Plan de incendios
La Asociación Forestal de Soria advierte que la nueva ley propiciará el abandono de montes
Asfoso considera que la reforma desplaza responsabilidades esenciales de la administración regional hacia titulares y ayuntamientos generando inseguridad jurídica
Incendio forestal en Castilla y León en una imagen de archivo.
La Asociación Forestal de Soria (Asfoso) solicitó hoy a la Junta de Castilla y León y al conjunto de la clase política una “profunda” reflexión sobre el Decreto-Ley 2/2025, de 23 de octubre, de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales al considerar que la reforma es “lesiva” para los propietarios de montes en siete de sus ocho puntos. Concretamente, desplaza responsabilidades esenciales de la administración regional hacia los titulares y los ayuntamientos, generando inseguridad jurídica y un posible aumento del abandono de montes, ya sean públicos o privados.
Asfoso señaló que una de las reformas que recoge este Decreto-Ley es que traslada a los titulares de terrenos la obligación de conservarlos en condiciones de seguridad frente al riesgo de incendios. Esta propuesta supone, a su juicio, un cambio “tremendamente significativo” respecto a la forma en la que estaban articulados hasta ahora los derechos y deberes de los propietarios forestales. El sistema vigente establece que, en caso de definirse esas medidas de prevención de incendios, los propietarios de montes están obligados bien a realizar las medidas previstas, bien a permitir que la administración las realice, informa Ical.
La asociación entiende que la medida en vigor no es acorde con el escenario de falta de rentabilidad de los montes de Castilla y León. Por ello, calificó de “desproporcionada” la reforma planteada por la Junta de Castilla y León de trasladar a los propietarios la responsabilidad y el coste de conservarlos en condiciones adecuadas frente a los incendios.
La Asociación Forestal de Soria recordó que el 60 por ciento de la superficie de la provincia es monte. Con más de 600.000 hectáreas calificadas como terreno forestal, un 68 por ciento pertenece a particulares, un 27 por ciento a entidades locales y un cinco por ciento al Estado y a las comunidades autónomas. “Introducir esta responsabilidad supondría un importante perjuicio económico para la provincia y que la mayor parte de titulares no podrían soportar, propiciando, previsiblemente, el abandono de muchas explotaciones”, alertó.
En este sentido, consideró que, en tanto no se compense a los propietarios de montes por los servicios ambientales que estos generan, es “inmoral” pedirles nuevas obligaciones.
Parte del peso sobre los ayuntamientos
La reforma planteada traslada, añadió en un comunicado recogido por Ical, a los ayuntamientos una parte del peso preventivo a través de la confección de ordenanzas municipales de prevención de incendios forestales con el objeto de garantizar la seguridad de la población frente al riesgo de incendios. Además, de la obligación de declarar la emergencia para la realización de estos trabajos.
Asfoso calificó de “error” transferir esa responsabilidad desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente hacia la administración local, especialmente a pequeños ayuntamientos que no tienen la capacidad de asumirla. “Este paso, en caso de realizarse, sólo contribuiría a generar más confusión y a provocar que surjan errores de funcionamiento derivados de las limitadas capacidades de los municipios”, precisó.
La Asociación Forestal de Soria añadió que la confección de este Decreto-Ley sólo busca “eximir” a la propia administración regional de obligaciones, trasladándoselas a “la parte más débil” de la cadena de valor de los montes, como son los propietarios y los municipios forestales.
Asimismo, achacó al Decreto-Ley una visión “excesivamente simplista” de un problema que es “muy complejo” y que no se debe sólo a una cuestión de voluntad. Además, no se han previsto otros aspectos de la máxima importancia, como avanzar en el saneamiento y la titulación de la propiedad forestal, la recuperación de los montes de socios, el minifundismo forestal, el cierre de aserraderos o empresas forestales, entre otras cuestiones.
La asociación valoró el artículo 8 del Decreto-Ley, que contempla un plan de simplificación normativa pero la trascendencia de los cambios propuestos en sus siete primeros artículos y la situación de “indefensión” en la que se pone a los propietarios de montes hace que esta organización solicite una “profunda” reflexión sobre la normativa.
Efecto contrario
Finalmente, la Asociación Forestal de Soria declaró que el Decreto-Ley podría tener el efecto contrario al esperado por la administración regional y propiciar mayor abandono forestal. “La cuestión es quién va a querer ser alcalde de un municipio forestal, querer estar en la directiva de un monte de socios o recuperar las fincas de sus antepasados ante esta reforma que carga de responsabilidades al eslabón más vulnerable del sector forestal: propietarios y municipios”, sentenció.