El ex director de Transparencia dice que pidió facilitar los datos sobre muertes en residencias en la pandemia «a pesar de que todo el mundo quiso impedirlo»
Joaquín Meseguer asegura que «este fue uno de los temas donde tuve que mojarme» en alusión a un informe, que se desvela ahora con la sentencia del TSJ que obliga a la Junta a facilitar los datos, en el que recomendaba que se entregaran
Joaquín Meseguer, quien fuera director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta en la Legislatura pasada con el Gobierno de PP y Ciudadanos, sí había pedido que la Junta de Castilla y León facilitara los datos de contagiados y fallecidos por Covid durante la pandemia, que es justo a lo que le obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a la Administración autonómica.
El ex director general de Transparencia y Buen Gobierno desvela ahora, a propósito de la sentencia del TSJ, que él fue un firme partidario de facilitar la información sobre afectados y fallecidos por Covid en las residencias de mayores de la Comunidad, tanto públicas como privadas. Y que lo hizo «a pesar de que todo el mundo quiso impedirlo» , afirma en su twitter . Justo la misma información que el Alto Tribunal de la Comunidad obliga ahora a facilitar, tras estimar la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid el recurso contra la orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de fecha 1 de diciembre de 2020.
Eso sí, la defensa de Meseguer para publicar los datos se quedó de puertas para adentro, ya que públicamente nunca realizó manifestación alguna para exigir que se revelaran esos datos que pedían reiteradamente los medios de comunicación. En todo momento el discurso de la Junta, tanto desde la Consejería de Familia con su consejera Isabel Blanco a la cabeza, como desde la en ese tiempo Consejería de Transparencia de Francisco Igea, pasaba por argumentar que no podían facilitarse de acuerdo a los informes de la asesoría jurídica.
Que fue partidario de difundirlos lo asegura ahora Meseguer en su cuenta de Twitter, donde celebra la sentencia del TSJ: «Este fue uno de los temas donde tuve que mojarme a pesar de que todo el mundo quiso impedirlo. Celebro la sentencia», reza su mensaje en la red social. «Me alegra ver en ella un reconocimiento a nuestro trabajo. Ojalá la transparencia se convierta en la regla a seguir, y no la opacidad », concluye.
Como prueba de ello, adjunta uno de los párrafos de la sentencia de la Sala del Contencioso del TSJ, que dice: "No podemos sino compartir íntegramente lo manifestado por el director de Transparencia y Buen Gobierno en las observaciones que realizó a la propuesta de la Orden impugnada (folios 3657 y ss. del expediente) y en las que se detalla que la presentación de 15 solicitudes de acceso a esta información en un plazo de 7 meses y medio es un numero relevante de peticiones y del interés público existente por esta cuestión, y que el hecho de que 11 de esas solicitudes sean de profesionales de los medios de información pone de relieve, más aún, el interés que la cuestión suscita, debiendo ser considerado preponderante" .
El TSJ de Castilla y León ha estimado un recurso contra la Orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Junta de Castilla y León, de 1 de diciembre de 2020, que se anula. Reconoce el derecho a acceder a la información pública solicitada y ordena a esa misma Consejería que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, facilite la información. Contra este auto cabe recurso de casación en el plazo de 30 días. Recurso que se está estudiando aún si interponer o no por parte de la Junta y, más concretamente de la Consejería de Familia, según detallan las fuentes de la Consejería consultadas por este periódico.
Castilla y León
Igea afirma que se va a pedir a las residencias privadas si están en disposición de publicar los datos
redaccion
Consultado por este periódico, el propio Meseguer explica que en julio de 2020 él mismo elaboró un informe en el que aconsejaba a la Consejería de Familia que hiciera públicos los datos solicitados por los medios de comunicación. Un informe que se remitió al referido departamento de la Junta con el visto bueno del consejero, Francisco Igea, quien «estaba de acuerdo en que eran datos que se tenían que facilitar, aunque luego en público expusiera una línea más en consonancia con la postura del Ejecutivo».