La UVA se refuerza en la lucha contra el 'bullying' y el ciberacoso

La Universidad de Valladolid sigue avanzando para dotarse de las herramientas óptimas para garantizar el mejor clima de convivencia entre sus miembros. El pasado mes de marzo, el Consejo de Gobierno de la UVa aprobó su nuevo Protocolo de prevención y actuación frente al acoso, un documento que sustituye a los dos textos previos –en materia de prevención e inhibición del acoso en el ámbito laboral y de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo para el alumnado– incluidos en el Régimen de desarrollo de la política institucional contra las diferentes formas de acoso en la Universidad de Valladolid, de 2019. La atención al bullying (el acoso entre estudiantes) y al ciberacoso son las principales novedades del reglamento, que contempla cauces de actuación más rápidos, simplificando y acortando los procesos.

En la última memoria de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, la correspondiente al curso 2023-2024, la que era su responsable –tras nueve años de desempeño, Milagros Alonso Trigueros cedió el testigo como Defensora, el pasado 26 de mayo, a Ana Velasco– lamentaba que era «especialmente preocupante» el incremento de «situaciones de conflictos interpersonales que manifiestan insultos, enfrentamientos y amenazas entre miembros de la Comunidad Universitaria».

«La universidad no está fuera de la sociedad, y forma parte de una que cada vez está más polarizada, en la que esos discursos de odio están normalizados y se generalizan en las redes sociales, sobre todo entre las personas más jóvenes. Son discursos que fluyen con mucha facilidad. Siguen siendo minoritarios, pero es verdad que hace unos años esto era una cosa muy excepcional, y ahora cada curso tenemos unos pocos casos... Los suficientes como para preocuparnos», explica en declaraciones a este diario Milagros Alario, en el que ha sido su despacho durante cerca de una década.

Dos carteles conviven a la entrada de su oficina. Designan lo mismo, pero los matices cuentan. El primero data de finales de los años noventa, cuando Tomás Sánchez Giralda se convierte en el primer responsable de la institución: ‘Defensor de la Comunidad Universitaria’, reza la placa. El segundo, más acorde al lenguaje de estos tiempos, da cuenta además del trabajo de equipo –así ha sido siempre, desde aquel 1999– que se hace en la segunda planta del Edificio Rector Tejerina: ‘Defensoría de la Comunidad Universitaria’.

«El Defensor cuenta con un equipo formado por un adjunto representante del profesorado, un adjunto de los estudiantes y un adjunto del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios)», apunta Velasco. Toda la comunidad universitaria se encuentra representada.

Diferentes sensibilidades por primera vez consideradas al mismo nivel de importancia en el nuevo Protocolo de prevención y actuación frente al acoso, que contempla cinco supuestos objetivos de aplicación –acoso laboral; sexual; por razón de sexo; por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o característica sexuales; y por otros tipos de acoso discriminatorio– tanto en el ámbito del personal de la UVa, como en el del estudiantado y en el de las relaciones entre los primeros y los segundos.

Sea quien sea el afectado, el procedimiento de actuación contempla en cada caso los mismos pasos: la iniciación del expediente a instancias de la persona afectada; la valoración inicial por parte de la Defensoría, que tiene 5 días para adoptar una decisión, que puede ser desde archivar el expediente, hasta proponer una mediación, dar traslado del caso a la Comisión de Prevención y Actuación en Materia de Acoso, proponer al rector medidas cautelares o remitir el caso al Ministerio Fiscal o la autoridad judicial; una fase de instrucción a cargo de la citada Comisión, que deberá reunirse en un plazo máximo de 10 días; la redacción de un informe motivado que recoja los antecedentes, las actuaciones practicadas y las medidas a adoptar, que ha de estar listo antes de que se cumpla el mes desde el comienzo del proceso; la resolución por parte del Rector en el plazo máximo de diez días hábiles; y el seguimiento y control por parte de la Comisión de las medidas adoptadas.

«El protocolo de acoso es una cosa muy específica, se activa pocas veces. Es lo más parecido a un juicio. Tiene un procedimiento complejo y largo que requiere de una aportación de pruebas; son casos bastante graves. Sin embargo, hay otros casos en los que no llega a activarse el protocolo, pero que son problemas fruto de conflictos interpersonales, de mal comportamiento, de malas relaciones... No tiene por qué haber acoso para que haya un conflicto interpersonal», advierte Alario.

En la citada memoria, por ejemplo, se refieren casos como el de unas amenazas anónimas a una directora de departamento; o el de unos insultos a una profesora a la que dedicaban dibujos de carácter ofensivo y sexista; o el de una estudiante que ha cambiado de sexo y que recibe por parte de sus compañeros alusiones transfóbicas, homofóbicas y discriminatorias; o el de las amenazas que profiere una persona que ha quedado segunda en un concurso, contra el jurado y el ganador...

Con todo, suponen una pequeña parte del trabajo de la Defensoría, que en el curso 2023-2024 registró 170 expedientes de intervención. Un 26% (44 casos) tuvo que ver con incidencias en la evaluación de exámenes, un 13% (22) estuvo relacionado con temas laborales –concursos, reconocimiento de trienios...–, y un 12% (20) con la gestión de matrículas y certificados académicos, por citar los casos más comunes.

La puesta en marcha del nuevo Protocolo de prevención y actuación frente al acoso de la Universidad de Valladolid obedece también a la necesidad de adecuarse a la nueva normativa desarrollada en los últimos años, como la Ley 3/2022 de Convivencia Universitaria –de carácter estatal– o las Normas de Convivencia de la Universidad de Valladolid, de abril de 2023.

«Había que ajustarse a ese nuevo marco. Esa Ley de Convivencia, por ejemplo, contempla un régimen sancionador para los estudiantes que era necesario, teniendo en cuenta que hasta entonces contábamos con un reglamento disciplinario que era franquista, que databa de 1954. A partir de esa nueva ley se han puesto en marcha comisiones de convivencia, o se han definido comportamientos conflictivos, entre los cuales entra el acoso entre iguales o el mobbing. Todo eso había que incorporarlo a la regulación de las universidades», explica Milagros Alario Trigueros.

Nuevos marcos. También nuevas perspectivas. Durante mucho tiempo se cuestionó que el bullying y el ciberacoso fueran posibles en el sistema universitario español, al entender equivocadamente que los estudiantes tienen ya una madurez que minimiza los problemas de acoso –como señalan en el estudio Ciberacoso en estudiantes universitarios antes y durante el confinamiento por la COVID-19 los profesores de la Universidad de Granada María Jesús Caurcel y Emilio Crisol–. «El bullying antes no se tenía en cuenta en la universidad, porque se pensaba que era una cosa de enseñanzas no universitarias. Pero lo cierto es que llega a las aulas una generación con unas formas de hacer, con un sistema de relaciones que a veces genera conflictos», admite a este diario la Defensora saliente.

En ese «sistema de relaciones», advierte Alario, las redes sociales tienen un papel determinante. «No las dejas a la puerta cuando entras en una clase universitaria. Siguen estando ahí, y eso hace que todo se vuelva mucho más complejo: el sistema de comunicación interpersonal de los estudiantes, del profesorado o del PTGAS de todas las universidades ya es un sistema mixto. Lo que antes podía ser un conflicto personal en un pasillo, que no llegaba a más, ahora, a través de unas redes que suelen ser privadas, eso se complica», subraya Alario.

Y no siempre los jóvenes son conscientes del comportamiento inadecuado. «No siempre es fácil llegar a los jóvenes, que han de saber lo que no pueden hacer», apunta Velasco. El pasado curso, el equipo de la Defensoría de la Comunidad Universitaria visitó distintos centros de la UVa para dar a conocer las Normas de Convivencia. «Es necesario hacerles conscientes de que ciertas acciones que ellos consideran una bobada son sancionables por ese reglamento», abunda Milagros Alario, que recuerda con frustración cómo en una ocasión no lograron mediar a tiempo en una situación de acoso entre estudiantes y la víctima acabó dejando la UVa para continuar su formación en otra universidad, mientras que el hostigador seguía haciendo su vida sin mayores consecuencias, como si nada hubiera pasado.

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