Regularización extraordinaria

El Consejo de Ministros ha instado a la regularización administrativa de miles y miles de extranjeros ya residentes en España. El acuerdo adoptado por el gobierno ha modificado el Reglamento de Extranjería que da cobertura jurídica a su tramitación. Las reacciones no se han hecho esperar. Los partidos que están en el gobierno y la mayor parte de los socios de investidura, aunque no todos, han apoyado esta decisión gubernamental. La Conferencia Episcopal española ha celebrado la regularización. Los partidos de la oposición han reaccionado de forma distinta. Por un lado, Vox es partidario de un enfrentamiento frontal con la decisión gubernamental. Entiende que se prioriza el bien de los que llegan frente a los que ya están asentados en nuestro país. El Partido Popular está a favor de una regularización ordenada, legal y progresiva. Los gobiernos de algunas Comunidades Autónomas recurrirán la decisión del gobierno por el impacto que va a tener en la prestación de los servicios públicos. Varias son las reflexiones que se pueden hacer sobre la regularización administrativa que ya ha comenzado y sobre la que existe gran confusión. Vaya por delante que el tema migratorio es de las cuestiones más espinosas con que todo Estado tiene que lidiar. En primer lugar, regularización no se ha de identificar con nacionalización. La regularización concede un permiso de residencia y trabajo temporal permitiendo vivir legalmente en España sin ser ciudadano español. La nacionalización implica obtener la ciudadanía plena, incluyendo derechos políticos como el voto. Son nociones distintas, si bien es verdad que la regularización es el paso previo a la nacionalización. En segundo lugar, es un hecho innegable que se necesitan personas para trabajar en el mercado de laboral. En numerosos sectores productivos de nuestro país (agricultura, ganadería, transporte, construcción y hostelería, por poner algunos ejemplos) es imprescindible que existan personas que se incorporen inmediatamente a trabajar. En tercer lugar, toda solicitud de regularización no es concesión automática de la misma. En cuarto lugar, la masificación de la regularización va a suponer que los servicios públicos disminuyan sus estándares de calidad, hoy ya tocados de muerte, especialmente en el campo sanitario y en las arcas de la Administración cuyos subsidios de diferente tipo “alguien” tendrá que pagar. Es una cuestión de economía de escala. ¿Tan difícil es que exista un acuerdo entre los gobernantes para que se beneficie a unos sin perjudicar a otros? Parece que sí.