El alza de impuestos en Soria y la despoblación

CONSEJOS vendo y para mí no tengo. Así se podría resumir la actitud del alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, aspirante a ser también alcalde de Castilla y León, en relación a la fiscalidad y el problema de la despoblación. El político soriano fue uno de los abanderados de la reclamación de lo que se denominó como fiscalidad diferenciada para las provincias más despobladas de España, Soria, Cuenca y Teruel. Lo fue, porque una vez conseguido el permiso de la Unión Europea, que posibilitó a España dar ayudas al funcionamiento de las empresas de las tres provincias de hasta el 20% del coste laboral y la pelota quedó en el tejado del Gobierno de España, pareció conformarse con la aplicación muy limitada que hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La reducción de cuotas a la Seguridad Social, que es el mecanismo utilizado para aplicar estas ayudas, supuso en diciembre del año pasado una reducción de poco más de 800.000 euros. Si se hubieran aplicado las ayudas al máximo permitido por Bruselas se pondrían haber superado los 12 millones de euros. La diferencia es sustancial, lo que indica el grado de interés real en el apoyo a las zonas escasamente pobladas como Soria. No se puede decir que Carlos Martínez Mínguez se haya bajado del caballo de los estímulos fiscales para luchar contra la despoblación, a pesar de haberse conformado con las migajas llegadas de Madrid, cuyo impacto en el fortalecimiento del tejido empresarial soriano ha sido muy, muy escaso. Sin embargo, nunca se ha subido a ese caballo en el ayuntamiento que a día de hoy sigue dirigiendo. Los impuestos siguen subiendo y no hay compasión con vecinos y empresas, sobre todo en el caso del más importante, el de los bienes inmuebles, el IBI. Desde que es alcalde, el recibo medio se ha duplicado gracias al constante incremento del tipo impositivo y a la revisión catastral que colocó a Soria como la capital española con mayor valor catastral medio de España, según el ranking de la Agencia Tributaria de Madrid. Los empresarios representados por Foes, que siempre insisten en reclamar un aumento de la ayudas al funcionamiento al Gobierno central, sí creen que la política fiscal local puede ayudar en la lucha contra la despoblación mediante el refuerzo al tejido productivo, pero creen que el Ayuntamiento de Soria está haciendo lo contrario, al convertirla en «un factor adicional de presión». Y no es precisamente la capital Soria un paraíso en el que nacen empresas como setas, sino que, como recuerda Foes, de forma paralela a la subida del IBI han cerrado 247 empresas desde 2015. No por el IBI, claro, pero el dato sirve para poner evidencia que la salud del tejido empresarial no es la ideal y que cualquier cuidado es poco para un activo tan importante, sobre todo en zonas castigadas por la despoblación. La fiscalidad también puede ayudar a mejorar esa salud.