Diario de Castilla y León

Los censos inflados en Castilla y León se triplican hasta los 169 a las puertas de la cita electoral

La Comunidad acapara siete de cada diez casos sospechosos en España / El alcalde de Padrones de Bureba (Burgos) achaca el aumento a la maniobra de un vecino para «cambiar la voluntad del pueblo»  

Vecinos de la localidad burgalesa de Agés comprando el pan en una furgoneta de reparto.- SANTI OTERO

Vecinos de la localidad burgalesa de Agés comprando el pan en una furgoneta de reparto.- SANTI OTERO

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Diego Santamaría / Laura G. Estrada / Verónica Reglero
Valladolid

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La Oficina del Censo Electoral 'abrillanta la lupa' cuando se acercan elecciones a fin de descubrir posibles casos de empadronamientos fraudulentos y, a las puertas de las municipales del 28 de mayo, ha detectado que en Castilla y León hay un total de 169 entidades locales menores –teniendo en cuenta municipios y pedanías– que en los últimos meses han inflado sus cifras sin la debida justificación. Registros sospechosos en localidades con menos de 2.000 residentes, que pueden influir en los resultados de los comicios. ¿Casualidad o interés político? En Padrones de la Bureba, Burgos, su alcalde, Miguel Ángel García, tiene claro que el inusual aumento de habitantes responde al intento de «cambiar la voluntad de un pueblo con fines partidistas» . Y es que los 46 electores que tenían el pasado mes de septiembre se han elevado a 63 en tiempo récord. 

Las sospechas del regidor para que en una localidad tan pequeña y en una comarca duramente castigada por la despoblación hayan llegado 17 nuevos ‘moradores’ en tan solo medio año se centran en un vecino que lleva tiempo haciéndole la «vida imposible» y al que ha denunciado por agresión y amenazas en varias ocasiones. Todo ha quedado, siempre, en un «delito leve» pese a considerar que se trata de un «atentado a la autoridad». 

El conflicto se remonta a 2017, cuando el Ayuntamiento paralizó una obra que este vecino, al que se «recibió con los brazos abiertos» pocos años antes, pretendía ejecutar «sin licencia». Eso «lo cambió todo», asegura el regidor mientras recuerda que su antecesora, María Jesús Vesga, dimitió en 2021 al sentir tal grado de acoso que le sumió en una «gran depresión». Fue entonces cuando García, que ya había asumido el bastón de mando en el anterior mandato, volvió a situarse en primera línea aun sabiendo que se enfrentaba a una «legislatura muy complicada».  

El caso es que, de un tiempo a esta parte, García está convencido de que los nuevos residentes, que «no tienen raíces» en Padrones, tratan de impedir que revalide la Alcaldía porque el vecino con el que mantiene tan arduo conflicto –tanto a pie de calle como en los tribunales– está obsesionado con «derribar un Gobierno que no le deja hacer lo que quiere». 

Entidades locales donde la oficina electoral ha detectado censos

Entidades locales donde la oficina electoral ha detectado censos "inflados"

Lo que desconoce García es si este hombre en cuestión, de origen extranjero, tiene intención de presentarse a las municipales. De lo que no le cabe duda es de su «interés» por desbancarle . Su familia, a tenor de lo sucedido en los últimos años, le recomienda pasar página. Pero él se niega, piensa concurrir de nuevo aunque dicho vecino «haya dividido al pueblo» y llegase incluso a denunciarle por un presunto delito de prevaricación del que salió indemne. 

El único (y significativo) cambio de cara a las urnas que experimentará García es el de siglas, del PSOE al Partido Popular. «No soy un hombre de partido, no vivo de la política. Me debo a mi pueblo y a mis vecinos», señala mientras explica su decisión. De los socialistas, «todavía» está «esperando una llamada». Desde el PP, agradece la «preocupación» del diputado provincial, Arturo Pascual, desde que se produjeron los primeros episodios violentos en la localidad. 

Así las cosas, el alcalde de Padrones espera que los ‘populares’ tomen cartas en el asunto e impugnen estos empadronamientos. Por ahora , según ha podido saber este periódico, no se ha tomado ninguna decisión firme al respecto . Entretanto, desde el Partido Socialista tampoco se ha percibido, por lo menos a día de hoy, ningún movimiento extraño de altas en los censos provinciales. 

Más allá de este caso polémico, cada enclave responde a una casuística y no siempre ese incremento de vecinos esconde una presumible artimaña para que unas determinadas siglas se garanticen votos que les acerquen a la alcaldía, pero lo cierto es que cuanto más se aproxima la fecha de la cita con las urnas, más aumentan los supuestos cubiertos por un nubarrón de dudas. Baste comprobar que en la publicación de marzo, la Oficina del Censo Electoral –vinculada al Instituto Nacional de Estadística (INE)– detectó 50 casos en la Comunidad y, un mes después, la cifra ha crecido un 238%. Más del triple

Además, Castilla y León se alza como la autonomía protagonista en esta hipotética picaresca , pues acapara siete de cada diez ejemplos bajo sospecha en España: de las 237 señaladas en el conjunto nacional, 169 corresponden con Castilla y León. La mayoría de ellas se ubican en Burgos, algo que, a priori, no resultaría del todo extraño teniendo en cuenta que es la provincia con mayor número de pueblos del país. 

Pero esos picos demográficos pueden ocultar triquiñuelas para inclinar la balanza electoral en pueblos pequeños donde un sufragio de diferencia puede ser decisivo para obtener una mayoría absoluta . Así que ese extenso listado representa los puntos geográficos donde los representantes de las candidaturas pueden impugnar los censos. Los motivos para estar señalados son dos: no haber respondido a los requerimientos de la entidad censal o no estar debidamente justificada esa respuesta.      

Por ejemplo en Agés , pedanía dependiente del municipio burgalés de Arlanzón, nada parece indicar que la llegada de nuevos vecinos obedezca a una maniobra política . Desde octubre hasta marzo, la Oficina del Censo Electoral ha certificado ocho nuevas altas en el padrón. Y el alcalde, Jorge Martín, se muestra sorprendido porque pensaba que no serían tantas. 

Aclara el regidor pedáneo, eso sí, que la tramitación de empadronamientos no corresponde a Agés sino al Ayuntamiento de Arlanzón. A continuación, habla de dos  asentamientos relativamente recientes que califica de «genuinos». Por un lado, una pareja joven que gestiona una explotación ganadera ecológica. Por otro, un matrimonio burgalés que «buscaba tranquilidad»

En el pueblo, mientras un grupo de mujeres compra el pan pasadas las 12.30 del mediodía en una furgoneta de reparto, Sandra confirma que «ha venido gente nueva» . Habla de los ganaderos, a los que allí todo el mundo conoce como «los pastores», de un chico que se compró una casa hace no mucho y de los gerentes de una taberna que vinieron en 2020. 

De repente, una vecina ve pasar a lo lejos a dos mujeres. «Una de ellas es reciente», indica. La mujer en cuestión, parca en palabras y sin ganas de responder –«nada de grabar», advierte–, se limita a concretar que se mudó a Agés el pasado mes de noviembre. ¿El motivo? «Cambiar la ciudad por la tranquilidad del campo» . Sin más. 

Otra razón que quizá justificaría el crecimiento demográfico en esta pedanía burgalesa es el hecho de que «hay mucha gente jubilada» . Tal y como apunta Sandra, buena parte de los vecinos de Agés de toda la vida se fueron hace tiempo a trabajar a Burgos o a Bilbao y, una vez concluida su etapa laboral, «vuelven aquí a pasar temporadas porque tienen casa». Es posible, dadas las circunstancias, que más de uno decida asentarse definitivamente en el pueblo. 

De hecho, es la razón que esgrimen en Nafría de Ucero (Soria) respecto a «una unidad familiar de tres miembros que son jubilados y que, por cuestiones de médicos», no se habían empadronado antes «pero viven en el pueblo». Tanto ellos como las demás altas están «justificadas» , según expresó el propio alcalde, Juan Ramón García, después de indicar la excepción de una persona a la que no aceptaron «su propuesta de censarse». 

Nafría es uno de los ejemplos impugnables en la provincia de Soria, con un total de siete entidades locales en el listado de crecimientos sospechosos. Tres de ellos están gobernados por el PP –el ejemplo ya mencionado, Noviercas, y Centenera de Andaluz– y el resto por el PSOE –Rello, Beratón, Montenegro de Cameros y Narros–. En principio, ninguno de los dos principales partidos políticos ha denunciado cambalaches con los censos

En Noviercas saltan las alarmas por tratarse de un pequeño municipio con repercusión nacional por el polémico proyecto de una macrovaquería con 20.000 reses y al existir una candidatura independiente que surge por oposición al proyecto. No obstante, parece que hay una explicación razonable.

En ese pueblo son siete los electores que se han incorporado al último censo, motivo por el que la Oficina del Censo Electoral ha requerido al Ayuntamiento información sobre esos nuevos empadronamientos. Sin embargo, y a tenor de los datos de las últimas elecciones municipales, no tendría mucha repercusión en el resultado. 

En 2019, cuatro de los cinco concejales en liza fueron para el PP (con 73 votos) y el último para la candidatura independiente de Noviercas con 38 papeletas. El PSOE quedó desplazado del Ayuntamiento con únicamente 9 apoyos. Todo ello con el proyecto de la vaquería en el horizonte. En enero de este año la localidad moncaína contaba con 136 electores que ascendieron a 143 en marzo.

Prácticamente la mitad de esos siete nuevos electores tienen su origen en el arrendamiento del bar de la localidad entre cuyos requisitos figura estar empadronado en el municipio , tal y como confirman fuentes próximas al alcalde. Además, el propio concejal independiente, Miguel Ángel García, «a falta de mirar con más detenimiento los datos», no observa «nada raro» en estas nuevas incorporaciones al censo ya que, apunta, «es verdad que ha venido gente nueva a vivir al pueblo».

Hay que tener en cuenta que fuentes consultadas tanto del PP como del PSOE indican que cuando el crecimiento no es natural, existen dos motivos, básicamente, para estos bailes de nuevos electores cuando se aproximan unas elecciones. Por un lado, evitar que el Ayuntamiento en concreto baje su número de concejales y, por otro, disputas internas entre los propios partidos.

Motivos hay tantos como enclaves que han llegado a las puertas de las elecciones ‘apuntados con el dedo’ porque en el sistema informático del INE ha saltado una alarma de «crecimiento significativo de residentes» y los ayuntamientos en cuestión no han aportado una justificación verosímil. En teoría, tienen que responder argumentando, caso por caso, la situación de cada empadronado bajo sospecha. ¿Cómo? Pidiendo, por ejemplo, que aporten recibos de la luz de los últimos meses o haciéndoles firmar una declaración jurada .

Si no lo han hecho y pasan a engrosar la lista de entidades locales con los censos inflados, se convierten en los lugares donde los partidos políticos podrían impugnar los censos ante la Junta Electoral Central , si bien diversas fuentes consultadas por este medio confirmaron que es una posibilidad a la que no se suele llegar. Quizá en algún caso puntual, pero no es la generalidad. 

En Valladolid, por ejemplo, en los comicios municipales de 2019 la formación Toma La Palabra denunció anomalías en los censos de Torrecilla de la Torre y de Valdunquillo , y la Fiscalía así lo reconoció después, pero aunque el Ministerio público resolviera que sí se habían producido alteraciones, también indicó que no se podía demostrar que esta circunstancia tuviera una repercusión directa en el resultado electoral. 

«Claramente hay una conexión, porque había una persona, amiga del alcalde, empadronada en un solar, pero es muy difícil demostrar los motivos reales de un empadronamiento aunque hubiera indicios », explicó el secretario del grupo provincial, Arturo del Olmo, respecto a lo ocurrido en Valdunquillo, donde se quedaron a un voto de diferencia con el Partido Popular.  Ahora sí ostentan allí el bastón de mando, pero porque falleció un edil del PP y la Junta Electoral resolvió entonces el empate a su favor mediante sorteo.

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