Ayudas y rebajas fiscales no cubren el incremento de costes del campo en Castilla y León

La Conferencia Sectorial de Agricultura se saldó el pasado jueves con una partida de 18,4 millones de euros en ayudas para Castilla y León, de los que 10,4 se destinarán a paliar el incremento del precio del gasóleo y los fertilizantes, y otros 8 a ayudas para la sanidad animal. Este goteo de ayudas, que se suman a otras partidas distribuidas con antelación, no son suficientes para dar solución al inmenso daño que el disparado precio de los insumos está haciendo a la agricultura y la ganadería.

La Comunidad acapara más de uno de cada cuatro euros del presupuesto de este bloque de ayudas distribuidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) para el conjunto del país, que asciende a 69,3 millones de euros. Es la autonomía que más ayudas percibe de este fondo distribuido en la última conferencia sectorial, con una cifra notablemente superior a la concedida al resto de las autonomías y que consolida la relevancia de la comunidad en términos de extensión agraria y censo ganadero.

Esta partida millonaria se articula en dos grandes bloques presupuestarios, dirigidos, por un lado, a amortiguar el severo encarecimiento de los costes de producción mediante el fondo de reserva agrícola de la Unión Europea y, por otro, a respaldar la vigilancia, control y erradicación de enfermedades en las explotaciones ganaderas, según explicó el Mapa. La primera de las líneas de ayuda económica corresponde a la asignación de 50,17 millones de euros procedentes de la reserva agrícola europea que el Ejecutivo central ha puesto directamente a disposición de los gobiernos autonómicos en lugar de articular una ayuda centralizada.

Dentro de esta partida, Castilla y León percibe 10,38 millones de euros, lo que la sitúa como la comunidad autonómica con la mayor asignación, por delante de Andalucía, que recibe 9,93 millones, y de Castilla-La Mancha, que cuenta con 8,98. Este reparto territorial se ha realizado tomando como referencia oficial la Superficie Agraria Útil correspondiente al año 2024 comunicada a Eurostat, garantizando un criterio homogéneo y común para todo el territorio que reconoce el elevado peso territorial del campo castellano y leonés.

Los fondos tienen como objetivo prioritario socorrer a los agricultores y ganaderos cuya viabilidad económica se ha visto gravemente castigada por el incremento desorbitado de los costes operacionales, especialmente en lo relativo al suministro de fertilizantes y el consumo de energía derivados de la inestabilidad internacional y la crisis en Oriente Próximo.

El segundo pilar de la financiación aprobada por la Conferencia Sectorial contempla la distribución de 19,13 millones de euros para apoyar programas nacionales de sanidad animal dirigidos al control y la erradicación de enfermedades ganaderas, un acuerdo previamente autorizado por el Consejo de Ministros. En este bloque, el predominio de Castilla y León es todavía más contundente, ya que absorbe por sí sola 8,04 millones de euros, lo que representa más del 42% de todos los fondos destinados al conjunto de España.

Esta inyección económica marca una gran diferencia abismal respecto a las otras regiones clave en materia ganadera, como Extremadura, que recibe 3,18 millones de euros, Cataluña, con 2,01 millones, o Andalucía, que percibe 1,95 millones, mientras que autonomías como la Comunidad Valenciana con 75.502 euros o La Rioja con 51.532 obtienen asignaciones mucho menores.

La elevada aportación económica asignada a Castilla y León en el área de sanidad animal responde a la necesidad de cofinanciar intervenciones sanitarias estratégicas para mantener los estándares epidemiológicos de la cabaña ganadera autonómica, como el programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, así como las indemnizaciones de la campaña 2026 orientadas a la gestión de focos de influenza aviar y de dermatosis nodular contagiosa, incluyendo el pago de vacunas al 50% y los costes derivados del vaciado sanitario de las explotaciones afectadas.

Sin embargo, estas ayudas consignación no son suficientes para paliar los elevados costes de las explotaciones agrarias. Tampoco lo son las bonificaciones fiscales al gasóleo y a los fertilizantes anunciadas el pasado jueves. Así lo manifiestan las Organizaciones Profesionales Agrarias, que mantienen sus movilizaciones para pasado mañana, miércoles, día en que está convocada una gran tractorada en Madrid. O mejor dicho, todas menos una, pues Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se ha desmarcado de las protestas aunque el secretario general UPA Castilla y León, Aurelio González, era partidario de secundarlas.

Módulos

De hecho, la organización ha celebrado en los últimos días las medidas contenidas en la tramitación de los módulos del IRPF por parte del Ministerio de Hacienda, que incluye reducciones fiscales como medida de excepción para agricultores y ganaderos. «En la próxima campaña de la Renta 2026, los agricultores y ganaderos españoles que tributan por el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) –el conocido como régimen de módulos, mayoritario en el sector, con 800.000 contribuyentes– obtendrán una importante mejora del tratamiento fiscal de dos de las partidas más relevantes: el gasóleo y los fertilizantes», explicaron desde UPA en un comunicado.

«Concretamente, los y las agricultores y ganaderos que declaren por el sistema de módulos podrán minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasóleo agrícola y un 15% por compra de fertilizantes. Esto se sumará a una reducción general del rendimiento neto del 10% para las actividades agrarias».

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos recordó que su organización propuso la aplicación de esta medida en la reunión que se celebró el pasado 22 de septiembre entre el sector y la cúpula del Ministerio de Agricultura. «Hace pocos días, UPA volvía a reclamar la activación de esta mejora fiscal que estiman en unos 600 millones de euros para el conjunto del sector. Esta medida ya se aplicó en 2024, como consecuencia de la crisis de costes derivada de la guerra en Ucrania», recordaron desde la entidad.

Más en concreto, la Opa valoraba en su comunicado que el Gobierno había abierto ese mismo día el periodo de información pública del proyecto de orden por la que se desarrolla para el año 2027 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que incluye medidas excepcionales de reducción fiscal para agricultores y ganaderos.

«El objeto de estas medidas, que suponen una rebaja de la base imponible del IRPF del orden de 860 millones de euros, es paliar los efectos en la rentabilidad de las explotaciones agrarias del incremento de los precios del gasóleo y los fertilizantes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio», explicó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa). «Las medidas benefician a los 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el método de estimación objetiva del IRPF (módulos)».

La orden establece una reducción general del rendimiento neto del 10% que será aplicable a las actividades agrarias. Al resto de actividades económicas se le aplica una reducción del 5%. Además, los agricultores y ganaderos que declaren por el sistema de módulos podrán minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasóleo agrícola y un 15% por compra de fertilizantes.

Pero la mayoría de las Opas ven insuficiente tanto las ayudas como las bonificaciones fiscales. Entidades como COAG consideran que la deducción por fertilizantes se queda corta frente al encarecimiento real del mercado y exigen que este porcentaje se eleve hasta el 25%

En cuanto a las ayudas el coordinador de Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, advirtió sobre las limitaciones del Real Decreto-ley 25/2026 por el que se adoptaron y prorrogaron medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio, y denunció que el tope de compensación en 0,20 no cubre el 70% del sobrecoste. Así, celebró la extensión de la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola hasta próximo 31 de diciembre, pero advirtió sobre las limitaciones de diseño de la norma.

Gasóleo

«Si la propia norma habla de compensar hasta el 70% del sobrecoste, no se puede presentar como solución un techo que hoy apenas cubre el 43%, el tractor no funciona con porcentajes sobre el papel: funciona con gasóleo que hay que pagar cada semana», denunció Palacín.

Además, la organización aseguró que la prolongación de la ayuda al gasóleo agrario hasta final de año atiende a una de las demandas prioritarias que la organización trasladó al Ministerio de Agricultura el pasado 22 de septiembre, pero el mantenimiento del límite máximo de 0,20 euros por litro «impide alcanzar la compensación efectiva del 70% del sobrecoste» que, teóricamente, establece la propia norma.

Según los datos oficiales del Mapa, el precio medio ponderado del gasóleo agrario sin impuestos pasó de unos 0,734 euros/litro (E/l) antes del inicio del conflicto a 1,196 E/l en septiembre –a 1,196 cotizaba también el pasado viernes–, situando el diferencial en torno a los 46,2 céntimos por litro. De acuerdo a la organización, aplicar el 70% de este diferencial exigiría una compensación superior a los 32 céntimos, por lo que el tope de 20 céntimos fijado por el ejecutivo cubriría aproximadamente el 43% del sobrecoste real.

Desde el inicio de estas medidas en marzo y hasta la finalización del año, las estimaciones de UCCL han situado el sobrecoste total para el sector agrario en unos 576 millones de euros. Para compensar verdaderamente el 70% prometido harían falta unos 403 millones de euros, una cifra muy alejada de los 159 millones acumulados en los créditos presupuestados hasta la fecha.

«Ligar la concesión de la ayuda a la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos (IEH) de 2025 agiliza la tramitación administrativa, pero genera importantes distorsiones», explicó UCCL en un comunicado. «En primer lugar, denunciamos que este sistema deja fuera a una parte relevante de los usuarios reales de gasóleo agrícola, en 2025 solo la solicitaron unas 99.100 personas, la mitad del consumo sectorial real. Además, continúan sin solución específica sectores productivos con consumos singulares, como es el caso de la apicultura».

«Ante esta situación, desde UCCL insistimos en la necesidad de abordar de una vez por todas una reforma estructural que consolide un verdadero gasóleo profesional agrario, con una fiscalidad estable en los niveles mínimos permitidos y un acceso sencillo e inmediato», exigió Palacín.

Movilizaciones

Por ello, volvió a llamar a la movilización, como la que hay convocada para pasado mañana miércoles, 28 de octubre, con una tractorada en Madrid. Y es que todas las grandes Opas menos UPA, es decir, Asaja, UCCL y Coag, han convocado a agricultores y ganaderos «para reclamar soluciones que permitan vivir al sector de su trabajo». «El próximo 28 de octubre, el campo se moviliza en Madrid. La gran tractorada reclamará respuestas concretas para defender la rentabilidad de las explotaciones profesionales y el futuro de quienes producen nuestros alimentos», proclaman en una misma nota de prensa las tres organizaciones.

La convocatoria reúne cinco reivindicaciones. En primer lugar, un plan de choque frente a los costes de producción. Las tres Opas exigen la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario. Reclaman una fiscalidad reducida y estable, con bonificaciones aplicadas directamente al repostar. «No basta con encadenar ayudas temporales que llegan tarde y apenas compensan las subidas», apuntan. «El campo necesita una solución permanente y, mientras se pone en marcha, medidas extraordinarias suficientes para afrontar los sobrecostes del combustible y del resto de medios de producción. De lo contrario, sectores como el cerealista quedarán arruinados y en riesgo de desaparecer».

En segundo lugar, las Opas reclaman una PAC fuerte que proteja la renta de agricultores y ganaderos. Ante la incertidumbre sobre la futura Política Agraria Común, rechazan cualquier recorte del presupuesto agrario y exigen una PAC verdaderamente común, con financiación suficiente y sus dos pilares diferenciados.

El tercer punto son precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla: «No es aceptable que agricultores y ganaderos sigan siendo el eslabón más débil de una cadena en la que sus costes aumentan sin que puedan trasladarlos a los precios que perciben», apuntan. En cuarto lugar, las organizaciones rechazan la competencia desleal de los acuerdos comerciales: «Los productos europeos no pueden competir con importaciones que no cumplen las mismas exigencias», remarcan. Por eso reiteran su rechazo al acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales y al acuerdo con Marruecos, y reclaman reciprocidad normativa y controles efectivos en frontera.

El quinto y último punto de los planteados en la movilización consiste en lograr «menos papeles y menos normas». Agricultores y ganaderos quieren «poder trabajar en sus explotaciones en lugar de dedicar cada vez más tiempo a trámites, registros y obligaciones administrativas».