Diario de Castilla y León

Las regiones afectadas por el lobo exigen conservar sus competencias de regulación

Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria coordinan sus recursos judiciales contra la inclusión del cánido en la lista de especies protegidas

Juan Carlos Suárez-Quiñones dialoga con su homóloga de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ayer.- ICAL

Juan Carlos Suárez-Quiñones dialoga con su homóloga de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ayer.- ICAL

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Santiago G. del Campo
Valladolid

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Las cuatro comunidades autónomas afectadas por la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas (Lespre) anunciaron ayer sendos recursos judiciales ante la Audiencia Nacional contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del pasado 21 de septiembre. La norma, que establece la protección del lobo y, por lo tanto, la prohibición de cazarlo al norte del Duero como se venía haciendo para regular su proliferación, será recurrida así, al unísono, por los gobiernos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.

Los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro autonomías mantuvieron ayer un encuentro en Santander, con el objetivo de hacer un frente común contra esta política de la ministra Teresa Ribera, que «ataca directamente a la pervivencia de nuestros pueblos», aseguró el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Acompañaron a Suárez-Quiñones en el encuentro sus homólogos de Cantabria, Guillermo Blanco; del Principado de Asturias, Alejandro Calvo y de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, que anunciaron la presentación de los correspondientes recursos judiciales necesarios para solicitar, también, la suspensión cautelar de la inclusión del lobo ibérico en el Lespre.

Asimismo anunciaron, tras el encuentro, la decisión conjunta de solicitar una entrevista al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle la situación del lobo ibérico en España y lo que supone «este ataque del Gobierno de España hacia las políticas medioambientales de la Unión Europea».

A la reunión también asistieron los representantes nacionales de las organizaciones profesionales agrarias, que también anunciaron recurso judicial, además de movilizaciones de cara a la sociedad «para explicar los perjuicios que esta decisión del Gobierno causa al sector agroganadero, en particular, y al medio rural, en general». 

Por su parte, Suárez-Quiñones señaló que el Gobierno central solo deja a la Junta «la alternativa judicial», y explicó que la Orden ministerial «va más allá de la Directiva Europea Hábitats, que confiere a los territorios del norte del Duero la capacidad de gestionar la especie, que el Gobierno de España les hurta, y que, en el marco del consenso, ha permitido que el lobo tenga las mejores poblaciones de Europa».

Movilizaciones

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, que acudió a la reunión acompañado del presidente autonómico, Donaciano Dujo, explicó en respuesta a este periódico que la organización ha sacado cuatro conclusiones principales del encuentro. La primera, que la ministra y el secretario de Estado «han engañado al sector y a las comunidades autónomas, y ese Ministerio sigue legislando en contra del sector, del mundo agrario y del medio rural».

Por otro lado, hizo hincapié en los recursos y la importancia de la solicitud de medidas cautelares porque «creemos que nos asiste el Derecho», dijo. En tercer lugar, hoy mismo se celebrará una reunión de coordinación entre las Opas, porque «el mundo rural tiene que salir a la calle para defender las tropelías que están haciendo. El lobo es una de las más importantes, pero hay más. A estas movilizaciones creemos que se sumarán muchos colectivos del mundo rural», avanzó.

Por último, anunció que las Opas acompañarán a las comunidades autónomas ante el comisario europeo de Medio Ambiente, «porque entendemos que el Ministerio ha invadido competencias de la Unión Europea, en contra de la gestión del lobo concedida por la UE», concluyó.

De la misma opinión se mostró el coordinador de UPA-Coag en Castilla y León, Aurelio González, que también destacó las medidas cautelares: «Creemos que es lógico que las haya porque consideramos que, mientras el lobo no va a sufrir ningún perjuicio por la paralización de la Orden ministerial puesto que es abundante en estos territorios, sí se puede causar mucho daño al ganadero, que sufre indefensión, entre otras cosas por el vacío legal mientras no esté claro a quién tiene que reclamar los daños».

González avanzó que a la lista de Comunidades autónomas se unirán seguramente al menos otras tres, concretamente Murcia, Madrid y Andalucía «porque también entienden que la Orden invade competencias de los gobiernos regionales».

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