La Junta abre otro frente con sindicatos y patronal, ahora a cuenta del Serla
La consejera Carlota Amigo propone cofinanciar a partes iguales su extensión a toda la región y los agentes sociales responden que actúa «de mala fe», la propuesta es por «desconocimiento» y lo establece el Diálogo Social
La Junta abre otro frente con los sindicatos y la patronal a cuenta del Serla. Es una nueva confrontación entre el Gobierno regional y los agentes sociales y la patronal . La Junta les pide cofinanciación para extender el Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales) a toda la Comunidad y la respuesta no puede ser más contundente. La consejera de Empleo e Industria del Gobierno regional, Carlota Amigo, anunció ayer la propuesta realizada a CCOO, UGT y Cecale y poco después fue objeto de las acusaciones de sindicatos y patronal, quienes la acusaron de «mala fe».
Amigo dio a conocer en rueda de prensa telemática que la Junta había planteado en la Comisión Permanente del Diálogo Social una «propuesta de colaboración a los agentes económicos y sociales con iguales contribuciones por todas las partes». La consejera añadió que este apoyo económico que propone el Ejecutivo regional a sindicatos y patronal es «viable, razonable y coherente» . En este sentido, Amigo recordó que la Junta ya financia los costes del Serla con una aportación anual de 700.000 euros.
En la propuesta planteada, el Gobierno regional tiene en cuenta aspectos fundamentales, según la consejera de Empleo e Industria: «En todas las provincias de Castilla y León hay un servicio público dependiente de la Junta (el SMAC, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) que realiza estas funciones en los conflictos individuales entre trabajadores y empresarios. Se trata de un servicio gratuito que seguirá prestándose hasta que sindicatos y patronal extiendan su propio órgano de mediación a las distintas provincias», según anunció Amigo. Además, la Junta trasladó ayer a los sindicatos y a la patronal que la delicada situación económica provocada por el coronavirus exige «concentrar todos los recursos de la Consejería en ayudar al mantenimiento del empleo y de las empresas».
La propia consejera reconoció tras su comparecencia telemática ante los periodistas que los sindicatos y la patronal habían mostrado una «reacción de sorpresa» al conocer la propuesta . «No lo esperaban y nos han pedido que se lo demos por escrito para ver las condiciones de la cofinanciación», añadió.
Los sindicatos y la patronal ya vivieron enfrentamientos con la Junta en el Diálogo Social meses atrás. Los primeros acusaron al Gobierno regional de querer recortar las ayudas a los Ertes en el Plan de Choque y «poner en jaque» el Diálogo Social. Cecale, UGT y CCOO acusaron a la Junta de intentar «diluir» el Diálogo Social y rechazaron las «ocurrencias» planteadas. Señalaron entonces que el «espaldarazo» político de las Cortes debería servir para evitar nuevas «ocurrencias».
Tras la propuesta presentada ayer para cofinanciar la extensión del Serla a toda la Comunidad . CCOO, UGT y Cecale no dieron crédito a la propuesta de la consejera, la calificaron de «esperpento» y consideraron que se hace «a mala fe» con el reto de romper el Diálogo Social, informa Ical. Los agentes económicos y sociales exigieron que Amigo rectifique una propuesta que esperan se haya producido por «desconocimiento» porque se trata de un servicio público, recogido en un acuerdo del Diálogo Social y que está amparado por una sentencia del Tribunal Supremo.
El vicesecretario de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo, definió la reunión con Amigo como un «esperpento absoluto» y un «ejercicio manifiesto de irresponsabilidad política. No tiene limites ni nombre, es irracional». Angulo recordó que sindicatos y patronal asumieron su responsabilidad suscribiendo el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales y Aspectos de la Negociación Colectiva de Castilla y León (ASACL) y ahora «se lo cargan». «Han metido una nueva marcha en el atentado contra el Diálogo Social, que ponen en grave riesgo», lamentó.
Angulo se preguntó también si el objetivo es hacer lo mismo y cambiar la naturaleza jurídica con todos los organismos periféricos de la Junta , con el acuerdo político PP-Ciudadanos y señaló que frente al coste de entre seis y ocho millones que ponen sobre la mesa, el acuerdo del Diálogo Social con el presidente Herrera de 2019 lo situaba en los 2,5 millones.
El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, Fernando Fraile, aseguró que la consejera de Empleo e Industria «actúa de nuevo de mala fe» . «Nos hace una propuesta de ruptura». Según Fraile, se trata de un planteamiento que va «en contra de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, pero también con el gobierno del PP.
«Ese servicio público se pactó con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que cambió la orden de estructura de las oficinas territoriales de Trabajo para que el Serla asumiera su función». Fraile añadió que su extensión está en un acuerdo suscrito con el Gobierno del anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la propuesta de Amigo también «va en contra de la sentencia del TS» que les ampara. «La parte de Ciudadanos en el Gobierno regional quiere romper con todo en el ámbito de las relaciones laborales», añadió.
El secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, deseó que la propuesta de la consejera se haya producido por «desconocimiento» y señaló que reclamaron a la consejera su propuesta por escrito. «No nos lo creemos. Por un lado se sigue apoyando y por otro no creen en la incorporación de los conflictos individuales en las provincias porque ya se hace la labor en las oficinas territoriales», dijo.
Esteban indicó en este sentido que es muy diferente lo que se hace en el SMAC que en el Serla ya que el primero es un trámite administrativo y «no hay mediación» , como en el segundo, entre empresarios y trabajadores.
El responsable patronal lamentó que el acuerdo que se firmó el 30 de enero de 2019, donde se reconocía el Serla como «positivo ya no está vigente para ello» y contrastó los entre seis y ocho millones que para Amigo cuesta ahora su extensión, frente a los 2,5 que se calcularon cuando se suscribió con Herrera.
A través de su cuenta de Twitter, la consejera respondió. «Respetamos que sindicatos y patronal quieran contar con un órgano propio de mediación . Les hemos ofrecido nuestro apoyo económico, pero en este momento de crisis no podemos financiar el 100% de un servicio que ya presta la Junta».