A juicio por grabar vídeos porno de su hija de 13 años en Salamanca y subirlos a la red

La Audiencia Provincial (AP) de Salamanca juzgará a una madre por realizar videos pornográficos de su hija menor desnuda y subirlos a una plataforma.

La madre fue detenida hace dos años después de que un usuario de la citada plataforma de pornografía infantil alertara a la Policía de la dureza de los vídeos y fotografías tomadas a la menor de 13 años con imágenes muy explícitas de sus órganos genitales, según informaron fuentes judiciales y jurídicas consultadas por este diario.

Tras la detención, el caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción 3 de Salamanca en las Diligencias Previas 1.091/24, que concluyeron con un auto de apertura de juicio oral dictado por la jueza del citado órgano en noviembre de 2025.

En la resolución, la magistrada acusó a la madre de un delito de corrupción de menores y de un delito de utilización de menores con fines pornográficos, en su modalidad de elaboración y producción de material.

Le impuso además una fianza de 8.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele y proteger del derecho de la víctima a ser resarcida en cualquiera de las clases señaladas en los artículos 591 y 783.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Y le informó de que, si no depositaba la fianza, se le embargarían bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

Ante esta petición de depósito de 8.000 euros, la madre elevó recurso ante la AP salmantina, que ahora acaba de desestimar la apelación de la madre, en un auto (64/2026) en el que el tribunal hace firme la entrega de la señal de 8.000 euros, y declara de oficio las costas causadas en segunda instancia.

Declaración de la hija

La progenitora llegó a exponer que la resolución era contraria a derecho y que se vulneró la tutela judicial efectiva de la acusada, quien se encuentra en situación de «indefensión» al no haberse permitido la práctica de todas las pruebas necesarias durante la fase de instrucción.

Alegó «deficiencias en la motivación» del auto que establece la fianza, señalando que no se justificó adecuadamente el importe y que no se demostró un perjuicio indemnizable al querellante.

Además, mencionó que la declaración de la menor involucrada en el caso «contradice» las acusaciones, ya que, afirma, que no le tomó fotografías desnuda. Por ello, su defensa sostuvo que la falta de motivación en la resolución perjudica a la acusada, impidiéndole ejercer su derecho a la defensa y a combatir los motivos que justifican la decisión del juzgador.

Pero la AP entiende que no procede dejar sin efecto el depósito de la fianza, porque «el daño moral es evidente» y «debe ser compensado». Y añade: «Como consta en el expediente digital las acusaciones solicitaron las cantidades de 8.000 euros y 30.000 euros respectivamente por daños morales. Dados los hechos objeto de enjuiciamiento nada es posible objetar respecto a la posibilidad de las solicitudes».

«Cosa distinta», añade, «es que se pueda discutir acerca de si la cantidad o cuantía concreta fijada, en el auto recurrido, de 8.000 euros, es o no desproporcionada o excesiva. Teniendo en cuenta los hechos a enjuiciar, el ámbito de producción, la edad de la víctima, resulta claro que la cantidad fijada no es en absoluto excesiva», concluye la AP.

Juicio en octubre en la Audiencia de Salamanca

El juicio se celebrará a finales de octubre de este año. La acusada se enfrenta a penas de uno hasta 9 años de prisión, ya que suma los delitos de corrupción de menores y utilización de menores con fines pornográficos y le pesa el agravante de ser madre de la víctima.

No existen excesivos precedentes de uso de hijos para uso pornográfico en España, pero hace justo un año, en Gran Canaria, una pareja que abusó de sus dos hijas menores y las grabó para realizar vídeos pornográficos se enfrentó a 42 años de cárcel (cada uno). Los agentes incautaron material comprometedor hallado en dispositivos tecnológicos pertenecientes a los acusados. Se enfrentaron cargos por supuestos delitos de abuso sexual repetido y grabación de imágenes pornográficas de sus propias hijas menores. Finalmente fueron condenados cada uno a más de 33 años de cárcel: en el caso del delito de pornografía infantil, 14 años, siete años por cada menor.