Dudas sobre la gestión en Soria

Estos días en Soria se ha puesto el acento en la gestión política, en parte por la presencia del líder del Partido Popular en Castilla y León y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que llegó a la capital para animar a los suyos a presumir de gestión en todos los rincones de la provincia. Con esa defensa de la gestión se enfrentará Mañueco en las urnas al nuevo aspirante socialista a la Presidencia de la Junta, el soriano Carlos Martínez Mínguez, que ha sumado a sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Soria las del PSOE en la comunidad. En la administración de esto último no ha demostrado demasiada pericia, con fallos desde el minuto uno en el gobierno del partido hasta la última metedura de pata sobre la cuestión leonesa que pagará en las urnas. Su objetivo inicial era ganar crédito entre los castellanos y leoneses, pero no va por buen camino. Y el que tenía en la capital soriana el que quiere ser alcalde de Castilla y Léon, con sus cuatro mayorías absolutas consecutivas, también se deteriora. El alcalde ausente, le llaman en el PP soriano, y es cierto que su menor presencia puede afectar a la actividad municipal, pero hay cuestiones que vienen de lejos. Hay muchos problemas de gestión en el consistorio soriano, desde los que se producen en lo relacionado con el personal hasta el atasco en diferentes asuntos, como los del ámbito de urbanismo, con proyectos con tramitación estancada que rompen la imagen de cercanía y agilidad que suele ser una ventaja de las ciudades pequeñas. Y más importante es la gestión fiscal, que incide directamente en el bolsillo de las personas. Ni el año electoral en Castilla y León ha parado las subidas del IBI y otros impuestos y tasas. El IBI se ha triplicado desde 2007. Subir impuestos se puede justificar, salvo que luego no haya buena gestión. El PP soriano mantiene que se han dejado de cobrar como dos millones de euros de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público a empresas de servicios en los últimos cuatro años. Es el 1,5% de la facturación bruta que tengan empresas de comunicaciones y energía, fundamentalmente, en el municipio. Se hace una autoliquidación que luego tiene que comprobar el ayuntamiento y no parece que se haya comprobado nada. Ya lo denunció hace meses el PP, a través de su jefa de filas municipal, Belén Izquierdo, que es economista, y el concejal Saturnino de Gregorio, que es interventor de un ayuntamiento, por lo que algo sabrán de esas cosas. Y el tiempo parece que les ha dado la razón, porque ahora el equipo de gobierno soriano ha contratado a una empresa para que revise lo que se ha recaudado y haga aflorar ingresos no declarados por esa tasa. Solo vale revisar lo de los últimos cuatro años, pero el problema puede venir de muy lejos. Si el PP acierta en que se superan los dos millones de déficit recaudatorio, se podrían haber ahorrado incrementos fiscales en una ciudad en la que hay clase media al borde de la exclusión, según denunciaba ayer Cáritas. La gestión, sin duda, es clave. Con esos dos millones se podría haber eludido al menos la subida del IBI de 400.000 euros en 2026, y las de años anteriores también.