Diario de Castilla y León

Editorial

Indignación judicial contra el TSJ tras 12 años de la tragedia minera

Peio García ICAL

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LA JUSTICIA EN España es indecente e ideologizada hasta extremos insospechados. Lo dicen las instituciones y organizaciones internacionales. Para prueba un botón. Doce años de una tragedia minera sin resolución judicial, agravando e incentivando el sufrimiento de las familias de los doce mineros muertos en la Hullera Vasco Leonesa, en una mina que nunca tuvo que estar abierta en las condiciones que estaba cuando se produjo la fatal explosión de grisú, el gas mortal de la minería, que se ha llevado cientos de vidas en esta comunidad.

Doce años desde la tragedia. Pero dos años esperando una sentencia de un órgano del Tribunal de Justicia de Castilla y León, que ahora preside una leonesa, Ana del Ser. El ser o no ser, esa es la situación en la que están las familias de los mineros víctimas de la explosión, mientras los directivos de la empresa y los supervisores de la Junta gozan de sueldos, salarios y jubilaciones plácidas.

La justicia deja de ser justicia si se duerme en el sueño de los tiempos y quedan sus resoluciones pendientes de un limbo. Este limbo en concreto es la baja de la magistrada encargada de sentenciar el caso. ¿Que hace el Consejo General del Poder Judicial para meter mano de una vez por todas a un asunto tan escandaloso como este? ¿Para qué queremos el poder de los jueces si no lo ejercen o lo ejercen a su antojo y en función de quienes sean los afectados? Aquí sí que hay un law fair de libro. Y si no lo hay, lo parece. La justicia no es justicia cuando sus órganos no la ejercen en igualdad, para pobres y para ricos. Y en este caso, los mineros de la Hullera y sus familiares son sólo pobres a los que el TSJ de Castilla y León no trata con igualdad y más bien con desdén y desprecio. Ahora hay al frente del TSJ una jueza con raíces leonesas que tiene en sus manos agilizar una sentencia de una puñetera vez. Y si la jueza está de baja, su obligación es poner a otra u otro que resuelva el trabajo. Pero esas familias y la memoria de seis mineros muertos en acto de servicio no tienen que asumir el absentismo laboral del poder judicial ni su desorganización. Es uno de los casos más indignos que se recuerdan en la Justicia de este país.

No es de extrañar que la judicatura esté entre los sectores peor vistos por la sociedad española, pese a que la inmensa mayoría de sus profesionales se desvivan día a día por mantener la ley en nuestra sociedad. Pero lo de los mineros de la Hullera es un caso tan vergonzante que el GGPJ debe actuar con determinación ante la desidia y dejación del TSJ de Castilla y León. ¿O es que su actual presidenta, Ana del Ser, ha optado por el corporativismo con un caso que ocurrió en la provincia de la que procede?

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