La transparencia de la Junta no es incompatible con la investigación

El hospital de soria contó ayer con la presencia de la Guardia Civil, de paisano, que se llevó detenidos al gerente y al director de gestión, por orden judicial, para testificar por una denuncia y una imputación de prevaricación continuada por unos contratos de gestión de residuos y relacionados con la construcción y mantenimiento del nuevo helipuerto del hospital. Horas después ambos salieron en libertad con cargos. Tal vez haya habido un exceso de dramatización en la actuación policial ordenada por instancias judiciales a la vista de la rapidez con la que fueron puestos en libertad. A la hora de comer ambos estaban en un conocido restaurante de Soria departiendo con otros funcionarios de la Junta sobre lo sucedido. Aunque no se sabe qué estaban celebrando tras protagonizar un escándalo en toda regla.

En cualquier caso, lo que tiene que hacer la Junta, con la consejería a la cabeza, es recabar la información de un asunto que ayer cogió al ejecutivo en funciones por sorpresa, y dar la mayor transparencia posible, al margen de la actuación judicial y policial, que tiene que hacer su trabajo por otra parte. La acción judicial y la política son complementarias y no son incompatibles en una acusación de corrupción contra dos funcionarios de alto rango, adscritos a la Consejería de Sanidad. La transparencia se practica, no se predica. El consejero no tiene que ir a dar explicaciones a las Cortes a Carlos Martínez, como ayer se apresuró a pedir el todavía alcalde de Soria. Lo que tiene que hacer el consejero en funciones es ofrecer la información de la que disponen, por supuesto, sin obstaculizar ni entorpecer la labor policial y judicial. Pero a la ciudadanía, no al ciudadano Carlos Martínez, que no es, precisamente ejemplo en su labor municipal de la transparencia que predica para el resto. Suele ocurrir en estos casos que los mismos que colocan el nivel ético para el resto a la altura del Empire State, para ellos lo dejan al ras del bordillo. La ética se practica, no se predica.

La Junta no puede permanecer callada. Son dos altos funcionarios y su gestión al frente de la sanidad de una de las nueve provincias lo que la investigación policial y la instrucción judicial han puesto bajo sospecha. Ahora empieza la investigación a fondo. Y el Sacyl y la Consejería de Sanidad ya puede prepararse a despachar documentación al juzgado. Y no debe desatender la buena práctica de la transparencia. Siempre es mejor anticiparse que arriesgarse a que la realidad y los medios te atropellen como ocurrió con el escándalo de los enfermos de cáncer fallecidos en el Hospital de Burgos porque alguien multiplicó la dosis. El ridículo del gerente burgalés es el mejor ejemplo de la opacidad.