El macrojuicio de la Perla Negra se alargará 23 días y declararán 92 testigos y peritos
La vista por la trama de corrupción de la compra del edificio de Economía de Arroyo y los terrenos de Portilllo sentará en el banquillo a 12 acusados, entre ellos los ex viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, y declararán 92 testigos y peritos
Ya se conocía la fecha de inicio, el 14 de marzo, pero ahora se detalla el desarrollo de los 23 días del macrojuicio de la Perla Negra. 23 días que irrumpen de lleno en plena negociación del Gobierno de la Junta, en la que está inmerso el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco.
Desde el PSOE se acusaba durante la pasada campaña electoral al PP y a Fernández Mañueco de haber provocado el adelanto electoral el pasado 20 de diciembre para evitar el calendario de causas judiciales, la trama eólica, el caso de la supuesta financiación irregular del PP de Salamanca durante las primarias que ganaba Mañueco y el juicio de la Perla Negra. Desde el PP, con Mañueco a la cabeza, negaban este extremo y justificaban el adelanto ante la deslealtad de Ciudadanos, su socio de Gobierno.
La realidad es que el juicio por la Perla Negra ya está aquí, a menos de diez días de que arranque el próximo 14, sólo 4 días después de constituirse las Cortes el día 10, y llega cuando aún se está negociando cómo va a ser el próximo gobierno de la Junta, surgido tras el resultado de las urnas el 13 de marzo, y si éste será en solitario del PP o en coalición con Vox.
La macrocausa, en la que además de los 12 acusados declararán 69 testigos, entre ellos el ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la ex consejera de Hacienda y hoy presidenta del grupo popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, y 23 peritos, se desarrollará durante los días 14, 15, 16, 17, 21,22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 de marzo y 4, 5, 6, 7, 11, 12, 25, 26, 27, 28 y 29 de abril en la Audiencia Provincial de Valladolid, según acaba de comunicar el TSJ de Castilla y León. 23 días que convierte al caso de la Perla Negra en uno de los más largos de la Comunidad, solo superado en Castilla y León por el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco.
La sección segunda de la Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo a los 12 encausados, entre los que se encuentra la ex cúpula de la Consejería de Economía en los tiempos del fallecido Tomás Villanueva, los ex viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el ex responsable de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.
Se da la circunstancia de que tres de los procesados, el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo, figuran también inmersos en la denominada ‘trama eólica’. Un caso que la pasada semana conoció las calificaciones de la Fiscalía, ministerio que solicita para los 17 presuntos implicados penas que suman 138 años de prisión.
Petición de 79 años
En la causa de la Perla Negra y los terrenos de Portillo, la petición de cárcel de la Fiscalía para los 12 encausados suma 79 años, frente a los 221 solicitados por el PSOE de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 que pide globalmente la Junta (acusación particular) para ocho de los doce investigados.
En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para la ex cúpula de la Consejería integrada –junto con el fallecido Tomás Villanueva– por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández. Pide para cada uno de ellos 11 años de prisión por los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, revelación de secretos; otro de tráfico de influencias y dos más por cohecho y fraude a la administración. Rafael Delgado y Begoña Hernández son, junto con Alberto Esgueva, a quienes más delitos se les imputan, seis en concreto. Y les reclama más de 16,1 millones de indemnización por el daño causado a las arcas públicas por las operaciones de compra del edificio de Arroyo y los terrenos del polígono de Portillo que se desarrollaron entre mediados de 2005 y diciembre de 2011.
El Ministerio Público denuncia que la Junta pagó 23,6 millones de más por las operaciones de alquiler y posterior venta de la Perla Negra, y los terrenos del polígono de Portillo. Sólo la operación de la Perla Negra le supuso al Gobierno autonómico un agujero de más de 20 millones. Una cantidad al que debe sumarse el desvío de dinero público desde las arcas públicas en el caso de los terrenos de Portillo, que sumarían en torno a los 3,4 millones, en palabras del fiscal.