Una operación contra la corrupción en Soria con seis detenidos salpica a Carlos Martínez

Tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Este es el inconmensurable rosario de delitos que la Guardia Civil imputa a seis detenidos en la operación llevada a cabo este martes en el Ayuntamiento de Soria y que salpica al ex alcalde de la ciudad durante casi 20 años y actual secretario general del PSOCyL, Carlos Martínez Mínguez.

La actuación fue dirigida por la Comandancia de Soria con el apoyo técnico de la Unidad Central Operativa (UCO) y se saldó con la detención de la concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, edil desde el año 2019 y muy cercana a la esfera del ex regidor soriano y número 1 del PSOE en la región. El registro en la Casa Consistorial soriana se inició en torno a las 9.00 y se prolongó hasta las 20.30 horas, por lo tanto más de 11 horas. Los agentes de Policía Judicial accedieron acompañados por la propia Santos, según confirmaron a este medio fuentes cercanas a la investigación.

Santos también acompañó a los agentes de la Guardia Civil en su salida del Ayuntamiento pasadas las 20.30 horas rumbo a la Comandancia de Soria y desde donde, tras completar las diligencias, será puesta a disposición judicial junto al resto de detenidos. La edil, que cuenta con una liberación del 75% en el Ayuntamiento de Soria, por el que percibe un sueldo de 40.942 euros anuales brutos, estuvo presente mientras los agentes procedían al volcado de la información de los ordenadores.

El registro de la Policía Judicial se produce en el marco de unas diligencias abiertas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria número 3 y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria.

En el transcurso de la operación se produjeron cuatro detenciones en la capital soriana, una de ellas el marido de la concejala del Ayuntamiento de Soria, y dos en Madrid. La Guardia Civil practicó tres entradas y registros autorizados judicialmente, uno de ellos en dependencias del Ayuntamiento de Soria y los otros dos en domicilios particulares vinculados a la investigación.

Los guardia civiles vestían de paisano y en sus coches tampoco había ningún distintivo de la Guardia Civil. En el foco de las investigaciones se encuentran los contratos efectuados con la empresa Biosfera Soria S.L., vinculada a la concejala de la que fue administradora, y lo mismo ocurre con el resto de arrestados. Todos ellos son ex administradores, administradores solidarios o administrador único o tienen vinculación con la firma, una sociedad limitada que presta servicios relacionados con el turismo o el medio ambiente.

Parte de la investigación se centra en la adjudicación de este tipo de contratos a la empresa Biosfera Soria. La investigación se habría iniciado tras una denuncia ante Fiscalía de un empresario del sector, según pudo saber este periódico.

Los agentes requirieron en el departamento municipal información específica únicamente de la empresa soriana, dedicada a consultoría de educación ambiental y turismo activo. En los últimos años ha acumulado cinco expedientes de contratación pública (principalmente de servicios) adjudicados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria.

Entre ellos, servicio para la realización de actividades en materia de educación ambiental y movilidad sostenible, años 2025 y 2026, adjudicado por valor de 32.588 euros; o servicio de actividades medioambientales (Arqueopeques y Valonsadero Aventura) que permitan la conciliación en los meses de julio y agosto correspondiente al año 2023, resuelto por valor de 37.000 euros.

Fuera de la empresa

La concejal Yolanda Santos abandonó la mercantil cuando se incorporó a la Corporación municipal, si bien, personas vinculadas a ella continúan en la empresa, a la que el Ayuntamiento ha ido otorgando contratos a lo largo de estos últimos años, tal y como consta en los diferentes expedientes de la Plataforma de la Contratación del Estado.

Inicialmente, la Subdelegación del Gobierno en Soria emitió una nota en la que hablaba de cinco detenidos, pero posteriormente se produjo otra detención en la capital de España y la sexta arrestada correspondía precisamente a la concejal del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos.

Según explicó la Subdelegación del Gobierno, se investiga la presunta comisión de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español. Según la información de la Subdelegación del Gobierno, no se descartan nuevas detenciones producto de la operación.Fuentes judiciales señalaron que la previsión es que los detenidos pasen este miércoles a disposición judicial.

La entrada de los agentes a la Casa Consistorial pasó prácticamente desapercibida para los ciudadanos, al acudir de paisano a los registros. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana y llegaban ya las primeras noticias, el Ayuntamiento se convirtió en el foco de la noticia de la calurosa mañana soriana. Un policía local cortaba el paso a uno de los accesos a la Casa Consistorial, precisamente el que da entrada a varios departamentos que estaban bajo investigación por parte de la Guardia Civil. Todo ello se producía a escasas horas de que Soria entrara de lleno en las fiestas de San Juan, que arrancan este Miércoles El Pregón.

Inicialmente, el alcalde de Soria, Javier Antón Cacho, sustituto de Carlos Martínez Mínguez, tenía previsto acudir a Madrid para el Pleno del Senado que tiene lugar durante las jornadas de martes y miércoles, pero finalmente, en vista de la gravedad de la operación de la Guardia Civil, decidió permanecer en la capital soriana. Según ha podido saber este medio, los registros se centraron en el área de Comercio, además del departamento de Hacienda, Informática y también Alcaldía. De hecho, los agentes de la Guardia Civil mantuvieron incluso un encuentro con el alcalde de Soria, Javier Antón, quien también se encontraba en el interior del edificio.

También estaban en la Casa Consistorial el núcleo duro del equipo de gobierno, entre ellos el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Javier Muñoz, y la concejal de Obras y segunda teniente de alcalde Ana Alegre. No estaba el primer teniente de alcalde, Luis Rey, quien se encontraba en el Congreso de los Diputados por ser el parlamentario nacional por el PSOE en la Cámara Baja.

A las dos horas de iniciarse la operación de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Soria remitió una nota de prensa en la que afirmaba desconocer el alcance y contenido de las diligencias por las que investigaba el juzgado de Soria. Las mismas fuentes municipales hacían un llamamiento a la prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales, «evitando especulaciones o conclusiones anticipadas».

Ante las actuaciones que se estaban llevando a cabo durante la mañana de ayer en dependencias municipales por parte de agentes de la Guardia Civil y la Policía Judicial, el Ayuntamiento de Soria señaló que deseaba trasladar algunas consideraciones.

Colaboración

En primer lugar, el Ayuntamiento de Soria dejaba claro que estaba «prestando la máxima colaboración» a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias, «facilitando toda la documentación y la información que sea requerida en el marco de estas actuaciones».

En segundo lugar, al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento «carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse».

Por último, el Ayuntamiento hizo un llamamiento a la prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales, evitando especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario.

El Ayuntamiento de Soria reiteró su «compromiso con la transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia». Durante todo el registro el núcleo duró del equipo de Gobierno se mantuvo prácticamente de forma ininterrumpida en el interior del Consistorio soriano. La sensación era de «shock» entre los pesos pesados del Ayuntamiento de Soria, pero en ningún momento se hicieron declaraciones al respecto.

A la conclusión del registro desde el servicio de prensa municipal se lanzó un nuevo comunicado reiterando su «respeto» y «colaboración» con la justicia. En ese mismo mensaje anunciaba que «con carácter cautelar, se ha acordado la suspensión temporal de las delegaciones de la concejala afectada» y que «estudiará igualmente su personación en el caso como parte interesada». «Desde la responsabilidad institucional y respetando el secreto de sumario, se considera imprescindible actuar con prudencia y evitar especulaciones o conclusiones anticipadas mientras se desarrollan las diligencias judiciales y se esclarecen los hechos», insistía.

Instantes después llegaba un comunicado desde el PSOE de Soria en el que se informaba de que «de acuerdo con los principios de ejemplaridad, responsabilidad y transparencia que inspiran el Código Ético y de Conducta del PSOE y una vez conocido el traslado de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria a las dependencias de la Guardia Civil, se ha acordado solicitar la apertura de un expediente informativo interno». Además el PSOEde Soria incide en que trasladará toda la información disponible «a los órganos competentes del partido para su valoración en cuanto se disponga de la misma».

El PSOE soriano también acordó «solicitar la suspensión cautelar de militancia de la persona afiliada afectada mientras se esclarecen los hechos y se desarrollan tanto las actuaciones internas como el procedimiento judicial en curso». El partido aseguró que actuará con la máxima exigencia y responsabilidad, aplicando sus normas internas y adoptando cuantas decisiones resulten oportunas en función de la evolución de los hechos, siempre desde el respeto a las garantías jurídicas y a la presunción de inocencia».

La empresa en el foco de la investigación de la Guardia Civil por graves delitos, Biosfera Soria, es una empresa que ofrece la posibilidad de acercarse a la naturaleza de «forma dinámica y divertida» tomando como base la educación ambiental. Indica en su página web que tiene un «alto grado de implicación y compromiso» con el medio ambiente, tanto a nivel empresarial como social, orientado a fomentar y promover el conocimiento y las posibilidades que ofrece nuestro entorno.

Tal y como consta en el directorio de empresas, Biosfera Soria cuenta con menos de cinco empleados en plantilla y tiene su sede social en el municipio soriano de El Royo y un rango de capital social de 3.100 a 60.000 euros. Según pudo saber este periódico, los detenidos pasarán previsiblemente hoy a disposición judicial ya que la Benemérita ha de cerrar el atestado y estudiarlo para que sea el juez, en virtud de lo que solicite la Fiscalía de Soria, quien decida sobre la situación de todos ellos.