La urgencia de poner orden y control en las Cortes de Castilla y León

La situación de las Cortes de Castilla y León es insostenible tras un calvario de años sometidas a la indignidad política y a ser un lugar residual con sueldazos mejores que los del gobierno, que llevan el peso de la comunidad, en el que unos cuantos hacen y deshacen a su antojo ante el bochorno de los ciudadanos. La Cortes nos cuestan al año a los contribuyentes más de 30 millones entre pitos y flautas, sueldos, gastos y amortizaciones. Pero es que además es el lugar en el que reside la soberanía popular de los ciudadanos de las nueve provincias que conforman esta comunidad.

Cada día un escándalo, cada día un bochorno ante la desidia y el silencio de los partidos que forman parte del arco parlamentario, sobre todo PP, PSOE y VOX, los mayoritarios por querencia democrática. Pero también UPL, Por Ávila y Soria Ya, cuyos representantes no anidan en las Cortes. Es la única institución de este país que carece de un control horario y laboral cuarenta años después de su creación. Es la institución peor valorada de la comunidad en transparencia. Por primera vez, hace unos días, gracias a la determinación de su actual presidente, Francisco Vázquez, se publican los acuerdos de la Mesa de las Cortes. Histórico.

Ha habido, no hace tanto, un letrado mayor que escondía las sentencias en contra tras saltar contra él una querella por acoso laboral, pendiente de resolver en los juzgados. De momento, la denunciante ha tenido que ser repuesta en su plaza por orden de Tribunal Superior de Justicia. Y las Cortes sin un protocolo antiacoso después de lo sucedido. Y todo esto es el pan de cada día, que luego se sustancia el griterío de unos plenos que no conducen a nada ni nada aportan al presente y al futuro de Castilla y León. Un legislativo que no legisla y reparte sueldos de ciento cinco mil euros entre políticos. Una millonada en sueldos políticos y para asesores. ¿Y para qué? Los hay que desde el inicio del mandato, especialmente en el PSOE, siguiendo la tradición del tudanquismo, apenas pisan por la institución de la que cobran el sueldo. Por eso urge poner orden en todo este desconcierto que simboliza, como pocas cosas, el despilfarro de dinero público a la vista de su actividad. Urge empezar por poner un control horario y laboral, como en cualquier institución o en cualquier empresa que se someta a la legislación. De esa casa salen las leyes que luego nos incumben a todos. Un control que implique no sólo al personal, también a los políticos con nómina y a los asesores pagados con dinero público. Esta es la situación de las Cortes a estas alturas de siglo. La democracia no se acaba en las urnas, empieza en ellas y tiene que tener su constatación diaria en el parlamento.