La insostenible sentencia contra los seis mineros muertos en la Hullera
LE VA A RESULTAR muy difícil a la titular del Juzgado de lo Penal número dos de León sostener su sorprendente y sorpresiva sentencia absolutoria por el accidente mortal de la Hullera en el que perdieron la vida seis mineros. Muy difícil. Tan difícil como explicar que esa sentencia haya tenido que esperar casi tres años desde que se celebró la vista, tras una instrucción de otros 8. A la Justicia de este país en general le resulta cada día más difícil justificar su comportamiento. Porque la justicia, en su esencia y espíritu, deja de ser justicia en el momento en que tarda 11 años en desperezarse de instrucciones y sentencias. No es la sentencia de la Hullera, es la sentencia contra seis mineros muertos.
Le va resultar muy difícil por la sencilla e inequívoca razón de que hay que argumentar de forma jurídica, pero también social, que un siniestro laboral con seis muertos, uno de los más graves de los últimos lustros en este país, no tiene responsabilidad de nadie, pese a las advertencias previas que había sobre la inseguridad en el pozo. Es decir, según la peculiar jueza, que se cogió la baja mientras las familias vivían amordazadas de dolor años por la pasividad judicial, todo funcionó a la perfección. Como en el caso de la niña Sara de tres años en Valladolid asesinada y violada por su padrastro, pese a las alertas sanitarias de días anteriores. En aquel dramático caso las autoridades, con la por entonces consejera de Familia a la cabeza, aseguraron que los protocolos habían funcionado. Como en el caso de la Hullera. Es decir, si no llegan a funcionar estaríamos hablando de una tragedia de decenas de muertos en el pozo minero. Es lo que viene a decir una sentencia de escaso recorrido, como dirán los tiempos procesales.
Lo de la baja y los tres años de espera ha sido una broma de enorme mal gusto y escasa empatía con los muertos y sus familias. Pero no sólo de la jueza. Especialmente del Poder Judicial que tuvo el cuajo de esperar el regreso de la magistrada para que impartiera justicia, aunque no lo parezca.
El devenir judicial del caso de los seis mineros muertos en la Hullera Vasco Leonesa es sangrante por todos estos motivos y por más. Como en el de la niña Sara, donde la Fiscalía de Valladolid tuvo la ocurrencia indecente de mandar una carta a Servicios Sociales tras la alerta de un centro sanitario. ¡Una carta! Para cuando llegó, qué sabemos como funciona Correos, ese servicio público que nos cuesta una millonada en impuestos, y por el que además tenemos que pagar para usarlo, la pequeña Sara había sido asesinada por la alimaña que debía cuidarla. La Justicia en este país no está al alcance de todos. Y menos de los pobres y los humildes. Sólo es para las grandes figuras políticas. Por cierto, los fiscales aplaudidores del fiscal general del Estado pueden seguir batiendo palmas, como si estuvieran en pandemia.