Once años de cárcel para un burgalés por tráfico de drogas y depósito de explosivos

La Audiencia Provincial de Burgos condenó a un hombre, con iniciales A.C.R., a once años de prisión y una multa de 600.000 euros por los delitos de depósito de explosivos en un garaje de la plaza de San Bruno, en el barrio de Gamonal, y tráfico de drogas, según informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

En concreto, siete años de prisión por un delito contra la salud pública. La sentencia especifica que se trata de sustancias que causan un grave daño a la salud y concurre el subtipo agravado de notoria importancia, de acuerdo con los artículos 368 y 369.5 del Código Penal. Además de la privación de libertad, se le impuso una multa de 600.000 euros.

Fue hallado en posesión de más de 25 kilos de sustancias estupefacientes, incluyendo metanfetamina (speed), cocaína, ketamina, marihuana y hachís, con un valor de mercado de más de 398.000 euros. Se concluyó que las drogas estaban destinadas al tráfico, no al consumo personal. Por este delito, se le impone una pena de siete años de prisión, una multa de 600.000 euros, y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, según informa Ical.

A estos siete años de cárcel se suman otros cuatro años de prisión como autor de un delito de depósito de explosivos o sustancias inflamables, incendiarios o sus componentes, tipificado en el artículo 568 del Código Penal. El Tribunal ordena el decomiso de todas las sustancias y drogas intervenidas.

En su garaje, ubicado en una zona densamente poblada como es la plaza de San Bruno en el barrio de Gamonal, se encontraron 479 gramos de mezclas explosivas listas para detonar, 60 kilos de precursores y más de 200 productos químicos aptos para fabricar explosivos, además de material pirotécnico y herramientas de laboratorio.

Se determinó que el almacenamiento y manipulación de estas sustancias representaban un grave riesgo para la seguridad pública. Por este delito, se le impone una pena de cuatro años de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. No se reconocieron circunstancias atenuantes, ya que el informe médico forense descartó que el consumo de drogas afectara sus capacidades intelectuales o volitivas. Además, se ordena el decomiso y destrucción de las sustancias incautadas.

El condenado, quien permanece en prisión provisional desde el 4 de marzo de 2024, deberá asumir íntegramente el pago de las costas procesales derivadas del procedimiento judicial. La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL.