Valladolid, Salamanca y Soria se encaminan al cierre interior de hostelería y centros comerciales
La incidencia a siete días, nuevo criterio para adoptar las restricciones, augura su aplicación en todas las provincias
Los datos avalan las medidas que pueden adoptar Valladolid, Salamanca y Soria en los próximos días. Independientemente del nuevo criterio, al observar tanto la incidencia a siete días como a catorce, las cifras que arrastran ambas provincias rozan el máximo permitido para establecer el nivel 4 de alerta, que fija el tope en 125 casos por cada cien mil habitantes y la tendencia augura que superarán pronto los 200 casos que provoquen la adopción de dichas restricciones.
El cierre de la hostelería y los centros comerciales, además de gimnasios y salas de juego, se iniciará mañana en Ávila, Palencia y Segovia, como anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado jueves, dada la acumulación de contagios y el notable aumento de la incidencia. Por tanto, gran parte de Castilla y León regresa o regresará pronto a la casilla de salida, una vez más, en la ya bien entrada tercera ola.
Las tres provincias que, desde mañana, se verán obligadas a cerrar los establecimientos hosteleros y las grandes superficies superan los 200 casos por cada cien mil fijados por el Ejecutivo autonómico para adoptar dichas restricciones. En este punto, los ojos se dirigen a Valladolid, Salamanca y Soria, próximos territorios que sufrirán las medidas adicionales.
Los datos que publica la Junta son los consolidados. En este punto, se refleja una tasa a siete días de 123 en el caso vallisoletano, de 112 en el soriano y de 100 en el salmantino. Sin embargo, el propio portal de la Junta explica que los números ofrecidos son de hace cinco días, un decalaje que asegura que los datos son suficientemente exhaustivos; un decalaje que, no obstante, refleja grandes diferencias.
Por tanto, según los datos del Ministerio de Sanidad, la tasa real a siete días de Valladolid se fija en 208, en Salamanca 170 y en Soria 152. Estas cifras que, a pesar de no ser consolidadas, son reales, puesto que son las diarias, hacen ver que la situación a orillas del Pisuerga podría provocar desde ya el cierre de la actividad hostelera y del gran comercio, así como los gimnasios y las salas de juego.
Salamanca y Soria correrán, sin duda, la misma suerte, más pronto que tarde, seguidas de las tres restantes: Burgos, León y Zamora, con datos más que preocupantes y que, por tanto, se sumarán en fechas cercanas al resto de territorios que cierren la actividad.
El presidente Mañueco explicó que el nuevo criterio, sugerido por los expertos de la Junta y que se tendrá en cuenta a partir de ahora, será la incidencia acumulada en los últimos siete días, aunque es inevitable compararla con la tasa a catorce días para observar la tendencia de cada territorio, así como la evolución para jornadas venideras. No obstante, este dato afea el escenario que sufren casi todas las provincias, por no decir todas, que sufrirán durante las próximas semanas un endurecimiento de las restricciones.
En este contexto, las advertencias del Gobierno regional hace menos de un mes han tornado en realidad, después de superar la grave situación que se produjo en octubre, con un mes de noviembre que mantuvo cerrada la hostelería y los centros comerciales y un descanso de apenas dos semanas entre el fin de la segunda ola y el inicio de la tercera.
Este año, los Reyes han traído regalos y el coronavirus, carbón. Nunca mejor dicho, pues las malas actitudes de las fechas navideñas ahora dejan las temidas consecuencias que se avisaron en tantas y tantas ocasiones a mediados de diciembre. Las vacaciones, las reuniones familiares, los desplazamientos y demás restricciones que fueron, aunque solo un poco, levantadas, arrastran ahora un crecimiento de los datos Covid.
El líder autonómico avanzó que Castilla y León mantendrá hasta el fin del estado de alarma, previsto hasta mayo, el toque de queda entre las diez de la noche y las seis de la mañana y el cierre perimetral de la Comunidad, lo que prohíbe la libre entrada y salida del territorio castellano y leonés, salvo excepciones laborales o sanitarias.