Cargos del PP entregaron dinero en efectivo en la Diputación y el Ayuntamiento para las primarias
Seis miembros del PP salmantino reconocen ante el juez que hicieron aportaciones en metálico «voluntarias» para pagar cuotas de otros militantes en el proceso que llevó a Fernández Mañueco a la presidencia del partido
Cargos del Partido Popular realizaron aportaciones de dinero en efectivo en la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca para pagar cuotas de otros militantes en el proceso de primarias que llevó a Alfonso Fernández Mañueco a la presidencia del partido, según aseguró ayer un testigo que trabaja en el Ayuntamiento salmantino. Este declaró en sede judicial por la posible financiación ilegal del PP que «tanto en dependencias municipales como en la Diputación se recogieron aportaciones».
Se trata de un testigo «muy cualificado», según el abogado de la acusación particular, Francisco Martín del Río, que también explicó que los seis miembros del Partido Popular de Salamanca que declararon en los juzgados del capital del Tormes reconocieron haber realizado aportaciones en el contexto de las elecciones primarias de la formación popular en el año 2017 de forma voluntaria.
Entre los testigos que declararon este martes se encuentra el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, que declinó hacer declaraciones a la salida del juzgado.
La parte que representa Martín del Río sostiene que algunos cargos incurrieron en delito de financiación ilegal al vulnerar los mecanismos jurídicos implementados, precisamente, para evitarla.
En un primer turno, declararon la alcaldesa de Alba de Tormes y diputada provincial, Concepción Miguélez, y el procurador por Salamanca en las Cortes, Salvador Cruz.
Más tarde, prestaron declaración la exdiputada provincial Juana González y el director general de Análisis y Planificación de la Junta de Castilla y León, Xavier Domínguez. Finalmente, según pudo comprobar Ical, declararon el diputado nacional José Antonio Bermúdez de Castro y el senador Gonzalo Robles, que fue el último en abandonar la sede judicial pasadas las 14.15 horas. Todos, eso sí, en calidad de testigos y ninguno como imputado.
El caso, archivado en un primer momento por un juzgado de Salamanca, fue reabierto más tarde por la Audiencia Provincial para tratar de aclarar la procedencia de las aportaciones que miembros del PP realizaron presuntamente para poner al día la cuota de otros afiliados, permitiendo así su participación en el proceso de primarias del año 2017.
Una contienda interna que enfrentó por el mando regional del Partido Popular al leonés Antonio Silván y al salmantino Alfonso Fernández Mañueco, vencedor a la postre y, como consecuencia, candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, que también ostenta gracias al apoyo de Ciudadanos.
Según explicó el abogado de la acusación particular, ejercida por Izquierda Unida–Los Verdes, la ley establece unos mecanismos «muy rigurosos» que impiden que se haga ningún tipo de operación en metálico, «precisamente para permitir que sean controlables».
Al tratarse de aportaciones en efectivo, el letrado Martín del Río observa delito y, por ello, apuntó a «una estratagema montada por altos cargos del partido para tratar de justificar la procedencia del dinero».
Finalmente, el abogado de la acusación particular anunció la petición de declaración como testigo en la causa del presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «Entendemos que todo está montado para salvarlo a él, que es el máximo beneficiario de todo esto, y además también hizo aportaciones. Sin este entramado, no sería presidente del partido, ni candidato a la Junta», concluyó.
El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, sostuvo este martes que el caso de presunta financiación ilegal de las Primarias del PP de Salamanca «ya se archivó por un tribunal». «Y supongo que será así, aunque no quiero prejuzgar lo que vaya a decir un juez, supongo que será así», dijo, ante las declaraciones que tuvieron lugar a instancia de la Audiencia Provincial de Salamanca, entre otros del diputado nacional por Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro.
Francisco Vázquez señaló que se trata de «una cuestión judicial por una ampliación de datos y hay que colaborar con la justicia». Los más de 30 cargos públicos y representantes del Partido Popular de Salamanca llamados a declarar, subrayó, «lógicamente están colaborando». «Les han dicho que vayan a declarar y no pasa nada».