El crotal electrónico arrebatará 4 millones a los ganaderos de Castilla y León

Por si había pocos requisitos que cumplir, uno más se les amontona a los ganaderos en un mes: deberán identificar con un crotal electrónico a todas las cabezas de ganado bovino nacidas después del 30 de junio. 

La medida impactará en Castilla y León muy por encima de otras comunidades autónomas, ya que es la que más cabaña de vacuno acoge con 1.373.162 cabezas según el último censo disponible, de 1 de noviembre de 2024. Supone el 22,29% del total nacional. Es decir, más de una de cada cinco reses de vacuno de España vive y pace en Castilla y León.

Y de entre las nueve provincias de la Comunidad, la más afectada será, por supuesto, Salamanca, la provincia del país que más cabezas acumula, un total de 558.114. Le siguen en cantidad Ávila, con 223.995; León, con 150.088; Segovia, con 121.793 y Zamora, con 117.281. En el otro lado de la moneda, los territorios con menos cabaña son Soria, con 20.758; Valladolid, con 56.071; Palencia, con 58.212 y Burgos, con 69.850. En todas la actividad ganadera de vacuno es importante.

Con la entrada del crotal electrónico obligatorio, en primer lugar está el problema económico, ya que la medida, a una media de unos tres euros por crotal, supondrá más de cuatro millones de euros –sin contar gastos veterinarios– a desembolsar por los agricultores castellanos y leoneses. 

Pero no solo es eso, pues a ello se une una mayor burocratización de la identificación de los animales. Para más inri, es una medida que ha puesto porque sí el Gobierno de España, que va mucho más allá de las exigencias, ya de por sí draconianas, de la Unión Europea.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) rechazan esta norma y piden que se revierta la obligatoriedad del crotal electrónico. Para hacerse una idea, a partir del 1 de julio todos los terneros que nazcan deberán portar un crotal electrónico en la oreja izquierda y un crotal convencional en la oreja derecha, con un código que contendrá los siguientes caracteres: Los dígitos 724 (en la porción electrónica) o las letras ES (en la porción visual), que identifican a España; dos dígitos que se corresponderán con la especie: ‘22’ o, en el caso de los bovinos reidentificados electrónicamente, ‘27’; dos dígitos que identifican a la comunidad autónoma y ocho dígitos que identifican individualmente al animal.

Pero no terminan ahí los requisitos pues deberá continuar, como hasta ahora, la tramitación del documento de identificación bovino, que acompañará al animal cuando se desplace a otros Estados Miembros y, de manera transitoria, también en los movimientos dentro del territorio nacional. A este documento se suma el documento de movimiento, que amparará los movimientos dentro del territorio nacional de los bovinos, hasta la explotación de destino.

Este documento y el certificado sanitario de origen pueden constituir un único documento, y tener un formato tanto en papel como electrónico. Se deberán conservar los documentos que acompañan al movimiento de los animales que entran en la explotación, y un duplicado de los que salen, durante un periodo mínimo de tres años desde la fecha del movimiento.

En cuarto lugar está el libro de registro de explotación, que puede llevarse de forma manual o informatizada y debe estar accesible a la autoridad competente durante un periodo mínimo de tres años, y por último la base de datos informática: en España se denomina Sitran e integra al Registro General de Explotaciones Ganaderas (Rega), al Registro de Identificación Individual de Animales (Riia) y al Registro General de Movimientos del Ganado (Remo).

Cuando nace un animal debe ser identificado en un plazo no superior a los 20 días, y en cualquier caso, antes de que abandone la explotación en la que ha nacido. La autoridad competente podrá ampliar este plazo hasta los 9 meses a las explotaciones clasificadas como extensivas o semiextensivas. Para la comunicación de los nacimientos a la autoridad competente para su inclusión en RIIA, el titular dispondrá de un plazo máximo de 7 días.

PLAZOS

El plazo para la comunicación de los nacimientos podrá computarse desde la fecha de implantación de los medios de identificación. Se anota el nacimiento en el libro de registro de la explotación y la Comunidad Autónoma expide el DIB con los correspondientes datos del animal, de la explotación y del titular del animal.

Asaja salió hace pocos días a la palestra para rechazar la obligatoriedad del crotal electrónico, ya que significa «más trabas, más burocracia y mayores costes para los ganaderos de vacuno extensivo». Para la Opa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) ha dado «otra vuelta de tuerca» y, «sin escuchar al sector, complica y encarece la identificación animal con un nuevo sistema que la mayoría de los países de la UE han rechazado y cuyo coste recae de manera exclusiva en el ganadero».

A juicio de la organización agraria, «pese a la tan cacareada simplificación administrativa, el Ministerio de Agricultura se empeña en incrementar los costes de los ganaderos de extensivo y sobre todo en complicarles todavía más la gestión de sus explotaciones, sin que medie una obligación legal para hacerlo y sin que de ello se derive ningún beneficio adicional para el ganadero o para el consumidor», apuntó en un comunicado.

La identificación animal y la trazabilidad son una preocupación compartida por todo el sector ganadero. «En el caso del vacuno, este asunto quedó resuelto hace ya más de 30 años cuando se impuso la identificación individual mediante crotal auricular. Un sistema, que ha demostrado sobradamente su eficacia, y que permite que, desde su nacimiento, el 100% de los animales esté correctamente identificado con un número propio y exclusivo (su DNI) que llevan prendido en ambas orejas», explica.

Asaja está «totalmente en desacuerdo» con la implementación de esta «nueva e innecesaria obligación» a partir del próximo 30 de junio, puesto que el sistema actual, basado en una identificación convencional individualizada, «es suficiente y adecuado para permitir y garantizar la trazabilidad de los animales».

El crotal electrónico «no ofrece ninguna garantía adicional en lo que se refiere a trazabilidad, supone un sobrecoste y dificulta la gestión del manejo y el movimiento de animales», asegura la Opa.

El mayor coste de los crotales y de los duplicados, la imposibilidad de realizar el movimiento de animales que han perdido el crotal electrónico hasta su sustitución, o el manejo y la distorsión que se dará con los animales importados, en los que esta identificación no es obligatoria, son tres de los problemas que se presentan ante esta nueva obligación, según pone de manifiesto Asaja.

«Entendiendo que la identificación electrónica puede suponer un avance en la automatización de los procesos en los cebaderos industriales, para que sea realmente útil a nivel general es necesario que la cadena esté preparada con la tecnología adecuada. Es evidente que en este momento no se da esta circunstancia», añade la organización, que considera «inaceptable» que tenga que implantarse de forma obligatoria en todo el sector. «Si se quiere trabajar en este sentido, en primer lugar, tendría que facilitarse y promoverse la digitalización de la cadena».

Normativa UE

La normativa de la Unión Europea «no establece la obligación de implantar este sistema de identificación electrónica en vacuno, de hecho, según el informe de la Comisión Europea publicado en agosto de 2023 solo cinco países han establecido la identificación electrónica obligatoria en todo su territorio», señala la organización.

Por su parte Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) a través de su interprofesional, Unión de Uniones, también reclama al Ministerio que no sea obligatorio el uso de crotales electrónicos en bovino, sino voluntario, ya que la normativa europea no obliga al uso de estos dispositivos.

En esta línea, la organización destaca que en estudios de viabilidad y de impacto al respecto de la implantación de estos crotales, se advierte que generalizar con carácter obligatorio la identificación electrónica en toda la Unión Europea «podría tener efectos económicos adversos para algunos operadores y que, por tanto, resulta oportuno que su utilización por parte de los operadores fuera voluntaria», como revela el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la viabilidad técnica y económica de la introducción de la identificación electrónica obligatoria de los animales de la especie bovina en todo el territorio de la Unión.

«Los operadores que tendrán efectos económicos adversos somos, como siempre, los ganaderos: mientras que los que se benefician de este cambio son eslabones superiores de la cadena, como mataderos o la propia Administración. Vamos a tener que asumir el incremento del coste de estos crotales nosotros cuando muchos no le vamos a sacar ningún beneficio», alegan desde Unión de Uniones.

Asimismo, pone de relevancia que ya el paso de obligatorio a voluntario de la figura del veterinario de explotación se ha visto como algo muy positivo en el sector. «Desde Unión de Uniones sabemos que es vital y apostamos por contar con profesionales en sanidad animal que nos apoyen en nuestro trabajo, si algo funciona y presenta beneficios para el sector lo acabará implantando el 100% de los ganaderos, mientras que tratar de imponer un veterinario de explotación sólo genera rechazo por parte del sector y problemas en su aplicación», valoran.

Por otro lado, fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) detallan que el cumplimiento de la normativa «será gradual», puesto que se irán colocando los crotales a los terneros que vayan naciendo. Apuntan que será un coste añadido para las explotaciones ganaderas, pero no esperan grandes problemas puesto que el precio de los nuevos dispositivos, aunque son más caros que los actuales, se irá ajustando con el paso del tiempo. Eso sí, la Opa demanda que sean las administraciones las que asuman el impacto económico que supondrá para los ganaderos la entrada en vigor de la normativa.

SOBRECOSTE

Coag también rechaza de plano la medida porque «supone un sobrecoste innecesario y una traba para el manejo del ganado». La Opa ha solicitado formalmente al Mapa la eliminación de la obligatoriedad de implantar el crotal electrónico, ya que «no solo carece de fundamento legal en la normativa europea, sino que representa un claro perjuicio para las explotaciones ganaderas, especialmente en el medio rural».

Y es que, considera la organización, «la trazabilidad ya está garantizada con el sistema actual de identificación convencional. Obligar a todo el sector a dar este paso sin una digitalización previa de la cadena es poner el carro antes que los bueyes», declaró Joaquín Gargallo, responsable del sector vacuno de Coag.

La organización agraria recuerda que el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 no impone esta obligación a nivel comunitario. «La norma española va mucho más allá de lo exigido por Bruselas. Pedimos coherencia y sensatez: que se ajuste a las verdaderas obligaciones europeas y se evite imponer cargas innecesarias al sector. Cada vez que abren la boca sube el pan… y en este caso el filete. Acabamos asumiendo más costes sin sentido», apuntan desde Coag.

Entre los problemas concretos que acarrea esta medida, Coag destacó el incremento del coste tanto en crotales electrónicos como en sus duplicados; la paralización de movimientos de animales que pierdan un crotal electrónico, hasta su sustitución. y la desventaja competitiva frente a animales importados que no tienen esta obligación.

«La identificación electrónica no aporta garantías adicionales, pero sí más burocracia, más dependencia tecnológica y un coste adicional que el ganadero no puede asumir. Es una decisión sin consenso y sin planificación», subrayó Gargallo. Coag insiste en que, antes de imponer esta medida, es imprescindible garantizar una digitalización real de toda la cadena, desde la explotación hasta los mataderos y oficinas veterinarias. «Solo así podría hablarse de una transición útil hacia la automatización».

La organización agraria reiteró su disposición al diálogo con el Mapa, «pero con una condición clara: que se elimine la obligatoriedad del crotal electrónico para el vacuno y se respete el principio de proporcionalidad y viabilidad» que rige en la normativa europea. 

«La simplificación administrativa debería ser real y no impostada. El Ministerio no puede decir en foros de ganadería extensiva que apuesta por soluciones dialogadas con el sector y luego aprobar disposiciones y obligaciones de forma unilateral», apostilló el responsable de vacuno de Coag.