Incertidumbre y más protestas en el nuevo año agrario de Castilla y León

El campo produjo mucho más en Castilla y León en el recién terminado 2024 tras dos años «desastrosos» marcados por la sequía. Sin embargo, esas mejores cosechas no se han visto reflejadas en más dinero en los bolsillos de agricultores y ganaderos. Es lo que denuncian las organizaciones profesionales agrarias (Opas), que anuncian un año 2025 con más movilizaciones, ya sea en forma de tractoradas en las calles o de cualquier otro tipo. Lo más probable es que esa agenda de protestas comience el próximo mes de febrero.

Así lo vaticinó, por ejemplo, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo.

Asaja fue la última Opa en presentar su balance anual del sector agrícola y ganadero y sus propuestas y demandas de cara a 2025, el pasado martes. La organización señaló, respecto a 2024, que «la peor parte» se la llevó, «una vez más, la agricultura cerealista, que arrastra varios años de números rojos, aunque el problema se extiende a todo el sector agroganadero».

Así, denunció Dujo, «vemos que producir no se traduce en ingresos, por lo que la rentabilidad del campo está muy comprometida», remarcó, en una comparecencia en la que estuvo acompañado por el secretario general y la gerente de Asaja Castilla y León, José Antonio Turrado y Nuria Ruiz. Para la organización agraria, 2024 fue un año «de contrastes» en el balance de la evolución de la agricultura y ganadería de Castilla y León.

Contrastes, precisamente, porque «se constata una subida de la renta agraria, amparada más en el aumento de la producción de cereal tras un año de sequía que en el respaldo de los precios –especialmente nefastos por la entrada de grano ucranio sin arancel–, por otra parte 2024 pasará a la historia del sector como uno de los años más conflictivos, con movilizaciones que han recorrido el mapa de la comunidad autónoma, de España e incluso más allá de nuestras fronteras».

«Las espadas siguen en alto», aseguró Donaciano Dujo, «porque los problemas que nos han llevado a la calle en 2024 siguen siendo los mismos, y encima hay que sumar problemas nuevos y muy graves, como puede ser que se consolide el acuerdo con Mercosur, que supondría un golpe brutal para la agricultura y la ganadería de Castilla y León». «Los agricultores y ganaderos no ven alegría, no ven una mínima garantía de rentabilidad», aseguró

Dujo, y añadió que esta inestabilidad se refleja en los datos. «Sembrábamos casi 2 millones de hectáreas de cereales, y ahora son apenas 1,5 millones; en vacuno tenemos 100.000 cabezas menos que en 2023; en ovino 142.000 menos; en caprino 5.000 animales menos, y en porcino 80.000 cabezas menos que el año anterior. La producción de carne se ha recortado igualmente en 52.000 toneladas. Y en leche, hoy ya solo hay 650 explotaciones de vacuno de leche, 75 menos que el año anterior, y en ovino son 950, 50 menos que en 2023», indicó el presidente de Asaja, que destacó que por primera vez en mucho tiempo «los viticultores se están planteando arrancar viñas».

Otros problemas que impactan sobre el sector son la presión sobre la demanda de suelo, principalmente por la desordenada y masiva implantación de macroparques fotovoltaicos, y también la creciente dificultad para encontrar mano de obra, lo que puede comprometer seriamente el futuro, e incluso el presente, del número «ya muy ajustado de explotaciones agroganaderas que existe en la Comunidad Autónoma».

Aunque en Castilla y León, contra la media del país, predomina el modelo profesional (seis de cada diez afiliados a la Seguridad Social de la rama agraria son autónomos y el resto asalariados, cuando en España el 75% de los que trabajan en el campo son asalariados) «también en la Comunidad Autónoma se necesita contratar extranjeros, que ya representan más del 50% de la mano de obra asalariada» de la agricultura y la ganadería.

«Detrás de este debilitamiento está el desánimo de los profesionales del campo ante la falta de rentabilidad y la presión que sienten por las exigencias imposibles de cumplir, con limitaciones de todo tipo, impuestas por todas las instituciones, desde la Unión Europea, Gobierno nacional y autonómico y hasta el ayuntamiento de turno. Pero eso sí, luego permiten que entren productos de fuera de nuestras fronteras, que no tienen que cumplir ningún requisito», denunció el presidente de Asaja.

SIN SOLUCIONES

Las soluciones políticas a estos grandes problemas de rentabilidad del sector «son escasas», apuntó. «Al contrario, la percepción de los agricultores y ganaderos es que en muchas ocasiones parecen trabajar en engrosar la burocracia, si alguna consigna se repetía en las manifestaciones era ‘menos burocracia’, así como la defensa del producto nacional y europeo, la preferencia comunitaria y las ‘cláusulas espejo’», añadió.

«El disgusto de los agricultores y ganaderos se dirige en gran parte contra los responsables políticos», señaló el presidente de Asaja Castilla y León. Por ello, el trabajo y reivindicación de la Opa de cara a este 2025 «se centrará en revertir la situación que ahoga al campo y exigir soluciones para los grandes problemas del sector», explicó.

Entre esos problemas, mencionó «precios dignos para nuestros productos y costes de los medios de producción asequibles; freno a la burocracia irracional en la PAC y resto de las políticas agrarias y ambientales; protección al ganado con un control real del lobo y de la fauna salvaje; un plan hidrológico que no relegue el desarrollo de la agricultura en nuestra Comunidad, con un regadío que ofrece importantes posibilidades de desarrollo y, en el contexto internacional, presionar a las administraciones, desde el nivel europeo al local, para que no se establezcan acuerdos de importación lesivos para nuestro campo, en especial Mercosur», concluyó.

Por su parte, la Alianza Upa-Coag destacó que «mejores producciones que en los dos últimos años, precios muy bajos en la mayor parte de sectores agrícolas que ni siquiera han cubierto los costes de producción, con precios rentables en sectores ganaderos, y el principio de acuerdo Unión Europea/Mercosur conocido en los últimos días» son «los tres grandes titulares del año agrario 2024 en Castilla y León».

Según la Opa, con una climatología más benévola que en los últimos ejercicios (2022 y 2023), el año que acaba de terminar ha supuesto para Castilla y León «que a nivel de producciones agrícolas la campaña se haya situado en la media de los últimos diez años, pero sensiblemente superior a los resultados de las dos últimas campañas, sobre todo en un sector básico para la región como es el cerealista».

Sin embargo «de poco han servido los mejores rendimientos generalizados de cebada, trigo, centeno y avena, así como de oleaginosas o leguminosas, después de dos cosechas desastrosas, puesto que el valor de la producción en el 2024 puede catalogarse como alarmantemente bajo», señaló Upa-Coag, «debido a los precios que están percibiendo los productores, que son similares a los de hace más de treinta años, cuestión ésta que no ocurre en ningún sector productivo de la economía española».

Esta situación «escandalosa y límite para los productores en los sectores agrícolas», ha propiciado que la Alianza Upa-Coag haya llevado a cabo a lo largo del año varios actos de protesta en unidad de acción con Asaja para denunciar ante las administraciones competentes y ante los operadores comerciales «que la situación no puede continuar así», señala la Opa en un comunicado.

«Seguimos pensando que la solución debería estar en una Ley de la Cadena Alimentaria que actuara con mayor contundencia, con más sanciones públicas e imponiendo que se cumpla el nuevo registro de contratos, para que esta ley sea en realidad y a pleno rendimiento una herramienta fiable y resolutiva para acabar con el gran problema de precios agrarios que sufre el sector y que sigue enquistado».

GANADERÍA

Por el contrario, el sector ganadero de Castilla y León ha vivido un año más generoso a nivel de precios en comparación al sector agrícola, a pesar de los altos costes de producción que siguen sufriendo los productores. Sin embargo, la alegría no ha sido completa por problemas muy serios relacionados con la enfermedad de la lengua azul, la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) o la fauna salvaje, que provoca cada vez más accidentes de tráfico y más daños en el sector agrícola y ganadero.

Otro de los problemas al que se han tenido que enfrentar los ganaderos es el de los lobos.

«Merece un capítulo especial teniendo en cuenta que se ha conocido este año el censo actualizado que refleja la realidad que sufrimos», apunta Upa-Coag. «De diez años a esta parte ha crecido en un 8% (193) el número de manadas en Castilla y León (al norte del Duero un 4% y al sur un 30%). Nuestra región alberga hasta el 60% de la población de lobos de toda España».

Por otro lado, el acuerdo Unión Europea-Mercosur «podría ser sumamente peligroso para el sector agrario de Castilla y León si afectara en términos de competitividad a determinados sectores productivos», señala la Opa. Así, la Alianza Upa-Coag exige que haya «un compromiso obligatorio para los países del Mercosur sobre las normas relacionadas con el bienestar animal, el uso de medicamentos en la producción animal, el clima, el tratamiento químico y demás normas medioambientales, equiparándolas a las que nos obligan a agricultores y ganaderos europeos».

Este acuerdo «no puede suponer la importación al mercado europeo de productos agroalimentarios que disten mucho de cumplir con las normas que sí se imponen a los productores y fabricantes europeos, por ejemplo, en el uso de productos fitosanitarios o la legislación laboral y en materia de bienestar animal», indica Upa-Coag.

Como el Acuerdo deberá ratificarse por parte del Parlamento Europeo, así como en los Estados Miembros, la Alianza reclama que durante estos trámites sus demandas «sean escuchadas y tenidas en cuenta», ya que no aceptarán un acuerdo con Mercosur «que haga la vista gorda ante las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos sobre la divergencia de las normas de producción».

En el lado positivo para el sector agrario de Castilla y León en el recién concluido 2024 está el hecho de que ha sido la comunidad autónoma española que más ha visto crecer los fondos económicos europeos en el primer año de aplicación del Pepac (Política Agraria Común 2023-2027) en España.

Por partidas, en concepto de ‘Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad’ llegaron a Castilla y León 450,5 millones de euros; en ‘Ayuda complementaria a la renta distributiva’ 95,1 millones; en ‘Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores’, 22,6 millones; para ‘Regímenes a favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal’ un total de 241,3 millones y en ‘Ayuda a la renta asociada’ la cuantía fue de 147,2 millones de euros.

Hasta llegar a los 979,5 millones de euros que llegaron a Castilla y León además hay que contabilizar los 21,2 millones en ‘Intervención sectorial del sector vitivinícola’ y los 1,3 millones por ‘Intervención sectorial de productos apícolas’. Así pues, los pagos directos de la PAC en Castilla y León en el último ejercicio cerrado (2023) ascendieron a 956 millones de euros frente a los 895 millones del ejercicio anterior.

«Se trata de casi un 7% más en el último año oficial, puesto que los pagos compensatorios de la PAC 2024 a día de hoy solo se han abonado en un porcentaje y no se conoce hasta el próximo año las partidas definitivas que llegarán a cada territorio», señala la organización agraria. Por otro lado, cabe resaltar que 2024 cerró en Castilla y León con un sector agrario protagonista en grandes cifras macroeconómicas.

La agroalimentación representó el 11% del valor añadido bruto regional y el 12% del empleo de la Comunidad Autónoma. Ocupa además el cuarto puesto en mayor número de profesionales agrarios en el conjunto nacional, con aproximadamente 65.000 activos. Por otro lado, la renta agraria de Castilla y León representa un 10% de la renta agraria española. Como a efectos de pequeña economía, estos datos no se trasladan a las explotaciones familiares agrarias de Castilla y León, la Alianza Upa-Coag pone «deberes» al Gobierno central y al Ejecutivo autonómico de cara al año 2025: precios justos, actuaciones contra el fraude que sufren agricultores y ganaderos, y más financiación para un sector estratégico como el agrario, son cuestiones básicas para el año recién iniciado ante las grandes incertidumbres que acechan a los profesionales agrarios.

«En unos momentos en los que la interlocución se ha restablecido con la actual Consejería de Agricultura, a partir de julio, tras un periodo muy oscuro protagonizado por el anterior equipo del departamento agrario a nivel de Castilla y León, la Alianza Upa-Coag confía en que ocurra algo similar con un Ministerio básico para nuestro sector como es el de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), tras dejar sus funciones la exministra Teresa Ribera», desea la Alianza Upa-Coag.

RETOS

Además de retos importantes en 2025 como son incrementar el apoyo público estatal y autonómico en sectores afectados por los costes de producción y problemas de mercado, «reclamamos el fortalecimiento de políticas contra el despoblamiento, con especial atención a jóvenes y mujeres, como grupos de población vulnerables y necesarios para garantizar el futuro de los pueblos y del sector agrario», concluye la organización.

Por otro lado Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), a través de su organización estatal, Unión de Uniones, califica el año recién concluido, 2024, como «un punto de inflexión para avanzar hacia una política agraria que esté más cerca de los agricultores y ganaderos y menos de los despachos».

La Opa realizó una reflexión sobre el año y cree que, aunque queda mucho por hacer, «todas las protestas con las que se inició el año han valido para poner en la agenda pública los problemas del campo y dar un toque de atención a los políticos», subraya. «La organización, primera convocante en las protestas de inicios de año, movilizó a 10.000 agricultores y 1.500 tractores en los alrededores de la capital, de los cuales 600 bloquearon Madrid y contribuyó a crear un nexo de unión entre productores y consumidores».

Así, Unión de Uniones denunció «los costes de producción altísimos que lastran cultivos y explotaciones; una ley de la cadena alimentaria que da la espalda a productores y consumidores abrazando a industria y distribución; unas exigencias medioambientales cada vez más estrictas y más incompresibles y una competencia desleal en vigor por la ausencia de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países».

Unión de Uniones dedica sus esfuerzos, según apuntó en un comunicado, a «encauzar estos grandes temas a través de la hoja de ruta del Ministerio al que se adhirió, a la que ha presentado propuestas para mejorarla e incorporar varias medidas más para eliminar burocracia y presión ambiental sobre el sector, mejorar los mecanismos fiscales y de seguridad social o revisar en profundidad los protocolos de sanidad animal así como los canales para denunciar de forma anónima y colectiva los abusos que se producen en la cadena alimentaria».

Y es que en 2024 «Unión de Uniones echó el resto en las movilizaciones y en las mesas de negociación para que Planas se arremangue y se ponga a trabajar con su equipo a solucionar los problemas que están en su mano y que ya son enormes a fuerza de no haber hecho nada los años anteriores», comentó Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. «En 2024 a Planas le ha colmado el vaso, ahora hay que empezar a llenar otro otra vez», añadió. Por ello la organización insiste en no ceder ante el acuerdo UE- Mercosur si no contempla las cláusulas espejo.

Desde el punto de la ganadería, Unión de Uniones considera que ha sido un año «devastador en cuanto a sanidad animal. La lengua azul o la EHE han acabado con miles de cabezas de ovino y de cabezas de vacuno respectivamente. Estas enfermedades han dejado a los ganaderos en una situación de indefensión con unas indemnizaciones que poco tienen que ver con la realidad y el impacto real de lo que les acontece. A esto se une los daños provocados por un lobo que en España está «más protegido que en ningún sitio, sin ninguna razón de ser más allá de ideología ambientalista mal entendida del equipo de Teresa Ribera».