Detenidas dos personas por caza furtiva en un pueblo de Soria

Dos personas han sido detenidas por la Guardia Civil como presuntas autoras de un delito relacionado a la protección de la flora y fauna debido a la caza furtiva de un jabalí en un coto de caza en la localidad de Carabantes (Soria).

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto por la noche, y es que sobre las 22.15 horas se escucharon disparos cerca del término antes mencionado. La Guardia Civil tenía conocimiento de la presencia de un jabalí en las inmediaciones, por lo que el personal del Puesto de la Guardia Civil de Deza se desplazó a la zona para comprobar si los disparos tenían o no que ver con la presencia del animal.

Al llegar a Carabantes, los agentes vieron un tractor en el casco urbano que transportaba el cuerpo de un jabalí en su pala. Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, se determinó que el animal habría sido abatido en un coto de caza cercano sin autorización del titular del mismo, tal y como recoge una nota de la Subdelegación.

Los agentes también observaron el cuerpo del animal, y detectaron un orificio de entrada que podría haber sido provocado por una bala de un arma de fuego, además de una herida compatible con un arma blanca, presuntamente utilizada para rematar al animal tras asestarle un disparo no mortal.

Durante la inspección del tractor, la Guardia Civil encontró una escopeta que habría sido la utilizada para abatir al animal en primera instancia.

Tras practicar las actuaciones y realizar las investigaciones posteriores, las dos personas implicadas fueron detenidas por la Guardia Civil por ser las presuntas autoras de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna. La investigación e instrucción de las diligencias fueron llevadas a cabo por el Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Soria.

Cazar en cotos privados sin autorización del titular puede ser penado con multas económicas de cuatro a ocho meses, inhabilitación especial que impide cazar en un periodo de uno a tres años y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante el mismo tiempo.