OPOSICIONES
Fiscalía investiga una denuncia por un posible amaño de una oposición de la Junta en Burgos
La institución facilitará «toda la información» que se requiera tras iniciar las pesquisas

Imagen de archivo de unas oposiciones en Castilla y León.
La Junta de Castilla y León facilitará «toda la información necesaria que se solicite» con el fin de esclarecer el presunto amaño de un examen de oposición que se realizó en Burgos el sábado 7 de junio. Lo confirmaba ayer el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, a raíz de las diligencias abiertas por parte de la Fiscalía de Burgos para determinar si realmente hubo irregularidades durante la prueba.
Según detalló Carriedo una vez celebrado el Consejo de Gobierno, la investigación incoada por el Ministerio Fiscal decidió se refiere a una serie de documentos autocopiativos de los test que, en principio, habrían sido reutilizados de exámenes anteriores. Por lo tanto, según recoge Ical, el consejero indicó que al menos alguno de ellos «podría haber tenido alguna marca».
El examen, con cientos de aspirantes para un proceso de selección de auxiliares administrativos convocado en septiembre de 2024, se celebró a principios de mes en diferentes sedes de la Comunidad. En el caso de Burgos, la prueba tuvo lugar en el Campus Milanera de la Universidad de Burgos (UBU).
A priori, según el portavoz del Gobierno regional, la denuncia interpuesta por una de las aspirantes «no afecta al examen» porque, a fin de cuentas, se pudo realizar «con normalidad». Además, los opositores allí congregados «firmaron la documentación correspondiente y en el momento del examen no se manifestó ninguna observación».
Abiertas las diligencias de investigación preprocesales con el número 34/2025 desde la Fiscalía de Burgos, este periódico ha podido confirmar que la denuncia fue interpuesta por una aspirante afilada a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que inmediatamente puso todos sus servicios a su disposición para brindarle «asesoramiento».
Por ahora, el sindicato prefiere no pronunciarse a expensas de que la investigación avance en el seno del Ministerio Público una vez denunciado el presunto amaño durante el examen. En este sentido, fuentes de CSIF abogan por «respetar la voluntad de la demandante» y no aportar datos concretos sobre los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía.
Lo que sí ha podido saber este diario es que la denuncia se presentó casi de inmediato. Es decir, tuvo claro desde el principio que debía trasladar esta situación a los tribunales al considerar que se estaban vulnerando sus derechos y, por ende, los del resto de personas que ese día concurrieron a una prueba tipo test. Así las cosas, en CSIF prevalece la cautela porque, según fuentes de dicho sindicato, «no sabemos si tendrá recorrido». No queda otra, por lo tanto, que esperar mientras la Junta se muestra dispuesta a colaborar para esclarecer lo ocurrido aportando toda la información que le sea requerida.