El TSJ de Castilla y León tumba una macrogranja en un pueblo de Soria

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha anulado la construcción de una granja con 7.000 cerdos que se pretendía ubicar en Monteagudo de las Vicarías en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en plena red Natura 2000 que alberga 26 especies de especies de aves protegidas como el sisón común, la ganga ortega o el águila pescadora, según informó este viernes SEO BirdLife.

El TSJ de Castilla y León dictó sentencia desestimando el recurso de apelación de la Junta de Castilla y León contra la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria que, tras la demanda presentada por SEO BirdLife, anulaba la Declaración de Impacto Ambiental y la autorización ambiental concedida para la instalación.

La granja, una explotación porcina intensiva de 6.999 plazas de recría de reproductoras, se planeaba en un área de alimentación, campeo o incluso reproducción, de especies amenazadas como el alimoche común, el aguilucho cenizo, el águila pescadora, la ganga ortega o el sisón común, este último en Peligro de Extinción.

El TSJ de Castilla y León cuestiona la diligencia de la Junta de Castilla y León al desestimar el recurso de apelación frente a la sentencia que estimaba el recurso presentado por SEO/BirdLife contra la autorización de una explotación porcina intensiva en Monteagudo de las Vicarías (Soria), dentro del espacio protegido Red Natura 2000, informa Ical.

"La sentencia pone en evidencia graves carencias en el procedimiento administrativo llevado a cabo por la Junta de Castilla y León y en la evaluación ambiental del proyecto, anulando la autorización concedida y obligando a repetir varios trámites clave antes de que pueda ser autorizada", explicó el colectivo ambientalista.

Entre los defectos más graves detectados por el tribunal destaca la modificación sustancial del plan de gestión de purines, que pasó de 186 a 879 hectáreas de aplicación -4,7 veces más- sin someterlo a información pública ni contar con los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del órgano ambiental. Los magistrados consideran que este cambio, que afecta directamente a la ZEPA ‘Monteagudo de las Vicarias’, debió ser evaluado con mayor rigor dada su incidencia en el riesgo de contaminación por nitratos de las aguas superficiales y subterráneas.

La sentencia también critica "duramente" que se haya concedido una Declaración de Impacto Ambiental favorable para esta instalación cuando "había una falta evidente de análisis sobre los efectos acumulativos con otras explotaciones porcinas del mismo promotor en la zona", exigiendo ahora el TSJ "un estudio exhaustivo que valore el impacto conjunto sobre el territorio y la biodiversidad".

Así, el TSJ señala un tema "crucial" en materia de prevención de contaminación por nitratos, en la que es "imperativa" la identificación de las aguas ya afectadas y la designación de zonas vulnerables –aquellas cuya escorrentía fluya hacia estas aguas contribuyendo a la contaminación–, para poder realizar una valoración conjunta y proteger de forma real a las masas de agua.

En el plano urbanístico, el tribunal señala que la Junta de Castilla y León "obvió la necesidad de obtener una autorización excepcional de uso al ubicarse el proyecto en suelo rústico protegido por su pertenencia a la Red Natura 2000".

Asimismo, en la sentencia prohíbe expresamente que en el plan de desratización de la macrogranja se use Warfarina, un rodenticida tóxico no autorizado por su peligrosidad para la avifauna protegida que había sido elegido como principal medio para eliminar roedores.

El abogado del Área de Gobernanza Ambiental de SEO BirdLife, David de la Bodega Zubasti esta sentencia evidencia la "negligencia" de la Administración autonómica al autorizar proyectos "sin garantizar una evaluación ambiental rigurosa". La organización celebra que se reconozca la importancia de proteger estos espacios y anuncia que "seguirá vigilante para garantizar que, si hubiera una nueva tramitación, se cumplan escrupulosamente todos los requisitos legales".

El fallo judicial obliga ahora a repetir varios trámites, incluyendo un nuevo periodo de información pública y la obtención de informes actualizados sobre los impactos ambientales, lo que supone un importante precedente para otras autorizaciones de macrogranjas similares en espacios protegidos. SEO BirdLife insiste en la necesidad de aplicar el principio de precaución en estos territorios especialmente sensibles, donde cualquier actividad debe someterse al máximo escrutinio ambiental.

La organización reafirma su colaboración con administraciones y sectores para promover "alternativas sostenibles, pero insiste en fortalecer la normativa que protege estos espacios clave para la biodiversidad".

Actualmente, SEO BirdLife ha presentado alegaciones contra otras macrogranjas en Castilla y León, exigiendo al Gobierno autonómico evaluaciones exhaustivas de su impacto.

Desde SEO/BirdLife, junto con otras organizaciones ambientales, se alerta sobre los graves impactos ambientales y sociales del modelo de ganadería industrial basado en macrogranjas porcinas. "Este tipo de explotaciones genera una elevada contaminación por nitratos debido a la inadecuada gestión de los purines, afectando gravemente a la calidad del agua y los suelos, como lo evidencian las crecientes restricciones de la Unión Europea para España debido a la contaminación de acuíferos. Además, este modelo es un importante emisor de gases de efecto invernadero, siendo la ganadería industrial porcina responsable del 22% de las emisiones del sector agrario en España", destacó.

"Socialmente, las macrogranjas generan pocos empleos y concentran beneficios en pocas manos, mientras las comunidades rurales sufren contaminación y presión sobre servicios locales", según SEO BirdLife, que defiende la ganadería "extensiva y sostenible, que reduce impactos ambientales, crea empleo estable y revitaliza el medio rural con un desarrollo justo y equilibrado".