Diario de Castilla y León

SANIDAD

Las personas con discapacidad exigen a la Junta mejorar la atención sociosanitaria en Castilla y León

Cocemfe reclama la integración del bienestar emocional como un derecho recogido en todas las políticas públicas de salud y la "garantía" del tratamiento del dolor crónico

María Muriel, socia de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

María Muriel, socia de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y OrgánicaICAL

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Diario de Castilla y León | El Mundo
Valladolid

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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Castilla y León ha elaborado una lista de peticiones en materia de salud a la Consejería de Sanidad como la mejora de la atención sociosanitaria en el medio rural de la Comunidad, una coordinación “más eficaz” entre ambos sistemas, la garantía del tratamiento del dolor crónico a través de las unidades de afrontamiento, la integración del bienestar emocional como un derecho recogido en todas las políticas públicas de salud y más humanización en los cuidados mediante la escucha a las personas con discapacidad.

Una vez finalizada la Semana de la Salud, que organiza Cocemfe y su movimiento asociativo, que aglutina a 93 asociaciones y atiende a 13.000 personas con discapacidad física y orgánica en la Comunidad, la entidad ha planteado unas propuestas que considera “fundamentales” para la mejora de la salud y la atención sanitaria de las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas.

Cocemfe recordó que las personas con discapacidad son “especialmente vulnerables” ante cualquier deficiencia del sistema sanitario, con un impacto directo en su salud, autonomía y calidad de vida. Por eso, ante la reducción y limitación de días de consulta o la unificación de servicios en el medio rural, reclamó el refuerzo “urgente” de la atención sanitaria con consultas médicas regulares y suficientes.

También, reivindicó la incorporación de más especialistas que permita reducir las derivaciones fuera de la provincia, algo que obliga a realizar desplazamientos “largos y complicados” para recibir una atención sanitaria básica. Además, abogó por la reducción efectiva de las listas de espera, tanto para consultas especializadas como para pruebas diagnósticas y tratamientos, mediante más recursos humanos y materiales.

Otra de las peticiones es mejorar la formación y refuerzo de los profesionales sanitarios, disponibles en las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico, e informar a pacientes y a público en general sobre estas patologías. En este sentido, pidió el impulso de un abordaje multidisciplinar, integrando medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología y otras disciplinas que ya están obteniendo resultados positivos en atención primaria.

“Es necesario invertir en investigación sobre el dolor en el ámbito autonómico, y potenciar la colaboración con las asociaciones de patologías que cursan con dolor crónico en Castilla y León, pertenecientes a Cocemfe, para valorar la eficacia de los tratamientos aplicados por la Consejería de Sanidad”, precisó.

Pedimos también que se cumplan los protocolos ya desarrollados en la comunidad en relación al tratamiento del dolor crónico, y establecer aquellos de derivación rápida entre Atención Primaria y Atención Especializada para casos complejos.

En la atención y promoción de los derechos y de la autonomía personal de la infancia con discapacidad, pidió garantizar el acceso a recursos, servicios y terapias sociosanitarias, que estén ajustadas a sus necesidades en función del ciclo vital y la situación de salud concreta del menor.

Para ello, propuso una mayor especialización de los profesionales en el tratamiento de determinadas enfermedades raras, y contar con organizaciones de pacientes y personas con discapacidad vinculadas a su organización, para la sensibilización sobre estas patologías.

De forma paralela, señaló que la detección precoz de diversas patologías no debe depender del lugar de nacimiento. Por eso, a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), campaña de recogida de firmas, propone avanzar hacia un programa de cribado neonatal más amplio y homogéneo en todo el país, basado en la evidencia científica y que garantice las mismas oportunidades para todos los recién nacidos, reduciendo así las importantes desigualdades entre comunidades autónomas. No en vano, recordó que mientras en Castilla y León se analizan 20 enfermedades, en Galicia son 39 y en Canarias, 49.

El listado de peticiones remitido a la Junta incluyó la necesidad de mejorar la coordinación entre los sistemas sanitario y social, para garantizar una atención integral y adaptada a las necesidades de cada persona con discapacidad. Y es que denunció que, en algunos casos, existe una desconexión entre ambos ámbitos que repercute directamente en la falta de consultas rápidas para medicación, terapias o cirugías, y en la continuidad de los cuidados, especialmente en situaciones de enfermedades crónicas o de alta complejidad. Por ello, propone una reorganización y optimización de los recursos disponibles; mejorar la comunicación entre Atención Primaria, hospitales y servicios sociales para evitar duplicidades, y desarrollar un sistema de información unificado que permita el acceso a cada historia clínica y social.

El comunicado, recogido por Ical, apuntó que las personas con discapacidad reclaman una atención que incorpore plenamente sus derechos, y que no agrave su dolor emocional y social. Por eso, exigió una escucha activa al paciente con el tiempo y la información necesarias para permitirle tomar sus propias decisiones, que pueden afectar a su salud, esperanza de vida y evolución de su enfermedad, y le permita ejercer su derecho de autodeterminación y expresarse.

Otras demandas es eliminar las barreras que tienen las mujeres y las niñas con discapacidad física y orgánica en el acceso a los servicios sanitarios, ya que es habitual que reciban diagnósticos médicos centrados exclusivamente en su discapacidad, sin atender a otras causas. “Los servicios de planificación familiar o ginecológicos son espacios llenos de obstáculos, y no solo físicos”, lamentó Cocemfe.

Por último, pidió un reconocimiento del bienestar emocional como un derecho, incorporándolo en políticas públicas de salud, servicios sociales y discapacidad. “Es imprescindible reforzar la atención psicosocial pública y garantizar apoyo psicológico continuado y de calidad. Para evitar fragmentación en los tratamientos, se deben integrar los servicios sanitarios, sociales y comunitarios”, añadió.

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