Diario de Castilla y León

Blanco expresa su “firme” compromiso de seguir luchando "día a día e incansablemente” contra la violencia de género

La consejera aclara que la ley de violencia intrafamiliar "coexistirá" con la legislación existente en materia de violencia de género

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2023 en lo referente a su departamento. ICAL

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2023 en lo referente a su departamento. ICAL

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Redacción
Valladolid

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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, expresó hoy el “firme” compromiso de continuar luchando, “día a día e incansablemente”, contra la violencia de género “en cualquiera de sus manifestaciones”. De hecho, indicó que para erradicarla en 2023 se destinarán casi 12 millones de euros, lo que supone un incremento de 9,7%.

En su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para exponer los detalles de las cuentas de su departamento, Blanco defendió que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 persigue la igualdad de oportunidades, entre ellas, la de género.

Castilla y León continúa a la vanguardia en la atención a las víctimas de violencia de género, gracias al esfuerzo conjunto y a la implicación de las administraciones públicas, entidades del tercer sector y al resto de organizaciones públicas y privadas que, en Castilla y León, intervienen con víctimas de violencia de género. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles su compromiso y trabajo conjunto”, dijo.

Blanco añadió que el próximo año tiene como prioridad la aprobación y entrada en vigor de la nueva ley de atención integral a las víctimas de violencia de género. La tramitación del anteproyecto, precisó, está “muy avanzada”, puesto que ha sido remitido al Consejo Consultivo para la emisión del preceptivo dictamen, informa Ical. 

Precisamente, señaló el reto en 2023 con la modernización de la Red de atención a víctimas de violencia de género en Castilla y León, que contará con una financiación de 3,24 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,7%, junto con dos millones para la atención en centros de acogida. De hecho, se modificará la tradicional fórmula de la subvención por un régimen de concertación, que será un instrumento fundamental para proporcionar “estabilidad”.

Además, destacó el proyecto ‘Atrapadas’, que ha supuesto la creación de una red especializada para la atención a mujeres en situación de explotación sexual y contextos de prostitución, al que en 2023 se destinarán 500.000 euros.

Violencia intrafamiliar

Tras la aprobación en 2019 del Plan de Prevención de la Violencia en el ámbito familiar, la consejera informó de que se ha iniciado la tramitación de la ley de lucha contra la violencia intrafamiliar, que aseguró establecerá medidas de protección y apoyo integral contra la violencia en el ámbito familiar, con la finalidad última de su “completa erradicación”.

Esta ley, aclaró, coexistirá con la legislación existente en materia de violencia de género y menores. Además, impulsará la colaboración y participación con las instituciones públicas y privadas que intervengan en la atención de víctimas de violencia intrafamiliar y la coordinación con todos los agentes implicados.

Entre las medidas y actuaciones previstas, avanzó Blanco, se encuentran la sensibilización social y prevención, la detección precoz, la atención integral a las víctimas y la elaboración de investigaciones y registros de información sobre esta problemática.

Además, de la tramitación de esta ley, la consejera señaló que se incorporará una partida específica para abordar la violencia intrafamiliar, dotada con 500.000 euros que se destinará fundamentalmente a campañas de sensibilización sobre este tipo de violencia y a ayudar a las víctimas.

Igualmente,para facilitar la resolución de conflictos, se pondrá en marcha un nuevo servicio de mediación, que tendrá como objetivo ofrecer a las familias apoyo en la prevención y resolución de sus conflictos, lo que supondrá un coste cercano al millón de euros y se destinarán 1,3 para el manteniendo de los 16 puntos de encuentro familiar.

No dejar a nadie atrás

Asimismo, la consejera indicó que los presupuestos se enmarcan en una situación económica y social “muy complicada para miles de familias de Castilla y León”, por lo que aseguró que aseguró que su “principal objetivo y razón de ser” es “atender sus necesidades básicas y no dejar a nadie atrás”.

Al respecto, sostuvo que uno de los datos “más preocupantes” es el de la inflación, que a su juicio alcanzará el 8,7% en 2022 y se mantendrá por encima del ocho por ciento en los próximos trimestres. Esto, junto al aumento de los precios de la energía, de los tipos de interés y el encarecimiento de las hipotecas, supone “una pérdida importante de poder adquisitivo de las familias y, para muchas de ellas, un incremento significativo de las dificultades para llegar a fin de mes”.

Por ello, la titular de Familia indicó que presenta unas cuentas “coherentes, realistas y sociales, centradas en la atención y la cohesión social”, que incluyen en su opinión medidas para la clase media y trabajadora y para proteger a los colectivos vulnerables, puesto que aseguró “anteponen a las personas a cualquier otra consideración”.

Por ello, Isabel Blanco remarcó que su departamento cuenta con el presupuesto “más elevado de toda la historia” de la Comunidad, con 1.263,18 millones de euros, un 16,81% más que el de 2021, lo que suponen casi 182 millones más. Este aumento, remarcó, supera en 4,39 puntos la media del incremento medio del presupuesto de la Junta y permite que, de las tres consejerías sociales, la de Familia e Igualdad de Oportunidades sea la que más eleve sus partidas.

De la misma forma, señaló que las cuentas apuestan por la asistencia, el apoyo y la atención a todas las personas que lo necesiten, por generar oportunidades vinculadas al territorio y por la consolidación del proceso de modernización del sistema de Servicios Sociales. Además, indicó que se refuerza el modelo Dependencia 5.0 e incorpora programas “novedosos”, basados en las nuevas tecnologías, para apoyar a las personas en las nuevas necesidades que van surgiendo.

Los presupuestos incorporan 72,5 millones de euros correspondientes al Fondo de Recuperación Europeo, canalizados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con 65,8 millones de euros y otros 6,7 millones de euros del Programa REACT-EU, que tendrán como principal objetivo la realización de obras y la prestación de servicios para la modernización de los Servicios Sociales, a través de su transformación tecnológica.

Siete ejes

De esta forma, la consejera destacó que uno de los ejes de los presupuestos son garantizar la plena atención a todas las personas dependientes con 800,5 millones de euros, un 17,79% más, para reforzar y mejorar el sistema de Atención a la Dependencia. También subrayó el apoyo a las familias, una prioridad, que destacó deriva de una “acusada” sensibilidad social y que se traduce en multiplicar por dos el presupuesto para la promoción y apoyo a la familia, alcanzando los 50,7 millones, lo que supone un crecimiento del 209 por ciento. Es decir, 34,3 millones de euros más.

Además, remarcó la línea de la igualdad, a lo que se aportan 213 millones de euros, y la apuesta por el medio rural, de forma que el Acuerdo Marco supondrá una financiación a las corporaciones locales de 158,6 millones de euros, un 16,5% más que en 2021.

También resaltó el compromiso con el empleo, con casi 16 millones de euros, un 58% más que en 2021, y la apuesta por la inversión, con casi 112 millones para infraestructura y equipamiento social, tanto directa, recogida en el capítulo VI, como a través de transferencias de capital, capítulo VII a corporaciones locales, lo que suponen 71,5 millones de euros más, prácticamente el doble que el ejercicio anterior. Por último, se destinan más de 213 millones de euros a cooperar y apoyar a las entidades del tercer sector para el desarrollo de actuaciones y programas que apoyan, atienden y ayudan a "miles de personas".

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