Las Opas celebran el ‘frenazo’ a Mercosur pero mantienen las tractoradas desde el 29

«Un paso fundamental». Así calificaron las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) de Castilla y León el paso dado por el Pleno del Parlamento Europeo, que obliga a someter el acuerdo UE-Mercosur a control jurídico. Eso sí, advierten que es fruto de las movilizaciones de agricultores y ganaderos celebradas en Bruselas y Estrasburgo.

Desde Asaja aseguran que esta decisión permite avanzar en el análisis de un acuerdo que el sector agrario y ganadero viene denunciando desde hace tiempo por su grave impacto económico, productivo y territorial, así como por las dudas jurídicas y políticas de fondo que plantea. El tratado acumula dos décadas de negociaciones.

Desde Asaja aseguraron que la organización confía en que el control jurídico del acuerdo UE-Mercosur «frene su ratificación ante las dudas jurídicas y políticas que plantean y su grave impacto sobre un sector agroalimentario claramente perjudicado por un acuerdo desequilibrado e injusto».

A través de un comunicado, la Opa valoró como «un paso fundamental» la medida del Parlamento Europeo y destacó que esta decisión «es también fruto del papel activo que la organización ha desempeñado desde Copa-Cogeca, impulsando las movilizaciones celebradas en Bruselas y Estrasburgo». Asaja subrayó también «la importancia de la organización y la representación agraria para que las demandas del sector lleguen a los centros de decisión europeos y puedan traducirse en avances concretos», y agradeció «el compromiso de los agricultores y ganaderos que han participado en las movilizaciones para defender un acuerdo justo y equilibrado para el sector agroalimentario».

Upa, por su parte, manifestó que la consulta al Tribunal de Justicia de la UE «incrementa la incertidumbre sobre la activación del tratado», y alertó de que tras la decisión del Parlamento Europeo «se abren diferentes escenarios: que la Comisión Europea espere a la resolución del Tribunal de Justicia de la UE para activar el acuerdo, o que realice una aplicación provisional del acuerdo y se ponga en marcha de inmediato».

La Opa mostró «cautela» hasta conocer los próximos pasos de la Comisión Europea, algunos de cuyos miembros han mostrado ya intenciones de seguir adelante con el tratado de libre comercio. «Hasta el pronunciamiento de la Comisión, la situación hoy es de incertidumbre», señalaron desde la organización agraria.

Así, Upa reclama al Parlamento Europeo que las medidas de protección que viene reivindicando «y que son absolutamente necesarias», como las cláusulas de salvaguardia, los controles en frontera y la reciprocidad a la hora de producir y las auditorías en países terceros para verificar que lo que se firma se cumple «sean una realidad más pronto que tarde, a ser posible en el próximo pleno del mes de febrero».

«PELIGRO REAL»

Desde Coag Castilla y León también hicieron hincapié en el «peligro real» de la aplicación provisional del acuerdo: «A pesar de este freno judicial, nos enfrentamos a un escenario de alto riesgo. La Comisión Europea tiene la potestad de solicitar al Consejo que se apruebe la aplicación provisional de la parte comercial (el denominado Interim Trade Agreement)», advierte la organización.

«Esto permitiría que los capítulos comerciales entraran en vigor sin esperar el dictamen del TJUE ni la ratificación total por parte del Parlamento Europeo. Existen precedentes preocupantes en los que se ha utilizado esta vía para esquivar bloqueos parlamentarios o sociales, como ocurrió con los tratados con Estados Unidos, Canadá o Marruecos», añaden desde Coag.

Unión de Campesinos de Castila y León (UCCL) se «felicitó» tras conocer la decisión del Parlamento Europeo, y se mostró «satisfecha del trabajo de seguimiento y presión realizado en Europa». La Opa, a través de su estatal, Unión de Uniones, «que viene siguiendo todos los pasos en el acuerdo UE-Mercosur», ha estado «en contacto con los europarlamentarios trasladándoles en todo momento la realidad y el sentir de los agricultores y ganaderos europeos y españoles».

Con los resultados de las votaciones, UCCL considera que el pulso mantenido «ha tenido sus frutos» y confía en que sea «el primer paso para poder frenar el acuerdo UE-Mercosur». La organización lo demostró «una pequeña victoria» que demuestra que «la movilización funciona».

Aun con el 'frenazo' al Mercosur, las Opas mantienen sus movilizaciones. En un comunicado conjunto las cuatro grandes organizaciones de Castilla y León, Asaja, Upa, Coag y UCCL, convocaron en unidad de acción en todas las provincias de Castilla y León a los agricultores y ganaderos «para manifestar su oposición contra el acuerdo de Mercosur, en nuestras calles y carreteras, a finales de este mes». El calendario de protestas «se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero, pero las organizaciones convocantes tienen previsto que la mayoría de las protestas provinciales se concentren el jueves 29».

Pero las protestas no se cierran solo en el Mercosur, sino que van mucho más allá. La lista es la misma que se inició en las manifestaciones celebradas por el campo europeo en Bruselas el pasado 18 de diciembre. En esa lista, los agricultores y los ganaderos exigen, a grandes rasgos, rentabilidad para sus productos, reciprocidad con terceros países y el mantenimiento de una PAC fuerte.

En cuanto al primer punto, exigen para lograr la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas: incremento de precios y bajada de costes, especialmente las medidas de fertilizantes.

Por otro lado, exigen el freno definitivo a los acuerdos comerciales «desleales con países sin estándares equivalentes», y ponen como ejemplo los de Marruecos y Mercosur. En concreto, solicitan «medidas de salvaguarda y controles en frontera que frenen importaciones que hayan empleado sustancias prohibidas en la UE, sin garantías suficientes de trazabilidad y control».

En cuanto a la PAC, exigen «una PAC fuerte, con dotación presupuestaria suficiente que no recorte los fondos actuales», y el mantenimiento de los dos pilares de la PAC (pagos directos y desarrollo rural) con presupuestos diferenciados.

También exigen urgentemente una «verdadera simplificación de las normas burocráticas que asfixian al sector agrícola y dificultan su viabilidad económica», así como «equilibrio entre exigencias ambientales y financiación para hacerlas viables».

Por otro lado, agricultores y ganaderos piden garantías «reales» para afrontar el relevo generacional, con ayudas específicas a jóvenes agricultores, así como medidas contra la crisis de precios sufrida por el cereal en las últimas tres campañas.