PAC «sensata» y rentabilidad para 2026

Las demandas del campo para el año que comienza son similares a las de otros ejercicios, pero crecen en intensidad. Agricultores y ganaderos quieren soluciones reales para los problemas que llevan arrastrando durante mucho tiempo : la falta de rentabilidad de los productos agrarios, la amenaza de medidas de recortes en el nuevo periodo de la Política Agraria Común (PAC) , la flexibilización de la normativa de sanidad y bienestar animal –y asociadas como el control de la fauna silvestre, portadora de patógenos–, el control de la cadena alimentaria para que los productores no perciban menos por sus productos que otros eslabones, el control de la competencia desleal por parte de terceros países... La lista de asuntos sin resolver es muy extensa.

Así lo expusieron las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) en su tradicional balance de fin de año, un momento que aprovecharon para plantear sus reivindicaciones y explicar sus previsiones para el año que comienza. Un ejercicio que prevén «muy caliente» y con una agenda muy activa de movilizaciones. Con toda seguridad las carreteras autonómicas y las calles de las ciudades de Castilla y León volverán a acoger caravanas de tractores en señal de protesta.

Así lo plantea Asaja Castilla y León , que aguanta su discurso frente a la PAC y anuncia «movilizaciones inmediatas» . La organización agraria inauguró nueva sede autonómica en Valladolid hace pocos días, momento en que exigió rentabilidad y el fin del uso político del sector primario.

El presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo , lanzó un mensaje directo a la clase política: el campo debe quedar fuera de la confrontación partidista. Dujo instó a las formaciones a abandonar la crispación y presentar propuestas «sensatas y realistas» que garanticen la viabilidad económica de las explotaciones.

El dirigente subrayó que la «prioridad absoluta» es recuperar la rentabilidad, un factor que ha amenazado por el PAC. Desde la organización denuncian un recorte presupuestario de Bruselas del 22%, además de la apertura de mercados a productos de terceros países que no cumplen con las normativas locales. «Europa está defraudando a agricultores y ganaderos» , aseveró Dujo, vinculando este malestar con la oleada de protestas que el Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (Copa) impulsó recientemente.

Asaja ya trabaja en un calendario de movilizaciones que marcará el inicio del año. Dujo aseguró que la organización liderará las protestas durante enero y febrero, haciendo un llamamiento a la unidad de acción entre todas las asociaciones representativas. El objetivo es claro: exigir estabilidad, precios justos que cubran los elevados costes de producción y un relevo generacional que asegure el futuro de la Comunidad.

En su balance del ejercicio, el responsable autonómico calificó el año como «malo» en términos financieros. A pesar de que las cifras de producción han sido notables tanto en agricultura como en ganadería, el encarecimiento de los insumos ha devorado los márgenes de beneficio, dejando al sector en una situación de vulnerabilidad.

La organización criticó también las políticas medioambientales. Así, Asaja Ávila y Valladolid salieron a la palestra para exigir la unificación de las carteras de Agricultura y Medio Ambiente para «frenar la crisis del medio rural». Ambas organizaciones provinciales reclaman con firmeza «una reorganización urgente» de la gestión pública que permita reintegrar las políticas ambientales en la misma cartera ministerial o consejería que la agricultura y la ganadería. Esta reivindicación , que la organización agraria califica como una medida «de sentido común y no como un capricho» , se basa en los precedentes históricos tanto a nivel nacional como autonómico, cuando la gestión de los recursos naturales y la producción alimentaria formaban un todo inseparable.

Según denuncian desde la Opa, la actual separación competencial «ha convertido a las normativas ambientales en la auténtica espada de Damocles del campo español, especialmente en Castilla y León», donde las decisiones adoptadas desde el desconocimiento del medio rural «están poniendo en jaque la viabilidad de miles de explotaciones y el futuro de los municipios».

El fracaso de este modelo de gestión se manifiesta «de forma alarmante» en el control de la fauna salvaje, donde los ataques del lobo a la ganadería extensiva se multiplican ante la ausencia de herramientas eficaces de control. Esta situación se agrava con la expansión descontrolada del jabalí, que actúa como reservorio de enfermedades graves como la tuberculosis o la peste porcina africana, lo que genera «consecuencias económicas devastadoras para el sector y supone una amenaza para la salud pública».

Del mismo modo, responsables de Asaja aseguraron que asisten «con impotencia» a la destrucción de cultivos y viñedos por parte de los conejos y a la amenaza constante de las aves migratorias como vectores de la influenza aviar, todo ello ante lo que consideran una pasividad flagrante por parte de las administraciones competentes.

La organización agraria critica también el impedimento sistemático al desarrollo de nuevas infraestructuras ganaderas y la creciente «demonización del regadío», herramienta que consideran clave para fijar población y garantizar la soberanía alimentaria. Asaja denuncia que el sector se encuentra «asfixiado por restricciones en materia de fertilización, vetos al uso de fitosanitarios y la imposibilidad de realizar quemas controladas», todo ello bajo lo que definen como una «interpretación ideológica y dogmática de la Agenda 2030». Esta deriva, aseguran, lejos de aportar soluciones ambientales, «está expulsando la actividad humana y la población del medio rural, dejando el territorio en una situación de extrema vulnerabilidad».

En el mismo sentido se manifestó la Alianza UPA-Coag Castilla y León, que destacó la mala situación del campo, con el cereal que encadena tres años de pérdidas. La organización agraria teme una «desaparición sistémica», por culpa de la falta de rentabilidad en los cultivos de secano, la competencia de las importaciones y un relevo generacional «inexistente», que dibujan «un escenario crítico para el sector primario».

CEREAL

La Alianza UPA-Coag pone de manifiesto que el sector del cereal en la región atraviesa uno de sus momentos más oscuros, tras tres campañas consecutivas operando por debajo de los costes de producción. El fantasma de lo ocurrido con la remolacha —una reducción drástica de la superficie cultivada— planea ahora sobre el trigo y la cebada, con el agravante de que en las zonas de secano apenas existen alternativas de rotación viables para los agricultores.

Y es que, según apuntaron los responsables autonómicos de UPA, Aurelio Rodríguez, y Coag, Lorenzo Rivera, la viabilidad de las explotaciones se ve amenazada por varios frentes. Por un lado, exigen un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria que garantice precios justos. Por otro, existe un profundo malestar por las importaciones masivas de grano ucraniano.

Según denunciaron, buena parte de las diez millones de toneladas que entraron en España el pasado año no proceden de pequeños agricultores locales, sino de «fondos de inversión que han especulado» con la tierra tras el inicio del conflicto bélico. A esto se suma la preocupación por el futuro acuerdo con Mercosur y las importaciones de patata de Israel, que el sector califica de «incoherencia» en el contexto actual. Los productores exigen que los productos extranjeros cumplan las mismas exigencias sanitarias y de sostenibilidad que se imponen dentro de la Unión Europea para evitar una competencia desleal que inunde los mercados nacionales.

Aurelio González y Lorenzo Rivera explicaron también que el relevo generacional es otra de las grandes asignaturas pendientes. Las estadísticas son «alarmantes»: uno de cada tres perceptores de las ayudas de la PAC supera ya los 65 años. Desde el sector critican que los mecanismos de cese anticipado actuales ofrecen compensaciones «insuficientes» para incentivar el traspaso de explotaciones, lo que unido al recorte del 22% en los fondos planteado por Bruselas, «desincentiva la incorporación de jóvenes». Los dos reclaman una PAC que «vuelva a sus orígenes» y priorice la seguridad alimentaria y la estabilidad de los mercados.

Por otro lado, en el ámbito ganadero, aunque los sectores lácteo y cárnico mantienen preciosque valoraron como «aceptables», la preocupación se centra en la sanidad animal (peste porcina, gripe aviar o dermatosis) y en la creciente concentración empresarial. El sector porcino, por ejemplo, ha visto caer sus precios un 30% mientras la producción se desplaza hacia Marruecos o Sudamérica, dejando el mercado «en manos de un reducido grupo de grandes compañías».

Finalmente, la convivencia con la fauna silvestre sigue siendo, señaló la Alianza UPA-Coag en Castilla y León, un punto de fricción. Más allá de los daños directos en las cosechas, la presión cinegética «se traduce en un problema de seguridad pública»: en Castilla y León se registran de media «27 accidentes de tráfico diarios provocados por animales en carreteras rurales». A esto se añade la eterna disputa por la gestión del lobo, donde los ganaderos exigen una valoración de daños justa y que las competencias de control regresen a la Administración autonómica.

MOVILIZACIONES

Por su parte el coordinador de Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, mostró una visión muy negativa de la situación del campo, que aseguró que ha estado «asfixiado» durante todo el ejercicio de 2025. Como respuesta, anunció una gran tractorada para el próximo mes de febrero para luchar por la viabilidad del sector.

La caída «drástica» de los precios en origen, los recortes previstos en la PAC y la falta de soberanía alimentaria frente a terceros países empujan a los productores a un calendario de «potentes movilizaciones», aseguró el coordinador autonómico de la organizacón agraria. Y es que el sector cerró un 2025 «negro» con un pie en la carretera. Las principales voces del campo lanzaron una advertencia definitiva: la combinación de crisis sanitarias, el hundimiento de la rentabilidad y la propuesta de recortar un 22% los fondos de la futura Política Agraria Común (PAC) «ponen en riesgo el futuro del campo y la incorporación de jóvenes», remarcó Palacín.

Ante lo que la Opa considera una falta de respuesta institucional, ultima ya un calendario de protestas que culminará el próximo 11 de febrero con una movilización masiva de tractores. Y es que, a pesar de que 2025 dejó una cosecha de cereal razonable en volumen, «los márgenes de beneficio han desaparecido». Los productores denuncian que, mientras hace dos años la tonelada de cereal se pagaba a 340 euros, hoy apenas alcanza los 190 euros.

Esta caída se ve agravada por un incremento del 20% en el coste de los fertilizantes. «Si no hacemos algo pronto, el sector en España y Europa tiene poca viabilidad», aseguró el representante de UCCL, subrayando que actualmente producir una hectárea cuesta 800 euros y solo se empieza a cubrir gastos a partir de rendimientos muy elevados, inalcanzables para muchas explotaciones.

El malestar se extiende a la gestión geopolítica de la Unión Europea. Los agricultores critican que se esté utilizando el sector como moneda de cambio para ayudar a países en conflicto, permitiendo una entrada masiva de cereal que satura el mercado interno. «Vivimos una desidia de la UE, que utiliza el campo para ayudar a Ucrania. No nos negamos a que se ayude, pero no que lo paguemos los agricultores y ganaderos», denuncia Palacín.

Uno de los puntos más críticos de la reivindicación se centra en el Marco Financiero Plurianual. UCCL exige un «viraje hacia otro tipo de políticas agrarias que piensen en la agricultura y la ganadería y no en la defensa». La crítica hacia Bruselas es directa: si Europa desea aumentar su gasto militar, no debe hacerlo detrayendo fondos de la seguridad alimentaria.

PROFESIONALIZACIÓN

Además, se exige que la PAC se destine exclusivamente a profesionales que tengan la agricultura como actividad principal, siguiendo modelos de países vecinos donde las ayudas se reparten de forma más eficiente. «Es lamentable que tengamos que salir a la calle, pero o lo hacemos o nos pasan por encima», advierte el coordinador de Unión de Campesinos de Castilla y León, que también reclama «cláusulas espejo» en los tratados comerciales, como el de Mercosur, para evitar la competencia desleal de productos que no cumplen los estándares europeos.

El año recién concluido deja «cicatrices profundas» en la cabaña ganadera. Las crisis sanitarias han sido «sin precedentes», con la pérdida de más de dos millones de aves debido a la gripe aviar y severas restricciones al movimiento de bovinos por la Dermatosis Nodular, medidas que el sector tacha de «absurdas» en periodos de inactividad del insecto transmisor.

Especial preocupación suscita el sector del ovino, que ha perdido un 7% de sus productores en un solo año. «Nadie quiere trabajar en un sector en el que se trabaja mucho y no tiene rentabilidad», sentencia la Opa, que alerta de que la falta de contratos estables pone en jaque la industria transformadora láctea.

A este panorama se suma el impacto ambiental, con la especial incidencia de la ola de incendios forestales sufridos en la temporada estival, sobre todo en las provincias de León y Zamora. Con 140.000 hectáreas calcinadas en los «incendios más grandes de la historia», los ganaderos exigen un cambio radical en la gestión forestal que incluya cortafuegos efectivos, quemas controladas en invierno y una mayor coordinación con los profesionales que habitan el terreno.

El año que comienza se plantea como «un ejercicio de resistencia». UCCL remarca que el campo reclama que 2026 suponga un «cambio de rumbo» que blinde el presupuesto de Desarrollo Rural, esencial para la modernización de regadíos y el relevo generacional. Sin una apuesta decidida por la rentabilidad y la protección de los mercados locales frente a las importaciones descontroladas, la Opa advierte de que la soberanía alimentaria europea pasará a ser, definitivamente, «una cosa del pasado».

Si 2026 se dibuja como un año convulso en la política internacional, no lo será menos en el ámbito nacional. A la lucha sin cuartel entre los partidos políticos se unirá una oleada de reivindicaciones sectoriales entre las que el sector primario irá tomando protagonismo a medida que avancen los meses.