitúan por debajo de la media nacional de 306 euros al año para un consumo anual de 175 metros cúbicos de agua, que equivale al de un hogar medio de tres o cuatro personas.

En concreto, Palencia es la segunda más barata de España con un coste de 166 euros por 175 metros cúbicos, solo por detrás de Guadalajara, con 164; Soria, Ávila y Burgos, ocuparían el quinto, sexto y séptimo puesto entre las más económicas, con costes de 196, 199 y 204 euros; y León, el décimo, con 220 euros. Valladolid ya aparece en el puesto doce, con 227; Zamora, en el 17, con 263 euros; y Segovia y Salamanca, en el 23 y 24, con 279 euros, en ambos casos. Las capitales más caras son Barcelona y Murcia, con 520 y 495 euros, respectivamente, informa Ical.

La OCU destaca en su análisis que son significativas las subidas de precios en varias ciudades desde 2020, un 11,6% en Salamanca; un 12,3% en Soria y un 13,5% en León para el perfil de consumo seleccionado.

Las diferencias de precio, tanto a nivel regional como nacional, también se explican por la complejidad del sistema de bloques de tarificación: entre dos y ocho bloques distintos dependiendo del consumo del hogar. Y siguiendo por su disparidad: por ejemplo, el primer bloque, el más económico, puede cubrir entre 24 y 240 metros cúbicos de agua al año según la localidad . Si además el coste fijo del agua en el municipio es muy alto, consumir más influye menos en la factura y por lo tanto se desincentiva el ahorro de agua. Los costes fijos se sitúan en Soria en 60 euros; en Salamanca y Zamora en 58; en Segovia en 50; en Ávila y Burgos en 48; en León en 57; en Palencia en 44; y en Valladolid en 36. 

En este sentido, la OCU exige al Gobierno y a las comunidades autónomas que impulsen una armonización de las tarifas municipales del agua, de modo que sean transparentes, comparables y sencillas (con tres o cuatro bloques de consumo, como máximo) que garanticen un precio accesible para un consumo básico; al tiempo que penalicen un consumo excesivo de agua. Pero también exige que se promueva una tarifa reducida y única para los hogares vulnerables, independientemente de la localidad en la que residan.