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Más de la mitad de negocios pospone la instalación del nuevo sistema de facturación de Hacienda
Un estudio revela que solo el 24% de los negocios mantendrá su calendario inicial de digitalización, mientras que el sector recibe el retraso hasta 2027 como un respiro para planificar la transición.
QR NOW
El cambio de fechas ha modificado radicalmente la hoja de ruta de la digitalización empresarial en España.
La decisión del Ministerio de Hacienda de posponer la entrada en vigor obligatoria de Verifactu, el reglamento que establece los requisitos técnicos de los sistemas de facturación para luchar contra el fraude fiscal, ha provocado una desaceleración inmediata en los planes de implantación del tejido productivo.
Según un informe de la consultora TeamSystem en colaboración con Ipsos y reseñado por 20minutos, más de la mitad de los autónomos y pequeñas empresas españolas tiene previsto retrasar la incorporación de esta tecnología a sus negocios.
El Gobierno, cediendo a la presión de las principales organizaciones de autónomos y gestores administrativos que alertaban de la falta de tiempo material para una adaptación correcta, confirmó recientemente que la obligatoriedad se trasladará a 2027, otorgando un año extra de margen respecto a las previsiones iniciales.
Este nuevo escenario ha reconfigurado las prioridades. Los datos del estudio, basado en 845 entrevistas a profesionales y asesores, señalan que solo dos de cada diez encuestados (24%) seguirán adelante con sus planes originales de implantación inmediata.
Por el contrario, la mayoría optará por aprovechar la prórroga: un 25% retrasará el uso del sistema brevemente, un 20% lo hará de forma considerable y un 7% lo pospondrá indefinidamente hasta que la norma sea imperativa.
Un calendario escalonado
Aunque el sistema ya se encuentra operativo en fase de pruebas y permite a las empresas realizar la transición de forma voluntaria sin riesgo de sanciones por errores técnicos, el grueso de la adaptación se desplazará a lo largo del próximo año. Cabe recordar que, según anunció Hacienda en nota de prensa, el nuevo calendario de implantación establece que la obligación entrará en vigor el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, mientras que los autónomos y el resto de obligados tributarios contarán con un plazo extendido hasta el 1 de julio de ese año para completar su adaptación
Un aplazamiento oficial que, según el informe de TeamSystem, desconocía casi la mitad de los afectados.
Aun así, la mayoría prevé adaptarse gradualmente durante 2026: un 12% lo hará en el primer trimestre, seguido de un repunte del 22% y 21% en el segundo y tercer trimestre respectivamente.
La medida ha sido recibida como un alivio por el sector.
Un 57% de los participantes en el estudio afirma que este tiempo adicional les permitirá estar "mejor preparados", y un 51% valora positivamente la oportunidad de planificar la transición sin las urgencias de última hora que marcaba el calendario anterior.
No obstante, la gestión de los tiempos por parte de la Administración ha generado cierta desconfianza.
El informe destaca que existe un 20% de empresarios escépticos que duda de que la normativa llegue finalmente a aplicarse en 2027, tras los sucesivos retrasos y ajustes técnicos.
Esta incertidumbre ha propiciado también la circulación de información confusa sobre qué implica realmente la normativa. Para combatir este ruido, plataformas como QRNow ponen a disposición recursos de diversos tipos para ayudar a los profesionales a distinguir entre las exigencias técnicas reales y los bulos sobre la fiscalización, un aspecto clave para que autónomos y gestores no pierdan el foco durante este año de prórroga.
Una implantación progresiva en 2026
Más allá de la obligación fiscal, el sector empieza a ver las ventajas operativas del cambio.
Las asociaciones de autónomos habían calificado la prórroga como un “balón de oxígeno” necesario, pero también insisten en no dejar la tarea para el último día.
Entre los beneficios que los encuestados esperan obtener del nuevo modelo destacan el ahorro de tiempo (44%), un mejor control de los cobros (39%) y la reducción de errores administrativos (27%).
Emilio de la Fuente, CEO de TeamSystem, subraya el cambio de mentalidad que permite este nuevo plazo:
"Creemos que estos nuevos plazos representan una oportunidad para llevar a cabo una progresiva implantación a lo largo de 2026, convirtiendo esta obligación en un verdadero impulso para la productividad de autónomos, pymes y sus asesores", dijo.
La situación actual contrasta con la vivida en noviembre, cuando el 63% de los afectados admitía carecer de un plan definido.
Ahora, con el horizonte fijado en 2027, casi el 60% coincide en que el tiempo extra será determinante para una digitalización exitosa y ordenada.