La sementera no espera a las urnas: Castilla y León exige «más libertad» en la PAC

Los ciclos del campo no entienden de política. Y en las próximas semanas los agricultores deben decidir qué sembrar en otoño, dentro de las limitaciones que impone la normativa europea, sin importar quién ocupará a partir de diciembre el Ministerio de Agricultura. Por eso, el sector reclama a su actual responsable, Luis Planas, nuevas medidas de flexibilización de la PAC para afrontar la que será –aseguran– la campaña más cara de los últimos cinco años por los disparados costes de producción. Exigen «más libertad» a la hora de poder escoger cultivos más rentables. Y la quieren ya. «Tiene que ser ahora y tiene que tener una respuesta ágil», advirtió este lunes el consejero de Agricultura de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, tras reunirse con los representantes de Asaja, Alianza UPA-COAG y UCCL. Un acuerdo para pedir al ministro antes de que deje el cargo (si es que lo deja) «más libertad» ante el «ecofanatismo que impregna las políticas agrarias» europeas.

Ese pacto sella la postura común de la Junta y las Opas. O, mejor, dicho, de la Consejería de Agricultura y las Opas. Porque sus representantes exhibieron dos actitudes distintas hacia sendos sectores del Ejecutivo autonómico. «Agradecimiento» hacia el consejero Pino, de VOX, por «liderar» las reivindicaciones del campo. Y tono reivindicativo hacia el presidente 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, a quien reclaman una reunión «urgente» (está «pendiente de agenda», justificó el consejero) así como ayudas económicas directas para paliar el encarecimiento del combustible y los fertilizantes. Esperan «como agua de mayo» esa reunión y esas ayudas, indicó Donaciano Dujo (Asaja). «Hemos pedido ayudas al Gobierno de la Comunidad, que acompañe a las que ha hecho el Gobierno central», en todo caso «insuficientes», apostilló ante una «crisis tan profunda».

Volviendo a la sementera, la disyuntiva en las parcelas resulta compleja. Apostar por el cereal de invierno exige asumir costes de hasta 1.000 euros por hectárea, mientras que optar por girasol u otras alternativas de menor gasto queda condicionado por los porcentajes obligatorios de rotación que impone Bruselas. Sembrar una hectárea de cereal en secano cuesta hoy casi el doble que los 500 euros de 2021, porque el precio del gasóleo agrícola alcanza 1,70 euros por litro y los fertilizantes se pagan a 800 euros por tonelada, según cifraron los representantes del sector agrario.

«Trabajando nos arruinamos»., resumió el presidente de Asaja. Según sus cálculos, la escalada de los insumos exige rendimientos de al menos 4.500 kilos por hectárea solo para cubrir gastos en el caso del cereal, una cifra «inalcanzable». A su juicio, urge permitir que cada productor busque «los menores costes y los máximos ingresos» sin ataduras administrativas. En el contexto de la convocatoria electoral anunciada este lunes por Pedro Sánchez, Dujo lanzó una petición a Planas: «en época electoral, en vez de prometer, que haga».

En lo concreto, el sector reclama eliminar porcentajes fijos en barbechos, especies mejorantes o leguminosas para que cada profesional elija la opción más eficiente. También, computar los terrenos en barbecho como superficies de biodiversidad.

Otra demanda clave es autorizar la quema controlada de rastrojos, una medida que busca frenar plagas como la de topillos y reducir la factura en fitosanitarios. Las partes también aspiran a suspender la entrada en vigor del llamado cuaderno digital de explotación, prevista para el 1 de enero de 2027. Consideran que esa herramienta añade burocracia sin aportar rendimiento. Y cláusulas espejo, para exigir reciprocidad real en las fronteras comunitarias frente a las importaciones de terceros países que compiten sin sus exigencias ambientales.

El representante de la Alianza UPA-COAG, David Garrido, hizo hincapié en la necesidad de adaptar la normativa comunitaria a la diversidad de Castilla y León. Por ejemplo, plantea al Ministerio considerar el secano y el regadío como una única explotación para simplificar la tramitación administrativa y facilitar el cumplimiento de las exigencias. Asimismo, defendió flexibilizar el uso del girasol como cultivo mejorante, ya que su superficie ha crecido de forma notable como alternativa al cereal por requerir una menor inversión inicial y asumir un menor riesgo económico en el contexto actual.

Garrido respaldó también que los terrenos en barbecho sean reconocidos como espacios de biodiversidad dentro de la práctica del ecorregimen. El portavoz de la Alianza remarcó que se trata de ajustes técnicos que el Ministerio de Agricultura puede aplicar de forma inmediata, «incluso estando en funciones», para adecuar la normativa a la realidad agronómica y de rentabilidad que vive el sector.

Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Valentín García calificó los acuerdos alcanzados como soluciones «de cajón», advirtiendo de que «lo fácil es prometer y lo difícil es dar». El dirigente de UCCL expuso que muchos profesionales se plantean con amargura que «ojalá no tuviéramos la PAC», debido a que la opinión pública percibe erróneamente estas asignaciones como regalos o subvenciones. Sin embargo, subrayó que estos apoyos se han vuelto un salvavidas estrictamente imprescindible para evitar la quiebra e inviabilidad de las explotaciones agrarias.

Más allá de las exigencias trasladadas al Ministerio, la Consejería de Agricultura defendió su propia hoja de ruta para blindar la rentabilidad de los productores a través de la Ley de la Cadena Alimentaria. Así, Pino anunció la inminente publicación de los estudios oficiales de costes del sector lácteo y de la uva del Bierzo, a los que se sumará antes de fin de año el análisis relativo al cultivo del maíz. Con estas herramientas técnicas, el Ejecutivo regional busca ofrecer respaldo jurídico frente a las ventas a pérdidas.