Trabajadores públicos temporales de Castilla y León reclaman mecanismos para acabar con la interinidad
La situación afecta a unos 80.000 empleados de la Comunidad
Decenas de trabajadores públicos temporales se concentraron hoy en Valladolid para reclamar a las administraciones el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de la propia normativa comunitaria, que obliga a establecer mecanismos de regularización de los empleos interinos en fijos, pero nunca penalizando a los trabajadores.
El portavoz de la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León, Víctor Calvo, aseguró antes de que arrancara a las puertas de la Feria de Valladolid una caravana formada por más de medio centenar de coches, que cerca de 80.000 trabajadores en al Comunidad se encuentran totalmente desprotegidos por parte del Gobierno y de las administraciones, mientras el resto de los empleados públicos temporales europeos están amparados frente al abuso de temporalidad por una directiva europea de 1999, que en España no se está cumpliendo.
En este sentido, Calvo explicó que los procesos selectivos que ha propuesto el Gobierno Español a la Comisión Europea para reducir la temporalidad no son conforme a derecho y no cumplen la legislación comunitaria. “Reclamamos la paralización de todos los procesos selectivos y de provisión que supongan el cese de empleados públicos en abuso. Pedimos la transformación de sus contratos en indefinidos y sujetos a las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera, para que cumpla la normativa europea y la sentencias del TJUE”, aseveró.
El portavoz de la plataforma también se refirió a una reciente sentencia del TJUE que concluye que la normativa nacional y la jurisprudencia de Tribunal Supremo “no tienen ninguna medida para prevenir y sancionar el abuso en el sector público, y permiten la renovación tácita de contratos temporales sin un plazo preciso de cobertura definitiva de las plazas o sin garantizar el cumplimiento de los plazos”. Además, argumentó que no se ha legislado ninguna medida que sancione el abuso sufrido por los empleados públicos temporales y que permita su transformación en indefinidos.
Calvo, que explicó que en la Junta y las administraciones locales la interinidad se sitúa entre el 30 y 40 por ciento, especialmente en servicios básicos como la sanidad o la educación, indicó que él lleva trabajando 17 años en el mismo puesto del departamento de informática del Hospital Clínico de Valladolid y, como el resto de compañeros, no tiene un contrato fijo ni posibilidad de acceder a una plaza por oposición, ya que nunca se han convocado.
Además, indicó que el perfil de los trabajadores públicos en esta situación es el de una mujer mayor de 50 años con cargas familiares, con más de 15 años de antigüedad trabajando para la administración de forma continuada y con una posibilidad de reinserción laboral muy baja. “Es decir, personas condenadas al paro de larga duración o a una demanda de subsidió”, sentenció.
Por último, Calvo lamentó que los sindicatos sean "juez y parte" en este asunto y les acusó de estar interesados en que el sistema actual se mantenga, por lo que reclamó que intermediación sea directamente con los trabajdores afectados. "Los sindicatos no han sido capaces de representarnos en todos estos años y parece que no tienen interés en hacerlo", afirmó.