La Junta antepone "el gasto de la calidad de vida de los ciudadanos al interés del presidente de las Cortes"
Pollán requiere por carta que se le abone los 11,6 millones de euros adeudados al Parlamento
Carriedo asegura que se debe a que el Gobierno no ha transferido 600 del modelo de financiación
Carriedo en una imagen de archivo.
El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha enviado una carta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la que le exige el abono «inmediato» de los 11,6 millones de euros que el Ejecutivo autonómico adeuda al Parlamento, tras no haber realizado los libramientos correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2025.
En la misiva, Pollán califica el asunto como de «máxima urgencia e importancia» para garantizar el correcto desarrollo de las funciones que corresponden a la Cámara autonómica. El retraso en los pagos, advierte el presidente de las Cortes, podría poner en riesgo tanto el funcionamiento institucional como el cumplimiento de las obligaciones corrientes de pago, incluidas las nóminas del personal.
El presidente de las Cortes recuerda que esta situación no tiene precedentes en legislaturas anteriores, ya que «la Junta había venido cumpliendo de forma diligente con la obligación legal recogida en la disposición adicional segunda de la Ley de Hacienda y del Sector Público de Castilla y León». Una norma que, subraya, obliga a realizar las transferencias, «aunque el Gobierno central hubiera prorrogado sus presupuestos o hubiese dejado de ingresar determinadas cantidades, razones esgrimidas en prensa por fuentes de la Junta para justificar el retraso en los pagos a las Cortes».
Pollán también rechaza los argumentos que pretenden justificar el impago con el hecho de que las Cortes disponen de remanentes. Aunque admite que ese dato es cierto, recuerda que disponer de remanentes no exime al Ejecutivo de cumplir sus obligaciones legales, ni autoriza a desviar recursos destinados a otros fines.
«Comprenderá la necesidad de que se resuelva de forma urgente esta anomalía que atenta contra la autonomía presupuestaria de la Cámara», concluye el presidente del Parlamento en su carta, para no verse «obligados a valorar qué medidas adoptar para garantizar el cumplimiento por parte de la Junta de sus obligaciones y el correcto funcionamiento de las Cortes.
Ante estas exigencias por parte del presidente de las Cortes, Pollán se ha encontrado una respuesta en la voz de la Junta. Una respuesta que deja claro que no es la prioridad, sino que lo son los ciudadanos de Castilla y León. De este modo, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, alude que el Gobierno autonómico eligió pagar los gastos relacionados con la vida de la gente y «no tanto los intereses del presidente de las Cortes», máxime cuando la Cámara dispone de remanente para hacer frente a los pagos.
«Hemos preferido pagar 50 millones de euros de las subvenciones de alquileres de vivienda o los pagos ordinarios de las competencias relativas a Educación, Sanidad o Servicios y Sociales», resaltó en declaraciones a Ical.
Carriedo reconoce que la Junta todavía no ha pagado a las Cortes los 11,6 millones que le adeuda, correspondiente a los pagos del segundo trimestre, debido a que el Gobierno central no ha transferido las actualizaciones del modelo de financiación, que suman más de 600 millones de euros y que la prioridad, en estos casos, pasa por concentrar los gastos en aquellos asuntos relacionados con la calidad de vida de los castellanos y leoneses.
Por último, recuerda que el remanente de las Cortes se verá mejorado este 2025 por la aportación que ya hizo la Junta para sufragar alguno la celebración del Día de la Comunidad, que anteriormente pagaba la Fundación Villalar, y agregó que espera que el Gobierno transfiera la inversión que adeuda para el funcionamiento regular de Tesorería.
De esta forma, el impago de esos 11,6 millones de euros de la Junta a las Cortes ha provocado un episodio de tensión entre ambas administraciones. Coincide, además, que esta polémica se produce en una etapa estival en la que la actividad política es más reducida y, en el caso del Parlamento autonómico, casi nula, ya que los procuradores y procuradoras hace ya semanas que arrancaron sus cerca de tres meses de vacaciones que se dilatarán, al menos, hasta bien entrado septiembre.