La guerra torpedea el cereal de Castilla y León y las opas acusan de "inacción" al Mapa

Las organizaciones profesionales agrarias (Opas) llevan denunciándolo desde poco después del inicio de la guerra de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. El país de Zelenski, invadido por Rusia, necesita colocar su grano para hacer caja y hacer frente al enemigo. Es cuestión de supervivencia. Una supervivencia que les sale cara a los agricultores de España y, con más motivo, a los de Castilla y León, la primera comunidad productora de grano del país: la afluencia de cereal abundante y barato a los puertos de Europa hunde los precios. Un misil contra el bolsillo de los productores de la Comunidad, a los que les sale mucho más caro cultivar una hectárea que a los de Ucrania. Entre muchas otras causas, por el sinfín de normas de la UE sobre calidad y sostenibilidad que deben cumplir.

El asunto se va agravando mes a mes, año a año. Las Opas calculan que España, siendo estructuralmente deficitaria en cereal, pasó de importar unos 3 millones de toneladas anuales de maíz, trigo y cebada desde Ucrania a más de 10 millones en 2024 gracias a la eliminación de aranceles acordada por la UE.

La tendencia parece haber disminuido en el año en curso. Según datos del ICEX (España Exportación e Inversiones), perteneciente al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, de enero a julio del año en curso España importó trigo de Ucrania por valor de 551,7 millones de euros (ME), lo que se corresponde con unas 2,6 millones de toneladas de cereal. Eso arrojaría una proyección de apenas cinco millones en la totalidad del ejercicio, pero seguramente la compraventa de grano adquiera más velocidad tras la cosecha, que precisamente se recogió a partir de julio en las zonas del sur de Europa para ir subiendo gradualmente hacia el norte.

La cifra total en valor de importaciones de grano de Ucrania ascendió a 2.121 ME en 2024; 2.142 ME en 2023 y 1.408 ME en 2021, cuando en los años anteriores ese valor alcanzaba poco más de 500 millones de euros. Castilla y León, la mayor productora de cereal del país, no compra un euro del cerealde Ucrania, pero hay otras que sí lo hacen en gran medida, quitándole mercado a Castilla y León. La que más, Cataluña, que compró cereal ucraniano por valor de 997,2 ME en 2024 (unos 4,7 millones de toneladas) y de enero a julio de este año les lleva ya comprados por valor de 263,5 ME (alrededor de 1,24 millones de toneladas).

Hace pocos días fue Asaja Castilla y León la Opa que salió a la palestra para denunciar la situación con un comunicado de las delegaciones de Ávila, Segovia y Valladolid. La organización no duda en calificar de dumping lo que ocurre con Ucrania, se trate o no de supervivencia, y exige medidas urgentes a las administraciones para que cesen los graves perjuicios que la situación provoca a los agricultores cerealistas.

No duda tampoco de acusar de ‘inacción’ al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), que "condena a la ruina al cereal español frente al dumping ucraniano" y "deja morir a los agricultores españoles" con la apertura de fronteras a su cereal.

"Asaja Ávila, Segovia y Valladolid denuncian con la máxima contundencia la situación de emergencia que viven los cerealistas de Castilla y León y de España. La avalancha de cereal importado —fundamentalmente procedente de Ucrania— está hundiendo los precios en origen y empujando a miles de explotaciones familiares a la ruina, mientras el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León mantienen una inaceptable pasividad en fronteras y mercados interiores", denuncia la organización.

"España se ha convertido en el principal receptor masivo de grano ucraniano en la Unión Europea", apunta la organización, que hace hincapié en esos más de 10 millones de toneladas importadas en 2024, tras la eliminación de aranceles decidida por Bruselas para favorecer a Ucrania. "Esta avalancha ha hundido los precios en origen, saturado los puertos y desbordado cualquier capacidad de control", lamenta.

EMERGENCIA

Según apunta Asaja, las autoridades europeas ya tuvieron que articular medidas de emergencia en 2023 para Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, con un paquete de apoyo extraordinario aprobado por la Comisión Europea precisamente para compensar la distorsión provocada por el aumento de las exportaciones ucranianas.

Eso es lo que pide ahora la organización para los productores españoles, ni más ni menos que lo que ya les han dado en otros países. "Que esos países recibieran ayudas y medidas excepcionales es el precedente que ahora exigimos para España. Además, algunos Estados miembros como Polonia y Hungría adoptaron medidas nacionales adicionales, demostrando que la respuesta es posible cuando hay voluntad política", apuntan desde Asaja.

"No podemos tolerar la entrada masiva de cereal producido bajo marcos de exigencia fitosanitaria, ambiental y laboral mucho más laxos que los impuestos a nuestros agricultores europeos. Esa competencia desleal está devaluando el producto nacional y menoscabando la viabilidad de las explotaciones españolas", critican desde las delegaciones de Asaja en Ávila, Segovia y Valladolid. "El Mapa debe ejercer controles estrictos en puertos y fronteras para impedir la entrada de partidas que vulneren requisitos y garanticen que no se permita la comercialización a precios de dumping. La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León tiene la obligación de aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria y de impedir la venta por debajo de los costes de producción mediante inspecciones y sanciones ejemplares".

Por todas esas razones, desde la Opa reclaman medidas inmediatas y concretas. En primer lugar, controles fitosanitarios y administrativos férreos en los puntos de entrada, reforzando el servicio de inspección de sanidad vegetal en frontera, que asegure igualdad de condiciones con el cereal nacional. También piden la aplicación estricta e inmediata de la Ley de la Cadena Alimentaria, sancionando las ventas a pérdidas "que hoy son norma en el mercado".

Por otro lado, demandan la apertura de un expediente de ayudas directas al cereal español, de manera análoga a lo aprobado en 2023 para Polonia y Hungría, "para compensar la distorsión competitiva causada por las importaciones excepcionales". Suman a todo ello la convocatoria "urgente", por parte del Mapa, de una mesa de crisis con organizaciones agrarias, cooperativas, industria, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado para articular medidas de estabilización de precios, almacenamiento y valorización.

Las tres delegaciones de Asaja advierten con rotundidad: "Sin una intervención decidida y rápida del Gobierno de España y de la Unión Europea, asistiremos a la desaparición de un sector estratégico para la soberanía alimentaria, la conservación del territorio y el tejido socioeconómico rural. La pasividad actual no solo es inaceptable desde el punto de vista económico, es una negligencia política que multiplica la dependencia exterior y acelera el abandono del campo".

ABANDONAR

La situación del mercado del cereal está propiciando que los agricultores se planteen no sembrar, ya que "las cuentas no salen". Desde Asaja advierten de que si no cambia la situación en las próximas fechas, y comprometidos con la viabilidad de las explotaciones, va a pedir a los agricultores que no se siembre. Y es que año a año se incrementa el precio del grano, y también el de los fertilizantes y fitosanitarios. Como dice frecuentemente el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, el agricultor no hace más que echar dinero al suelo sin saber qué va a recibir después.

"El campo de Castilla y León actualmente está parado y las máquinas no se mueven y la previsión es que no lo hagan próximamente, porque el sector no puede aguantar más esta situación tan injusta", apuntan desde Asaja Ávila, Soria y Valladolid. "Exigimos respuestas ahora, no parches tardíos ni discursos vacíos. O se protege y se compensa al cereal español con las mismas herramientas que ya se han aplicado en otros Estados miembros, o las consecuencias serán irreversibles", concluyen.

Todas las Opas han denunciado los bajos precios del cereal en la última campaña. El pasado junio, UPA, Coag y UCCL denunciaron los precios "vergonzosos», «especulativos" y "de abuso" que fijaban las lonjas de la Comunidad Autónoma, especialmente la de Salamanca, y la organización estatal de UCCL, Unión de Uniones, pidió una monitorización estricta de las importaciones de cereales de Ucrania. La Opa manifestó su "profunda preocupación" ante "un hundimiento de los precios del cereal de más del 40% con respecto a hace tres años, una caída abrupta agravada desde el inicio de la guerra en Ucrania".

Al mismo tiempo, la organización señaló que los costes de producción no habían dejado de incrementarse: en particular, los fertilizantes nitrogenados, que se habían encarecido alrededor de un 40% en apenas medio año. "Esta combinación —precios en origen por los suelos y costes al alza— está llevando al límite la viabilidad de miles de explotaciones cerealistas, abocadas a producir muy por debajo de costes", apuntaban en Unión de Uniones.

En la misma línea destacó que, a pesar de la bajada de precios en el campo, no se tradujo en un abaratamiento similar para los consumidores —el precio del pan subió en torno al 19% en ese periodo—, lo que "evidencia un desequilibrio en la cadena alimentaria que perjudica especialmente al productor".

Entre las causas principales de esta crisis, Unión de Uniones identifica la entrada masiva de cereales procedentes de Ucrania, facilitada por el régimen temporal de desarme arancelario que la UE concedió como apoyo a Kiev. Esta afluencia extraordinaria de grano "ha contribuido a saturar nuestro mercado, ejerciendo una fuerte presión a la baja sobre los precios en origen".

La mala situación del mercado de grano fue un jarro de agua fría para los agricultores cerealistas, que han visto que una magnífica cosecha, una cosecha histórica de más de 8 millones de toneladas en Castilla y León, no se haya visto recompensada con mayores ingresos de modo proporcional.

ABANDONAR

La baja rentabilidad ha eclipsado el balance final de la cosecha de cereales de 2025 en la Comunidad, que reflejó una producción de 8,4 millones de toneladas con unos rendimientos medios históricos de 4.626 kilogramos por hectárea, según los datos que hizo públicos, al final de la campaña, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Los datos finales recogieron una producción superior a la estimada inicialmente en julio (8,1 millones de toneladas). Esos 8,4 millones de toneladas suponen un 26% más que lo recogido el año anterior, debido al aumento de los rendimientos y la superficie cultivada, que alcanzó los 1,82 millones de hectáreas.

La cosecha se acerca al récord histórico en Castilla y León, que se alcanzó en 2020 con 8,5 millones de toneladas. Los rendimientos medios, de 4.626 kilos por hectárea, suponen un 13% más que la campaña anterior y un 32% por encima de la media de los últimos cinco años. Suponen el mejor rendimiento medio de los últimos 15 años por encima del año 2020, que fue de 4.523 kilos por hectárea. Por cultivos, el rendimiento medio del trigo alcanzó los 4.790 y el de cebada 4.830.

Ahora, el reto para conseguir la rentabilidad del cultivo, además de la mejora de los parámetros del mercado, está en el resultado de la negociaciones de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo post 27. Unas negociaciones que comienzan por mal camino, ya que la primera propuesta de la Comisión Europea, hecha púbica el pasado mes de junio, suponen un recorte de 1.000 millones de euros para Castilla y León en 6 años, en el periodo 2028-2034.

Las Opas y la Junta de Castilla y León han rechazado en conjunto la propuesta de la Comisión Europea porque supone "un recorte inadmisible del presupuesto, diluye el carácter estratégico de la política agraria, relega la agricultura profesional y significa un retroceso en el desarrollo rural".

Tanto la Junta como las Opas han exigido en Bruselas que se garantice la reciprocidad en las importaciones para competir en igualdad de condiciones y que se establezcan mecanismos legales que aseguren un precio justo para los productores.

La asignación de fondos por Estados de la futura PAC a partir de 2028 contempla una dotación para España de 37.230 millones de euros, 10.500 millones menos respecto al marco actual.

Una declaración institucional de Castilla y León incluye propuestas concretas como la apuesta por la agricultura profesional, el mantenimiento de los fondos Feaga y Feader con mayores dotaciones, la necesidad de precios justos para que los productores cuenten con una mejor posición en la cadena de valor, el impulso al relevo generacional, la reciprocidad en las importaciones, el compromiso de no prohibir fitosanitarios sin alternativas, un sistema de gestión de riesgos y seguros, así como la financiación de infraestructuras hídricas y medidas de apoyo a la innovación y digitalización.