ABUSOS SEXUALES
Apartan al cura de un pueblo de Zamora por abuso sexual tras la denuncia de un joven
El Obispado retira del servicio al párroco y confirma «la existencia de un procedimiento canónico» por el caso , en el que habría también menor implicado que no ha denunciado

El Obispado de Zamora en una imagen de archivo
Nuevas acusaciones por posibles casos de pederastia en la Iglesia, en este caso en Zamora. La Diócesis de Zamora suspende y aparta del servicio eclesiástico al cura de un pueblo de Zamora tras la denuncia de un joven mayor de edad. En el supuesto caso de abuso sexual también habría otro menor, que eso sí este no habría denunciado.
La denuncia ante el juzgado contra el párroco se producía en abril de este año, según señalan las fuentes de la investigación, y era detenido, tras la intervención de la Fiscalía de Menores, en junio que se habrían producido durante su estancia en la localidad, entre 2022 y 2023, detallan las mismas fuentes de la investigación judicial. El párroco era posteriormente puesto en libertad con cargos.
Era el propio Obispado de Zamora quien, a través de un comunicado remitido a los medios y recogido por Europa Press, confirmaba «la existencia de un procedimiento canónico relacionado con una acusación formulada por las propias víctimas».
Ante esta situación, el obispo, Fernando Valera, iniciaba la correspondiente investigación previa canónica, en la que se recogían los testimonios y la documentación necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
Una vez concluida esta fase, el expediente era remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, organismo competente en esta materia, que examinaba las actuaciones realizadas y determinaba la apertura del correspondiente procedimiento canónico para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse.
Además, desde la Diócesis se ponían los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes y, según se destaca, «mantiene su plena disposición a colaborar con ellas en todo aquello que pueda ser requerido».
En el ámbito eclesiástico se adoptaban, además, según se indica en la nota y señala Europa Press, diversas medidas cautelares sobre el sacerdote: el cese temporal de sus oficios como párroco, la suspensión temporal del ejercicio público de su ministerio y la prohibición de participar en cualquier actividad en la que estén implicados menores de edad.
En todo caso, se deja claro que estas medidas tienen carácter preventivo «y no prejuzgan el resultado de los procedimientos en curso». «La Diócesis de Zamora reitera su compromiso firme con la protección de los menores y de las personas vulnerables, con el esclarecimiento de cualquier situación de esta naturaleza en colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes», remarca el comunicado de la institución eclesiástica.
Del mismo modo, el Obispado manifiesta «su disposición a la escucha, acogida y acompañamiento de las personas implicadas, a la vez que solicita prudencia mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes, que deberán llevarse a cabo con todas las garantías para la parte denunciante y con el debido respeto a la presunción de inocencia del acusado».
Un posible nuevo caso de pederastia en la Iglesia que, en palabras de las mismas fuentes próximas a la investigación, se habría producio entre los años 2022 y 2023.
Conviene recordar que recientemente, concretamente en enero de este año, el Gobierno y la Iglesia sellaban un acuerdo para la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia, para las que ya no es posible la vía judicial porque los hechos están prescritos o sus autores fallecidos.
Un acuerdo, sellado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, por el que se crea un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. Algo que será supervisado por el Defensor del Pueblo, institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación.