Cuando la acción política empeora el grave problema de la vivienda

La tragedia ferroviaria de Urda, con 69 muertos, y pendiente de muchas explicaciones sobre los fallos en cadena del sistema que condujeron al dramático desenlace, ha oscurecido todo. Sobre todo la vida de 69 personas, sus familiares y los heridos. Pero también el debate de la vivienda que desencadenó las elecciones generales del 29-N. El debate y los decretos fallidos del gobierno de Pedro Sánchez. Decretos que, pese a ser fallidos, han obrado un nefasto efecto atemorizador en el sector. El resultado es que la oferta del alquiler se ha estrechado más, seguramente porque la incertidumbre de esos decretos, que todavía no se sabe si verán la luz a través de su aprobación en la diputación permanente del Congreso, ha espantado y asustado a miles de pequeños propietarios que estaban dispuestos a poner sus propiedades en el mercado de alquiler. Pero que han cambiado de opinión a raíz de la inseguridad en el que les podría dejar esas normativas.

Y quien lo cuenta, lo argumenta y lo defiende es uno de los portales inmobiliarios con más fuerza en este país, Idealista. Una empresa dedicada al sector de la vivienda que seguramente conoce mucho mejor que los gestores públicos la realidad social de la vivienda en España. Esencialmente porque trata diariamente con sus principales actores: vendedores, compradores, arrendatarios y arrendadores.

La realidad es que en Castilla y León, tras el anuncio de los famosos decretos de alquiler y desahucio, el mercado ha mermado en un 25%. Un mercado más estrecho sin descender la demanda contribuirá, sin duda, a que la escalada de precios siga su ascenso, haciendo imposible la solución de vivienda para mucha gente, especialmente para jóvenes que aspiren a la emancipación para empezar un proyecto de vida.

Esa merma del mercado se agudiza en provincias como Soria, donde, pese a que parezca lo contrario, el precio del alquiler o venta es uno de los más elevados que hay. Así no se contribuye a ajustar desequilibrios territoriales, pero tampoco a luchar contra la lacra de la despoblación que afecta más a determinadas provincias, dentro de territorios de interior en los que el problema lleva décadas agudizándose.

Está claro que no hacer nada, que es lo que ha hecho el gobierno de Sánchez en ocho años, no soluciona un problema que han dejado crecer hasta convertirlo en insoportable. Pero además, actuar atemorizando a los principales actores del mercado, parecía impensable. Pues lo han hecho. Ahí están los datos. Lo demás son cuentos chinos como la promesa de las 180.000 viviendas de 2023