Fiscalía avala la contratación de Sanidad de médicos sin MIR en Castilla y León

La Fiscalía de Castilla y León determina el archivo de la causa contra el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por la denuncia  de la contratación de personal médico sin el MIR (Médico Interno Residente), por lo que avala dicha contratación de facultativos durante febrero-marzo de 2020 y marzo de 2022. En su escrito del 24 de octubre de 2022 un médico jubilado de Atención Primaria alertaba que en Castilla y León están «trabajando como Médicos de Familia, Médicos que aún no tienen la especialidad haciendo guardias como les corresponde a los Médicos de Familia sin serlo y pasando consulta matutina en soledad, sin ningún Médico de Familia responsable». Así como la presencia de «médicos procedentes de países extracomunitarios que no tienen la homologación del Grado, ni mucho menos la de Especialidad».

Unas actuaciones del «consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León y /o personas encargadas de esta materia» que, según recoge el fallo del Alto Tribunal, están motivadas (entre febrero-marzo de 2022 hasta finales de 2022) para « subvenir las acuciantes necesidades de medios materiales y sobre todo personales como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que asoló nuestra región y el mundo entero, lo han hecho con el único ánimo de beneficiar y proteger la salud de los habitantes de Castilla y León». 

En el inicio del fallo, la Fiscalía recoge que el denunciante «pretende que se ejercite la acción penal contra el titular de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y contra otros cargos públicos de esa Consejería y /o de las propias Gerencias Territoriales del Sacyl... por la posible comisión de sendos delitos de prevaricación del artículo 404 del  Código Penal y sus concordantes y / o de intrusismo del artículo 403 del Código Penal». 

Durante el texto, se defiende que la «crisis sanitaria ocasionada por la pandemia por Covid-19 exigió la adopción de medidas urgentes de prevención y contención». En la misma línea recuerda que «existía una gran dificultad en buscar posibles soluciones inmediatas, debido a los años que tardan en formarse los profesionales de las Ciencias de la Salud». A mayores de esta situación, «se produce una gran lentitud ministerial en los procesos administrativos de homologación de los facultativos extracomunitarios». 

El ministerio público entiende que las actuaciones llevadas por Alejandro Vázquez y su Consejería fueron para «beneficiar y proteger la salud» de los castellanos y leoneses, por ello no considera que sea constitutivo de delito alguno y decide archivar la causa. 

En relación al posible delito de intrusismo laboral, la Fiscalía apunta que en la Comunidad «hay un elevado número de personas que están ejerciendo como Médicos de Primaria en el Sacyl sin haber aprobado el examen MIR o sin ser médicos especialistas por no haberse presentado al examen o no haberlo superado, o no tener convalidadados los títulos o grados obtenidos eventualmente en otros países...». 

Dicho escrito, recuerda que «a la vista de la evolución de la pandemia ocasionada por el Covid-19 suponía un peligro inminente de colapso de la atención primaria (que debía prestar atención, además de a los problemas de salud no relacionados con el coronavirus, a la patología Covid), unido a la dificultad en la sustitución de profesionales sanitarios».

«De acuerdo con lo certificado por cada Gerencia, la contratación de facultativos con título de médico general reconocido en España para la realización de funciones de especialista resulta, por tanto, ajustada al ordenamiento jurídico, al estar justificada en razones organizativas del servicio dirigidas a posibilitar una adecuada asistencia sanitaria a la población», recoge el ministerio público en su resolución. Indica que esta contratación de médicos con título general es legal, acorde con las complicaciones sanitarias derivadas por el estallido de la pandemia.

La Fiscalía explica en su escrito que estas contrataciones de médicos sin la titulación MIR o sin homolagación «se realizaron ante la necesidad de garantizar la continuidad asistencial a la población y la ausencia de candidatos de bolsa de empleo que aceptaran dicho nombramiento» . Además el escrito también justifica las siguientes ampliaciones que se han hecho en este sentido: «En relación a las sucesivas prórrogas que se hayan realizado en su caso, estas se han hecho ras constatar que en ese momento la situación en bolsa seguía siendo la misma».

Por todo ello la Fiscalía de la Comunidad entiende que no debe deducirse que « a las personas contratadas por la gerencias territoriales del Sacyl, para prestar servicio sanitario en los centros médicos de la Comunidad Autónoma, pueda atribuírseles los elementos del tipo penal del artículo 403 del Código Penal de intrusismo» . En la misma línea, considera que las autoridades y funcionarios que intervinieron en estas contrataciones no lo hicieron de forma ilegal y afirma que las personas contratadas «para los distintos puestos de trabajo en Centros de Atención Primaria, o especialistas en Castilla y León durante el período 2020-2022 fueron amparados por preceptos legales y reglamentarios, por lo que en ningún caso se les puede imputar la comisión de delito alguno». 

La Fiscalía acuerda archivar la causa por «estimar que en los hechos denunciados no se aprecian datos suficientes para estimar la existencia de infracción penal» y apunta que contra esta resolución no cabe recurso.