La Diócesis de Zamora investiga dos casos de abuso archivados y otros dos de los 90

La Oficina diocesana de Zamora para la atención y protección a víctimas de abusos intervino en 2024 en tres "situaciones relevantes" gestionadas según los protocolos establecidos y en coordinación con las autoridades, según recoge la Memoria de actuaciones expuesta este viernes por la Diócesis y a la que ha tenido acceso Ical.

La Diócesis de Zamora hizo público su balance anual en materia de protección de menores y prevención de abusos, con un ejercicio de transparencia que incluye la tramitación de cinco denuncias a lo largo del último año, tres de ellas canalizadas a través de la Oficina Diocesana de Protección del Menor y otras dos que llegaron directamente al Obispado. 

Entre los casos más relevantes se encuentra el de un sacerdote jubilado que fue denunciado por otro clérigo por presuntos abusos a una menor. Tras recibir la información, la Diócesis activó el protocolo establecido, notificó a la Fiscalía —que finalmente no actuó de oficio— y aplicó un decreto penal canónico mediante el cual se le prohibió realizar cualquier función pública o tener contacto con menores, además de imponerle una vida de oración y penitencia. 

Otro de los casos involucró a un voluntario de un proyecto educativo de Cáritas, que fue apartado inmediatamente tras detectarse comportamientos inadecuados a través de WhatsApp y la invitación de un menor a su domicilio. Esta denuncia también se puso en conocimiento de la Fiscalía, que en julio de 2024 decidió archivar la causa. 

Asimismo, se atendió el caso de una madre que denunció a su exmarido por presuntos abusos sexuales hacia sus hijas, aunque el hecho no ocurrió en un contexto eclesial. En este caso, la diócesis se centró en el acompañamiento psicológico y el asesoramiento legal para la madre, priorizando su empoderamiento en la defensa de sus hijas. 

Completan el balance dos testimonios de hechos ocurridos a finales de los años 80 y principios de los 90 que señalan a clérigos ya fallecidos, uno de los cuales ha sido remitido incluso a la Rota Romana, la instancia suprema de la justicia canónica.

"La tarea preventiva, discreta y constante, es la verdadera clave para proteger, cuidar y acompañar a quienes más lo necesitan. Detrás de cada número hay rostros, historias y heridas que exigen el máximo respeto", subrayó el obispo de Zamora, Fernando Valera.

"El compromiso de la Diócesis es una política de tolerancia cero, acogida a las víctimas, formación continua de agentes pastorales y cooperación total con las autoridades judiciales y civiles. La Iglesia no puede volver la vista a otro lado. Nuestro compromiso es firme e inquebrantable", añadió.

Monseñor Valera Sánchez hizo estas declaraciones en el Obispado de Zamora, durante un encuentro con los medios de comunicación en el que, además de la exposición del balance de actuaciones de la Oficina diocesana de atención a víctimas de abusos, se presentó el Proyecto Kumi, una nueva iniciativa de la Diócesis destinada a la atención integral de las víctimas de abuso, "impulsada como expresión concreta del compromiso de la Iglesia con la verdad, la justicia, la reparación y la prevención".

Se trata de una nueva estructura diocesana que asume las funciones de la antigua Oficina de Protección, ampliándolas desde "una perspectiva más integral de reconocer, prevenir, atender y reparar".

El proyecto estará al servicio de cualquier víctima, dentro o fuera del ámbito eclesial, y se rige por los principios de confidencialidad, gratuidad y derivación oportuna a la justicia civil y canónica cuando corresponda.

Durante el pasado curso pastoral, se desarrollaron acciones formativas dirigidas a 135 menores y a 22 padres y madres para "generar conciencia y cultura preventiva". Además, una veintena de catequistas recibió formación específica y más de cien monitores participaron en sesiones sobre los protocolos de actuación ante casos de abuso.

El equipo interdisciplinar del Proyecto Kumi está formado por profesionales con una "sólida trayectoria" en ámbitos sociales, educativos, sanitarios y pastorales, y encabezado por Eutimio Contra, educador durante 23 años en la Universidad Laboral y gerente territorial de Servicios Sociales durante dos décadas. Participa activamente en numerosos proyectos sociales y culturales.

También forman parte del proyecto Valentina Vecino, funcionaria del Insalud durante 29 años y con 15 años de experiencia laboral en el Consejo Consultivo de Castilla y León; Alicia Dávila, psicóloga general sanitaria y psicoanalista, con consulta privada y docente del Máster de Habilitación Sanitaria en la UEMC (Valladolid).

Además, Concepción Álvarez es la acompañante espiritual. Es religiosa del Amor de Dios, con 18 años como consejera y secretaria general. Ha trabajado en Alemania en pastoral directa, educación y atención a emigrantes. Actualmente, es superiora en la casa fundacional de la congregación.

Pedro Faúndez, vicario general y vicario judicial de la diócesis de Zamora es el asesor canónico y jurídico.