El sinsentido de la ZBE en la capital soriana

La contaminación que provoca el tráfico rodado en la capital soriana pudiera parecer un problema de primer orden si se atiende a la decisión del Ayuntamiento de implantar la Zona de Bajas Emisiones a pesar de ser una de las dos capitales españolas que no tiene obligación de hacerlo por no alcanzar los 50.000 habitantes. La otra es Teruel, que no tiene ZBE, aunque sí ha tomado medidas de restricción del tráfico en el centro de la población, sobre todo a través de la peatonalización, lo que quizá tiene más que ver con lo que se denomina humanización de las ciudades para la recuperación de espacios públicos para los peatones, buscar lugares de encuentro y mejorar la calidad de vida, que con la contaminación. A pesar de la decisión municipal de la ZBE, proyecto que impulsó el actual líder del PSOE en Castilla y León y anterior alcalde de Soria, Carlos Martínez, y que ha rematado su sucesor, Javier Antón, Soria se sitúa siempre entre las cinco mejores capitales de provincia por calidad de aire y cuando se producen problemas puntuales no tienen que ver con el tráfico, sino con incendios, como este verano por los de Guadalajara y Zaragoza, el polvo sahariano o el calor. No hay, pues, mucha explicación para la implantación de una ZBE en el centro de Soria que ha soliviantado a los partidos políticos de la oposición, a los empresarios y a una buena parte de la ciudadanía. Es cierto que la zona afectada es pequeña y realmente es más peatonal que otra cosa, pero se va a incordiar a empresas y particulares sin motivo, y eso nunca es bueno, más cuando el único beneficio que ha quedado claro es captar fondos europeos. La pela, que diría aquel, y que también puede llegar mediante la recaudación por multas, aunque no sea ese el objetivo declarado del Consistorio. Al final es otro regalo envenenado dejado por Carlos Martínez a Javier Antón, que posiblemente le pese en el momento de afrontar las próximas elecciones. Además, seguramente se enfrente a un problema judicial (no el de la macrocausa contra la corrupción, que ese es otro asunto), porque tanto el PP como Vox han anunciado que acudirán a los tribunales y la patronal representada por FOES lo está estudiando. Hay ya casos en España de decisiones judiciales que han tumbado zonas de bajas emisiones. El más cercano el de Segovia, en el que fueron decisivas las cuestiones formales. En el caso de Soria seguro que también se examinan, pero además se pueden abordar cuestiones más de fondo, partiendo de que la capital no tiene obligación de implantar la ZBE por su número de habitantes, las dudas sobre sus competencias para hacerlo y la posibilidad de alcanzar el mismo objetivo mediante otras fórmulas, que parece que no se han querido explorar. La verdad es que la ZBE soriana parece un sinsentido, pero es ya inevitable su entrada en vigor el próximo miércoles, con multas a partir del 1 de noviembre.