Castilla y León se alza por la recuperación con un pacto histórico ejemplo de «diálogo»
El presidente de la Junta asegura que con la firma se vence «a la crispación» y se conjugan los verbos «hablar y entender» para sacar adelante un acuerdo de una envergadura «pocas veces vista»
«Momento histórico» . Así definió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la rúbrica del pacto por la reconstrucción económica, el empleo y la cohesión social. Un documento de 86 medidas, en el que los grupos parlamentarios llevaban trabajando varios meses para «aportar esperanza» al futuro de una de las autonomías más castigadas por la pandemia.
Las únicas formaciones que no pusieron su sello en el acuerdo fueron Vox y Unión del Pueblo Leonés (UPL), por cuestiones internas, en el caso de la formación liderada por Santiago Abascal, ya que la ‘orden’ de no firmar llega desde Madrid, y disconformidad con varios puntos, en el caso de la UPL.
Los demás, – PP, Cs, PSOE, Podemos y Por Ávila (cuyo representante no pudo acudir al acto por cuestiones de agenda)–, coincidieron en que deben primar los castellanos y leoneses, antes que cualquier interés partidista, y que este acuerdo debe servir de ejemplo para todo el país, ya que solo Aragón ha sido capaz de aunar a todas las fuerzas políticas en un pacto similar. En Castilla-La Mancha el PP se descolgó de un acuerdo en el que sí ha entrado Ciudadanos.
Un acto institucional que se celebró en la Sede de la Presidencia, en un día en el que ganó el «diálogo y la concordia» , como manifestó el propio Fernández Mañueco, y en el que «se pone en valor» que han conseguido vencer «a la crispación» que asola a España, desde que comenzara el estado de alarma con «política con mayúsculas».
«Es un momento histórico, en el que renovamos la voluntad de dialogar, con este acuerdo de envergadura, pocas veces vista», manifestó. «Un pacto con altura de miras, abierto a la sociedad y a la participación», apostilló.
Y es que con este convenio «transversal», que baraja una aportación total de 1.100 millones de euros –780 millones para un plan social y 250 para la red sanitaria–, además de todas las líneas adicionales que ya han ido aplicando, Castilla y León busca implicar no solo a los agentes políticos sino también a los sociales y económicos, desde las universidades y asociaciones hasta las empresas y cámaras de comercio, para, como ya dijeron hace unas semanas, «no dejar a nadie atrás», en uno de los momentos más duros de la historia reciente.
Las m edidas recogidas abarcan tres ejes fundamentales en el entramado de la región, como son la sanidad, el empleo y la economía, y los servicios sociales, en los que también juega un papel importante la despoblación que arrastra la región. Unos pivotes que el presidente de la Junta definió como «el corazón de todas las políticas» y con los que tienen «un especial compromiso».
Los puntos recogidos en el documento de 20 páginas van dirigidos a debilitar la fuerza «del único enemigo común»: el coronavirus . Es evidente, como reconoció el número uno autonómico, que la recuperación va a ser costosa y eso es algo que también los grupos firmantes tienen claro, ya que el impulso se enfoca hacia el periodo de la legislatura, no de manera cortoplacista, por lo que habrá que «sacar fuerzas de flaqueza».
«Está claro que va a haber cambios sociales, en la forma de relacionarnos, pero también empresariales», afirmó Fernández Mañueco. «Nosotros tenemos que ser capaces de responder a las peticiones de la ciudadanía», añadió. Para ello los esfuerzos se dirigirán a la sostenibilidad, modernización y transformación digital, en una comunidad donde el sector primario copa una gran parte del tejido productivo.
«Hemos demostrado que estamos a la altura de la sociedad, han primado los intereses de los castellanos y leoneses, por encima de los partidarios, hemos conjugado los verbos hablar y entender», manifestó el presidente. «Un pacto no es un contrato de adhesión, es negociación, renuncias mutuas para la estabilidad institucional y social», continuó.
Movimientos que confirman la existencia de alternativas a la confrontación, donde «la fuerza surge de la concordia para hacer entre todos un futuro mejor» . Así, el presidente abogó por «sacar fuerzas de flaqueza para construir entre todos una sociedad más justa, cohesionada y solidaria» y hacer realidad las letras.
«Lo piden las personas y lo asumimos desde lo más profundo de nuestras convicciones de cada una de las fuerzas», concluyó.
Las propuestas, algunas bastante ambiguas y sin concreción de un futuro desarrollo, se dividen en cinco bloques: sanidad con criterios de calidad y equidad; recuperación de la economía y el empleo; protección social; funcionamiento de los servicios públicos; y un último sobre Castilla y León en la financiación, en la España autonómica y en la Unión Europea.
A pesar de que Podemos y PSOE reconocieron que hay puntos con los que no estaban muy de acuerdo y les faltaban medidas «más ambiciosas», el convenio salió adelante. Después de que este periódico tuviese acceso al documento del pacto y analizase varias de las medidas económicas, estos son algunos de los aspectos sociales y sanitarios que también se engloban en el extenso acuerdo.
ENTRAMADO SANITARIO . La recuperación de esta rama contará con una aportación de 250 millones de euros, con la intención de que Castilla y León figure con carácter estable entre las autonomías con mayor volumen de recursos destinados a gasto sanitario, fijando como referencia la orientación hacia el 7% del PIB.
El montante irá dirigido especialmente al refuerzo de la Atención Primaria; reforzar los dispositivos de salud; mejorar la estructura y la dotación de las UCI, como ya adelantó la semana pasada la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, hasta llegar a 235 camas en Castilla y León; plantear un sistema de aprovisionamiento de stockaje de protecciones; ir recuperando la normalidad de intervenciones quirúrgicas, consultas externas o pruebas diagnósticas. Así, la Junta de Castilla y León tendrá que dar cuentas periódicamente del uso del fondo.
ATENCIÓN PRIMARIA . Como punto primordial está la Atención Primaria, una de las cuestiones más controvertidas en Castilla y León desde que comenzó la nueva legislatura, donde el plan de Aliste copó casi todos los reproches políticos. El acuerdo valora definir el modelo de ordenación sanitaria, teniendo en cuenta la base de la calidad y equidad, aquí participarán expertos «designados por los grupos parlamentarios».
El plan de humanización, instaurado en los hospitales en el estado de alarma, se adaptará de forma permanente, y además se mantendrá el apoyo psicológico de profesionales. Otro de los compromisos es la contratación de profesionales y suministros sanitarios, además de especialistas de epidemiología y medina preventiva, aunque únicamente en este periodo de desescalada. Por el momento, la intención es que los consultorios locales «abran de inmediato», según afirmó el vicepresidente Francisco Igea, aunque habrá que pedir cita previa de manera telefónica «para poder realizar los triajes» y evitar rebrotes.
INVESTIGACIÓN . La investigación en ciencias de la salud, incentivando la cooperación con centros nacionales e internacionales, con principios de evaluación y revisión, innovaciones, factores digitales, sociales y ambientales. La región castellana y leonesa ha estado realizando desde finales de marzo ensayos PCR y test en sus laboratorios, para descargar al Instituto Carlos III, algo que ha puesto en valor su capacidad para ir más allá.
MODELO RESIDENCIAL . Este es uno de los puntos más llamativos. El vicepresidente del Gobierno central, Pablo Iglesias, pidió una Comisión de Investigación para dilucidar qué había pasado en los centros residenciales de la región. Esta exigencia ha quedado relegada, aunque el pacto firmado propone la revisión del modelo de atención residencial y adaptarlo a las nuevas circunstancias.
La intención de los grupos parlamentarios es reforzar la estructura y aplicar un plan de inspecciones anual con la incorporación de las nuevas tecnologías. Las condiciones de acceso y la formación de los directivos serán prioridad. Asimismo, se elaborará una Ley de Atención Residencial, con el mayor consenso de las fuerzas políticas. Una de las exigencias del PSOE a lo largo del estado de alarma, aunque ya venía de lejos, era la apertura de las plazas residenciales cerradas. En el acuerdo, se comprometen a incrementar un 25% las vacantes públicas.
Además, se incrementará un tercio las plazas de convalecencia socio-sanitaria, para después de intervenciones quirúrgicas y así velar por su seguridad.
DEMANDAS AL GOBIERNO . Desbloquear definitivamente el 50% de los gastos derivados de la Ley de Dependencia es el punto 48 del documento. Por otra parte, también se incluye la solicitud de gestión del ingreso mínimo vital, varias veces requerido por el propio Fernández Mañueco, como en País Vasco y Navarra.
La flexibilización de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración autonómica, para liberar los superávit de los Ayuntamientos y de la regla de gasto es otras de las exigencias.
Castilla y León además quiere participar activamente en la Unión Europea, para garantizar sus derechos, así como afianzar su posición común en las negociaciones de la nueva Política Agraria Común (PAC), que debe procurar la sostenibilidad, no solo económica y social, sino también la alimentaria, ya que en la región el sector primario tiene un gran peso en la producción.Castilla
y León solicitará además al Gobierno de Pedro Sánchez, una vez se haya aprobado el nuevo escenario de déficit y deuda, una «redistribución equilibrada y justa del marco de estabilidad presupuestaria», entre la Administración general del Estado y las autonomías.
EDUCACIÓN, BECAS Y TASAS . La brecha digital regresa a primer término. La pandemia ha evidenciado que hay alumnos con escasez de recursos, por ello, el pacto también recoge la garantía de «la equidad educativa, en colaboración con el Gobierno de España, para que nadie se vea privado de estudiar», si bien es cierto que el documento apostilla que esto será «durante la crisis sanitaria».
Así, añaden que Castilla y León sacará ayudas directas «a familias en situación vulnerable, con hijos en edad escolar para el acceso a ordenadores y conexión» por tres millones de euros.
Una de las exigencias del alumnado de universidades era la bajada de las tasas. En el acuerdo suscrito ayer por los grupos parlamentarios se pacta la reducción de las tasas de primera matrícula de grado, para el curso 2020-2021, y de primera matrícula de másteres para el curso 2021-2020, en las instituciones públicas de la región, hasta establecerlas, «como máximo», de forma pareja a la media de las distintas autonomías.
La reducción va acompañada «del incremento correspondiente en las transferencias corrientes a las Universidades para el próximo curso académico en una cantidad similar al impacto económico de la reducción acordada».
La Junta de Castilla y León establecerá «una convocatoria extraordinaria de becas para Bachillerato, FP y Universidad», durante el próximo curso, con una dotación de ocho millones. Además, adaptará la Formación Profesional a las necesidades del sector productivo y «las demandas de esta nueva etapa», llamada «nueva normalidad», fortaleciendo las competencias digitales.
Las universidades públicas también se verán involucradas en la dirección de investigación en una nueva Ley de Ciencia para relanzar políticas eficaces de I+D+I, con el objetivo de llegar a una inversión media pareja a otros países europeos.
MUNDO RURAL . Las entidades locales y el Ejecutivo avanzarán en la extensión universal de la banda ancha y de la telefonía móvil para garantizar la plena conectividad del medio rural allí donde los despliegues de las compañías operadoras no prevean llegar.
La implantación de centros integrados de Formación profesional en poblaciones rurales de tamaño medio también se baraja, garantizando al alumnado el desarrollo de la formación práctica en centros de trabajo situados en un entorno próximo al centro o a su lugar de residencia.
En cuanto al tema de la despoblación, Castilla y León buscará el reequilibrio de los vínculos urbanos y rurales y ofreciendo la respuesta a las nuevas realidades con una perspectiva rural a sus problemas. El documento plantea además la aplicación de medidas que supongan «un tratamiento fiscal favorable para el ámbito rural y solicitar al Gobierno de España idéntico objetivo en el ámbito de sus propias competencias».
Los grupos parlamentarios firmantes también abogan por profundizar en los aspectos que afiancen el sector agroalimentario, «dado su carácter estratégico, aún más en estas circunstancias», mediante el rejuvenecimiento, incorporación de la mujer, digitalización, equilibrio de los eslabones de la cadena alimentaria y promoción de la excelencia y calidad.
Por último, se incorporará «una cantidad igual o superior a la que directamente transfiera el Gobierno de España a la Administración» para atender las necesidades del sector agrario y agroalimentario. En todo caso, la Junta de Castilla y León desarrollará el programa Somos del Campo, con un fondo de contingencia que superará los 25 millones de euros.