La Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel para el exnúmero tres de Tudanca en las Cortes por violencia machista

La Fiscalía de Soria solicita una pena de tres años y nueve meses de cárcel para el ex procurador socialista soriano Ángel Hernández al que acusa de cinco delitos, dos de ellos en el ámbito de la violencia sobre la mujer por coacciones y maltrato a la que fuera su pareja sentimental, por unos hechos ocurridos en febrero del presente año. 

El que fuera viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León y número 3 del secretario general del PSOE en la Comunidad Autónoma, Luis Tudanca, se enfrenta además a un delito de vejaciones injustas, otro de atentado contra agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones por agredir a los policías durante su detención.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama en sus calificaciones previas una indemnización para los agentes de 2.560 euros en un caso y 120 euros en otro. Los hechos que se le imputan se produjeron en febrero pasado cuando el ex político acudió al domicilio de su entonces pareja y aporreando la puerta para que le abrieran profirió gritos de la índole de «ábreme la puerta zorra» o «quiero hablar con mi novia. 

La tengo que ver por las buenas o por las malas y esto no va a quedar así», según fuentes próximas al caso. Ante dicha actitud y alertada la Policía Nacional, los agentes acudieron al lugar y procedieron a su detención mientras el exprocurador se resistía y les increpaba diciéndoles, «no sabéis lo que estáis haciendo. Soy aforado, no me podéis detener», señalaron las mismas fuentes. En ese mismo sentido, ya en Comisaría, el político insistió: «Voy a hablar con mis amigos para que os manden a Melilla, a los policías que me han detenido».

Tras lo sucedido, Hernández fue puesto en libertad provisional, con la prohibición de no aproximarse a menos de 300 metros de su pareja ni de comunicarse con ella, según un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria, de violencia de género y familia, que se encarga del caso. Dicho Juzgado reiteró los términos de la orden de alejamiento, tras el recurso de la defensa, justificando la existencia de «diversos indicios» que se basan en «las manifestaciones de una testigo que presenció los hechos».

La presunta víctima, agente de Policía Nacional y adscrita al servicio de Violencia de Género, que se encontraba acompañada en el interior de la vivienda cuando su entonces pareja intentaba entrar, no presentó denuncia por lo ocurrido. De hecho, se acogió a su derecho a no declarar contra el acusado y renunció a asesoramiento de abogado, a mostrarse parte como acusación particular y a asistencia psicológica.

El que fuera lugarteniente del líder del PSOE de Castilla y León en las Cortes presentó su renuncia a todos los cargos, dejó su acta de procurador y se dio de baja en el Partido Socialista. En el comunicado remitido señalaba igualmente que lo ocurrido se circunscribía al «ámbito privado» y pedía «respeto» para la investigación judicial abierta.

Las calificaciones previas de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso este medio, acusan a Hernández de un delito de coacciones en el ámbito de la violencia sobre la mujer por el que solicita para él un año de prisión y la prohibición de acercarse a la perjudicada a menos de 300 metros por un tiempo de dos años.

Del mismo modo, el Ministerio Público considera a Hernández autor de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia contra la mujer y la pena que pide es de nueve meses de cárcel, e igualmente orden de alejamiento en los mismos términos que en el anterior delito mencionado. En cuanto a de vejaciones injustas, la pena propuesta es de 20 de localización permanente en el domicilio «separado y alejado de la víctima» y alejamiento durante seis meses.

Atentado a los agentes

Al ex procurador socialista soriano, el que fuera hombre de confianza de Tudanca, se le atribuyen otros dos delitos relacionados con los agentes que le detuvieron, uno de atentado contra la autoridad, que supondría la mayor pena solicitada para él de dos años de cárcel, y otros dos leves de lesiones contra los policías. Por cada uno de ellos, la petición del fiscal es una multa de 600 euros, es decir, 1.200 euros en total.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Soria, competente en materia de violencia sobre la mujer, dictó hace días el auto de apertura de juicio oral, instando entonces a la defensa a presentar su escrito en el plazo de diez días. Las acusaciones, tanto la Fiscalía como los policías, ya habían presentado los escritos correspondientes con antelación.

El juicio contra el ex procurador se celebrará en el Juzgado de lo Penal de Soria, si bien todavía no existe fecha fijada para el mismo, según indicaron fuentes judiciales al respecto. No obstante, actualmente el Juzgado de lo Penal está fijando los juicios ya para el mes de mayo, por lo que en cualquier caso no sería antes de esa fecha cuando tuviera lugar la vista oral.

Será entonces cuando el juez determine si el ex procurador es o no culpable de los delitos que se le imputan y que se refieren a unos hechos que tuvieron lugar el 5 de febrero pasado, por lo que el juicio se celebrará ya más de un año después.

Orden de protección

Desde entonces, a Hernández le consta una orden de protección y prohibición de comunicación a menos de 300 metros de la que fuera su pareja. La defensa recurrió dicho auto pidiendo la revocación parcial y la reducción de la distancia a 50 metros, alegando que la persona beneficiaria de la orden no había presentado denuncia ni había solicitado dicha orden de protección. Indicó como apelante al auto que no existía «indicio alguno» de que se produjera una situación de riesgo que mereciera la orden de protección, puesto que no había lesiones ni daños, ni actos que pudieran indicar violencia, «más allá de llamar insistentemente, hablar en alto y molestando», según recoge el recurso de la defensa al auto de la orden de marzo pasado.

Según publicó ya este medio de fuentes próximas al caso, Hernández y la presunta víctima, que mantenían una relación sentimental desde hacía meses, habían pasado la tarde juntos y tras una discusión ella decidió regresar a su casa, que comparte con otra persona. Hernández tuvo que ser atendido por dos veces en el servicio sanitario por dolor torácico por lo que fue trasladado para su examen médico. El estado de excitación del político era evidente durante su detención y ya en Comisaría, donde su intención en todo momento fue marcharse.

Antes de llegar a la vivienda de su novia, dejó el coche en las inmediaciones, mal aparcado y subido a la acera, golpeándolo con un árbol, lo que obligó a que fuera retirado por la grúa al día siguiente de su detención. Inicialmente se planteó la posibilidad de que Hernández fuera juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León debido a su condición de aforado, pero su renuncia a los cargos, de lo que informó en un comunicado apenas fue puesto en libertad provisional por el Juzgado número 3 de Soria, motivó que el juicio se vaya a celebrar en la justicia ordinaria en el Juzgado de lo Penal de Soria.