Transportes declara "reservado" el expediente de supresión de paradas de Sanabria: "Podría perjudicar a Renfe"

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible considera de carácter “reservado” la información utilizada para la reorganización de servicios en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, que conllevó la supresión de paradas en la estación de Otero de Sanabria (Zamora) el pasado mes de junio.

“Su difusión podría perjudicar la posición de Renfe frente a otros operadores”, dijo la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, en una respuesta oral al diputado del PP Óscar Ramajo en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.

En ese sentido, Rocío Báguena explicó que los cambios aplicados por Renfe en el corredor Madrid-Galicia corresponden a servicios comerciales en un mercado “liberalizado”, por lo que negó, como había apuntado el diputado del Partido Popular, que se trate de obligaciones de servicio público. De hecho, sostuvo que atienden criterios de “eficiencia”, “calidad en el servicio” y “demanda real”, informa Ical.

Asimismo, el diputado del PP Óscar Ramajo aseguró que “no es secreto de estado” la supresión de las paradas del AVE en Sanabria (Zamora) por lo que negó que sea información “confidencial y reservada”. “Tenemos derecho a conocer el expediente que lo motiva”, dijo, porque aquello fue una decisión “política” a petición del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.

Tras seis movilizaciones, la última este fin de semana en Vigo, avanzó nuevas protestas porque aseguró que no van a parar hasta que se recuperen las paradas suprimidas. “Puente es un mentiroso”, dijo, ya que consideró que esconde el expediente para que no se sepa “la verdad”.

Talleres de Miranda

Por otra parte, la secretaria general de Transporte Terrestre defendió la “reconfiguración estratégica" de los talleres de Renfe en Miranda de Ebro (Burgos), que aseguró buscar reforzar su posición como “nodo ferroviario industrial”, por lo que aseguró que esta “reorganización” no supondrá ni la pérdida de empleo, ni el cierre de instalaciones en el municipio.

Al contrario, señaló que la compañía no está llevando un plan de desmantelamiento de la sociedad Renfe Mercancías, sino una profunda transformación de las instalaciones de Miranda para garantizar el empleo y modernizar los medios productivos y sus instalaciones para que pueda afrontar las nuevas necesidades del parque ferroviario. De hecho, señaló que se busca ampliar el número de trenes que puede albergar para labores de mantenimiento y prepararlas ante la llegada de vehículos autopropulsados, por lo que señaló que se prevé invertir 5,2 millones hasta 2030.

Por su parte, el diputado ‘popular’ Ángel Hernández acusó al Ministerio de “engañar” a los trabajadores de Miranda, que señaló no tienen información oficial y temen que el ministro del “caos” y la “mentira”, Óscar Puente, actúe de la misma forma que con las paradas del AVE o de los autobuses. En su opinión, existe un plan para desmantelar Renfe Mercancías y el taller de Miranda.

“No garantiza absolutamente nada, ni carga de trabajo, ni los empleos directos e indirectos”, señaló el diputado del PP quien consideró que Puente está desmantelando Renfe Mercancías y los talleres de Miranda, igual que está “dejando morir” al AVE en Castilla y León.

Respecto a la conexión entre Logroño (La Rioja) y Miranda de Ebro (Burgos), aprobada por el Parlamento de La Rioja en el año 2021, la secretaria general de Transporte Terrestre defendió que el estudio de viabilidad apuesta por otras alternativas, por lo que se licitará el estudio informativo en 2026 que analizará con más detalle las distintas posibilidades, que exigirán entre 225 y 400 millones.

Además, garantizó que habrá un intercambiador en Miranda para conectar con la alta velocidad Burgos-Vitoria y un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes de mercancías de 740 metros. Sin embargo, el ‘popular’ Javier Merino arremetió contra siete años retraso del Gobierno de Pedro Sánchez. “Nos tratan como si fuéramos de segunda”, dijo.

Inversiones en Burgos

En cuanto al Corredor Noroeste, la secretaria general de Transporte Terrestre defendió que avanza a “paso firme” para favorecer una movilidad “más verde” y “vertebrada”. De hecho apuntó que el Ministerio espera tener aprobados los proyectos de plataforma de toda la línea entre Burgos y Vitoria en el tercer trimestre de 2026, tras iniciarse la ejecución de las obras entre Pancorbo y Ameyugo (Burgos) en septiembre de este año.

Por otra parte, a petición del diputado socialista por Burgos Álvaro Morales, la secretaria general de Transporte Terrestre remarcó que desde junio de 2018 se han invertido 591 millones en su provincia, de los que 127 son para obra nueva y 461 para conservación, a los que se unen tres proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, se han puesto en servicio dos tramos nuevos de autovía de 18 kilómetros, con un desembolso de 68 millones.

En cuanto a las actuaciones en ejecución, Rocío Báguena destacó los 304 millones del tramo de la Autovía del Duero (A-11) entre Langa y Aranda de Duero, adjudicado en mayo, y del tramo de la A-73 entre Quintanaortuño y Montorio, así como el enlace de la A-11 y la N-122 en Castrillo de la Vega.

Además, destacó que están trabajando en 16 proyectos por 601 millones como el aumento de capacidad de la AP-1, el tramo de la A-12 de Burgos a Ibeas de Juarros, por 126 millones, entre otros.

Transportes sigue sin tomar "ninguna" decisión sobre el modelo de gestión de la AP-6, la AP-61 y la AP-51 a partir de 2029

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue sin adoptar “ninguna” decisión por el momento sobre el futuro modelo de gestión de las autopistas AP-6, la AP-61 y la AP-51, que comunican Castilla y León con Madrid, dado el tiempo que resta hasta la finalización de la concesión el 19 de noviembre de 2029.

Así lo trasladó este lunes la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, en su respuesta oral al diputado ‘popular’ Héctor Palencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, quien acusó al Ministerio de estar ocultando la documentación y de no respetar los derechos que asisten a los parlamentarios y que recoge la Constitución.

En ese sentido, la secretaria general de Transporte Terrestre no aclaró que ocurrirá a partir de 2029 a pesar de la insistencia del diputado para que dijera si habrá de nuevo un peaje en la AP-6, la AP-61 y la AP-51 o si en cambio estas autopistas pasarán a ser de uso gratuito. Por el contrario, argumentó que el actual Gobierno ha liberalizado las autopistas cuando han finalizado las concesiones y, como ejemplo, puso a la AP-1 en Burgos.

Héctor Palencia, sin embargo, señaló que la respuesta dada no es propia del Parlamento sino una “excusa de visita de colegio en el Ministerio”, por lo que acusó a Transportes de “mentir y engañar”. “Hubiera preferido que me hubiera dado la previsión meteorología”, dijo el diputado del PP por Ávila, quien rechazó la “palabrería” de la secretaria general, a la que advirtió de que todo “se acabará sabiendo”.

Según señaló, el Ministerio se niega pese a sus repetidos intentos a facilitar el acuerdo alcanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la Comisión Europea y que se recoge en la comunicación de 2011 de Bruselas en respuesta al ‘non-paper’ remitido por España, ya que dice que la nueva licitación se hará por un periodo de siete años. “Son una mafia”, que “ha secuestrado la democracia”, ya que se admite a instituciones como el Defensor del Pueblo lo que se niega a los diputados, denunció Palencia.

De nuevo, la secretaria general de Transportes recordó que la concesión comenzó en 1999, cuando se estableció una duración mínima de 32 años y máxima de 37, por lo que finalizaba en 2036, un plazo que debería haberse fijado transcurridos 20 años, si bien antes se produjo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en abril de 2010 reconocía la vulneración de las normas de contratación.

Esto llevó al Gobierno a fijar en 2012 una reducción de siete años en la concesión y se fijó en 2022 su finalización en 2029, así como la obligación de licitar la explotación por el periodo de siete años que se minoró el contrato con Castellana de Autopistas, sin que por el momento se haya adoptado ninguna decisión.

Finalmente, Rocío Báguena explicó que el Ministerio de Transportes no puede facilitar el primer avance del estudio de actuaciones contratado para estas autopistas, correspondiente a la Fase A, tras la finalización de la concesión, porque es un documento no aprobado.