Iberdrola avala los 390 millones de euros de fianza a sus tres directivos procesados por la trama eólica
Ricardo Bravo, Icaza y Barriuso presentan en el Juzgado un acta notarial con el compromiso de la eléctrica de garantizar la fianza y exigir la devolución de los 400.000 euros de los bienes ya embargados
Los tres imputados en la trama eólica que trabajaban en Iberdrola durante los años en los que se produjo el presunto reparto de mordidas de 75 millones que investiga el jugado no tendrán que abonar la fianza impuesta por el tribunal , ya que será la multinacional eléctrica la que se haga cargo de las mismas a través de unas garantías corporativas de primer requerimiento escrituradas ante notario y que ahora las defensas han presentado a la sala.
Dichas garantías cubren un valor máximo de 130 millones de euros para cada uno de los encausados , Ricardo Bravo, Rafael Icaza y Pedro Barriuso, que suponen la misma cantidad que la multa impuesta por el juez. En conjunto, 390 millones de euros que saldrán de las cuentas de Iberdrola y que servirán, si el tribunal estima las solicitudes de los abogados, para reintegrar a los investigados las cantidades que ya les habían sido embargadas por orden del magistrado. En otras palabras, volverán a disponer de sus bienes mientras la empresa asume las importantes cantidades de las multas.
Multas que, como ya publicó este periódico, se imponen por una acusación de delito continuado de cohecho y que se acompaña en los tres casos de una pena de seis años de cárcel e inhabilitación, y que surgen de un concepto de cien mil euros más un tercio de acuerdo con el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Los detalles de las tres garantías púiblicas de primera requerimiento elevadas a público ante el mismo notario de Bilbao y en la misma fecha, el 7 de septiembre de 2022, vienen detalladas en un anexo a las escrituras de las mismas, a las que ha tenido acceso EL MUNDO DE VALLADOLID, y en las que también se indica que son dos apoderados de Iberdola los que firman con los encausados un primer contrato privado que después se somete a ratificación notarial, todos ellos fechados a 1 de septiembre de 2022.
Según los mencionados contratos, todos ellos idénticos, Iberdrola «garantiza de forma incondicional e irrevocable en concepto de garantía personal corporativa a primer requerimiento» a Bravo, Icaza y Barriuso, respectivamente, y asume la obligación solidaria de pago derivada de la multa que les ha sido impuesta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, todo ello «de conformidad con lo establecido en el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Precisamente, dichas garantías se entregan «para responder y garantizar el íntegro y puntual cumplimiento del pago de la multa impuesta por el juzgado, todo ello hasta un importe total de 130 millones de euros».
Así establecido, los encausados no tendrán ninguna responsabilidad económica sobre esas multas, a menos que su importe se incremente y supere al señalado en los contratos suscritos entre ellos e Iberdrola, de modo que «el pago de cualquier responsabilidad pecunaria» a la que pudiesen resultar condenados los tres empleados de la eléctrica hasta el importe garantizado se llevará a primer requerimiento del Juzagado que instruye el caso, siempre que se adjunte la sentencia firma que recoja esos importes.
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Los tres contratos señalan también que «este compromiso se otorga con el caracter de garantía a primera demanda, abstracta, autónoma e independiente, incondicional e irrevocable». Además , la garantía podrá ser ejecutada parcialmente «y cuantas veces fuera necesario, hasta el importe máximo garantizado».
Finalmente, y en lo que se refiere a plazos, «permanecerá vigente desde la fecha de su emisión y durante la vigencia del juicio tramitado ante el juzgado de los Penal o en su caso, la Sala competente, hasta que el mismo se resuelva de manera definitiva y en todas sus instancias».
RESTITUCIÓN DE EMBARGOS
Han sido los abogados de los tres encausados los que han presentado al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid las respectivas garantías esta semana, una vez habían sido elevadas a público y solicitando al mismo tribunal que las admita.
Asimismo, y de manera complementaria, instan a que les sean devueltas a los tres investigados las cantidades embargadas de acuerdo con las Diligencias de Ordenación. Así, se detalla que Rafael Icaza ya habría depositado 16.400 euros en la cuenta de consignaciones del juzgado, mientras que en el caso de Ricardo Bravo no se especifica la cantidad en el escrito dirigido al tribunal. Sin embargo, quien más dinero habría depositado mediante seis ingresos por embargo es Pedro Barriuso, cuyo letrado solicita la restitución de 408.218 euros.
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Bravo, Icaza y Barriuso son solo tres de los 16 acusados de la trama eólica, el mayor caso de corrupción de la historia de Castilla y León, y quienes suman una petición de penas de 138 años de cárcel y 848 millones de multa.
La larga ristra de nombres la encabeza Rafael Delgado , ex viceconsejero de Economía, a quien Anticorrupción considera cabecilla y le pide una pena de 42 años de cárcel, además de una multa que asciende a los 239 millones de euros. Cabe recordar que la Fiscalía ve probado, según detallaba en el escrito de acusación, que Delgado habría cometido los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la hacienda pública y extorsión.
Delgado también es uno de los imputados en la trama de la Perla Negra (el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda) y los terrenos de Portillo, pero no es el único que aparece en la lista de investigados de ambos casos. Junto a él figuran Jesús Rodríguez, presunto testaferro de Delgado; los hermanos y empresarios Alberto y Francisco Esgueva; ex director general de Energía; y Germán Martín, administrador de otra de las empresas implicadas.
Por el momento, el caso se encuentra en fase de instrucción , y se espera que el juicio comience, como pronto, antes del verano de 2023, pocos meses después de que se reanude el de la Perla Negra.
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