Urgen unos Presupuestos Generales del Estado

Castilla y León se encuentra en un momento óptimo y a la vez incierto. La región mantiene un crecimiento moderado, una base industrial más diversificada que otras comunidades y un capital humano cualificado, pero carece de un impulso decidido que la proyecte hacia adelante. Es necesario reforzar su posicionamiento nacional para atraer empresas innovadoras, consolidar las existentes y crear un entorno favorable a la inversión.

Esta moderación del crecimiento económico se explica, en gran medida, por un entorno internacional cargado de incertidumbre: tensiones geopolíticas, volatilidad comercial, y divergencias entre los grandes bancos centrales que condicionan la política monetaria. A esto se suma una previsión de debilitamiento de la demanda externa, ante posibles decisiones arancelarias que impactarán directamente en las exportaciones y, por tanto, en las cuentas regionales.

Para ello, la colaboración público–privada debe dejar de ser un eslogan y convertirse en una realidad efectiva. Los sectores productivos de Castilla y León —industrial, agroalimentario, energético y tecnológico— necesitan compartir conocimiento, cooperar y crear ecosistemas de innovación que permitan a las pymes ganar tamaño y competitividad. Sin esa cultura de agrupación empresarial, la región seguirá fragmentada, vulnerable y dependiente de subvenciones coyunturales.

Al mismo tiempo, uno de los retos prioritarios debe ser aumentar la capacidad adquisitiva de los hogares, que crecen a costa de su endeudamiento. Sin una mejora real de los salarios y de la productividad, no habrá crecimiento sostenible.

Estas realidades exigen un esfuerzo conjunto de la administración central y la autonómica para promover reformas estructurales que impulsen la formación continua en las empresas, la adecuación de la educación universitaria a las necesidades productivas, y el fomento decidido de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Así mismo, Castilla y León debe apostar por la repoblación inteligente, incentivando el retorno de jóvenes, el emprendimiento rural y una inmigración que se integre y aporte valor.

Para lograr estos objetivos se necesitan unas cuentas públicas realistas y saneadas, alejadas de intereses partidistas y orientadas a la inversión productiva y al aprovechamiento del talento por lo que España no puede seguir más tiempo sin unos Presupuestos Generales adaptados a las realidades económicas y sociales del momento. El país necesita unas cuentas públicas que no sean un simple ejercicio contable, sino una herramienta estratégica para guiar la inversión, fomentar la productividad y garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos.

Castilla y León, como tantas otras comunidades, depende directamente de ese presupuesto nacional para poder elaborar los suyos propios y planificar políticas que respondan a sus desafíos reales: la despoblación, la pérdida de competitividad industrial y la falta de relevo generacional en su tejido empresarial. Sin embargo, con un presupuesto desactualizado y parcheado, no se pueden abordar las reformas estructurales que demanda nuestra economía.

Hasta ahora, los Fondos Next Generation han servido como tabla de salvación frente a esa carencia de planificación inversora por parte del Estado. Pero no deben convertirse en un sustitutivo de las cuentas públicas, sino en un complemento que impulse la modernización de la economía sobre una base sólida, estable y presupuestariamente ordenada.

Castilla y León tiene por delante una oportunidad irrepetible para reordenar su modelo productivo y situarse entre las regiones que lideren la transición tecnológica y energética del país. Pero no podrá hacerlo sin estabilidad presupuestaria, sin reformas de calado y sin una administración ágil y coordinada.

Juan Carlos De Margarida es presidente de Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA).