La Junta lleva descalificadas 654 viviendas protegidas en doce años en Valladolid con arreglo a la ley

La descalificación de viviendas protegidas, una vez transcurridos los años que la ley obliga a que tengan el régimen de VPO, es clara en Castilla y León. La realidad de los datos recoge que, en el caso de Valladolid, la Junta de Castilla y León lleva descalificadas 215 viviendas protegidas, es decir VPO, en los últimos doce años, desde 2015. Y, todas ellas, con arreglo a la ley. Normativa que es igual de clara que los datos, que son lo que son y fijan que si la comparación se realiza desde 2016 hasta este 2026, el número de pisos VPO descalificados en la provincia vallisoletana con arreglo a la ley son 203.

El régimen de descalificación de una vivienda protegida de promoción privada, y el resto de su régimen jurídico, es claro y se rige, según las fuentes consultadas por este periódico, por la Ley de Vivienda autonómica de 2010, siempre que la calificación del edificio como VPO se hubiera producido con posterioridad a su entrada en vigor, lo que es lo mismo, cuando esa calificación sea posterior al 8 de septiembre de 2010.

Es más, es un mandato recogido por la propia ley de 2010, que así lo contiene en su Disposición Transitoria Segunda. En ella se señala que, para garantizar un principio esencial de seguridad jurídica y la aplicación del derecho en el tiempo, se establece una norma muy precisa de derecho transitorio, habitual en cualquier regulación, conforme a la que las viviendas de protección pública calificadas con anterioridad a la presente ley se sujetarán al régimen jurídico al amparo del cual se calificaron. Dicho de otra manera, para viviendas calificadas como VPO con anterioridad a la norma de 2010, la propia norma ordena que se aplique, en estos casos, el régimen anterior.

¿Y cuál es esa norma anterior para la descalificación de VPO anterior a la Ley autonómica de 2010? Pues el RD-ley 1/1978 y el Decreto 2114/1968 que, pese a ser normativas anteriores a la Constitución, siguen generando efectos, igual que lo siguen generando otras como la Ley de Expropiación Forzosa o el propio Código Civil.

Una norma que lo que viene a indicar es que el propietario podrá solicitar la descalificación de una vivienda protegida, transcurridos 15 años desde la calificación definitiva, y el órgano administrativo competente, en este caso el Servicio Territorial, podrá concederla motivadamente, una vez comprobado que no se derivan perjuicios para terceros y que se ha realizado el reintegro de cuantas ayudas, préstamos o anticipos que haya recibido el solicitante, así como que este haya ingresado el importe de las exenciones y bonificaciones tributarias de las que hubiese disfrutado.

Así es y así se aplica, sin ir más lejos en Asturias donde, con un gobierno de socialista Adrián Barbón, el régimen actual de descalificación es como el de 1968, es decir con arreglo a una ley franquista. Y en Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García-Page, el régimen es muy similar al de Castilla y León, pero aún más laxo, porque no se pide intervención de la administración original titular del suelo, como sí hace la Junta con la Ley autonómica de 2010.

Una descalificación de VPO que se cuela en la campaña de las elecciones autonómicas del 15-M en forma de polémica tras una filtración interesada, y fruto de la desesperación electoral en la que está sumido el PSOE, del efímero senador socialista Marcial Barba, que trabaja como arquitecto técnico en la Junta de Castilla y León y que parece quiere hacer méritos para volver al a política.

En el conjunto de la Comunidad, las cifras vienen a evidenciar que, en los últimos doce años, de descalificaron 654 viviendas de protección hasta este 2026, y todas ellas con arreglo a la Ley. Según los datos publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León, entre 2016 y 2026 son 572 las VPO que lograban su descalificación al amparo de la ley, a una media de medio centenar al año.

Por provincia, Valladolid con 203 desde 2016 lidera el ránking, seguida de León (97), Salamanca (95), Palencia (49), Burgos (40), Segovia (36), Ávila (28), Zamora (17) y Soria (7). Todas con arreglo a la ley y sin ningún tipo de informe en contra.